El director general de Planeamiento y Ordenamiento Territorial de la Intendencia, arquitecto Julio Riella, aseguró ayer que a pesar de que fue anulado el permiso otorgado años atrás para construir el puerto de Piedras del Chileno no se modificará la ordenanza aprobada para permitir edificaciones de quince metros de altura en la zona. La anulación será solicitada este martes en la Junta Departamental por el sector nacionalista Unión y Cambio, que también desea que se investigue en qué condiciones fue aprobada por los ediles oficialistas (ver nota aparte).
Según informó Correo de Punta del Este, la empresa que pretendía erigir el puerto, Bandeluz SA vendió las tierras de su propiedad en esa zona. Esto motivó que el Poder Ejecutivo decidiera revocar la autorización que había otorgado para construir el puerto de yates, un hotel 5 estrellas con casino y centro de convenciones, además de un proyecto de bloques de apartamentos en planta baja y tres pisos.
Bandeluz había notificado en enero pasado que cancelaría el proyecto y vendería el terreno de 26 hectáreas, cuyo valor se multiplicó varias veces gracias a la nueva normativa de construcción que fue aprobada en la Junta Departamental a instancias del ejecutivo comunal.
“No existe plus”
La administración municipal había sostenido en su momento que esa zona se hallaba “deprimida” y que era de interés general fomentar la construcción. Tras las críticas de la oposición y de varios actores sociales, la IDM alegó que no se permitiría la construcción de gran altura.
Ayer en declaraciones a FM Gente, Julio Riella aseguró que las modificaciones aprobadas para la zona seguirán en vigor a pesar de la cancelación del proyecto.
Riella dijo, además, que las modificaciones van más allá del entorno del fracasado puerto y comprenden, además, la zona norte de la ruta Interbalnearia y áreas que estaban sin desarrollar.
“Un punto del decreto otorga un plus del 20% en cuanto al Factor de Ocupación Total para los edificios que estuvieran vinculados al proyecto portuario. En la medida que eso no se concreta, no existe ese plus y se mantiene la normativa genérica para toda la zona”, explicó.
Riella afirmó que este aspecto fue aclarado cuando se estudió la norma en la Junta Departamental. La posibilidad de que el puerto no se concretara había sido contemplada en aquellas instancias, por lo que “no es una normativa que se hizo exclusivamente para el desarrollo del puerto”, aseguró.
Por otra parte, dijo que en esa zona existen propuestas ajenas al proyecto del puerto y que “la normativa evita que tengan que pedir trámites de excepción y tienen que adecuarse a las características planteadas”. En la discusión previa a la aprobación en la Junta Departamental, se acordaron “las precauciones respecto a visuales, densidad y condiciones edilicias, que no afectan el entorno para nada”, añadió.
