
La jueza letrada de 6º turno de Maldonado Gabriela Aida Tuberosa Etchart dictó el pasado jueves 8 de octubre una sentencia en primera instancia ordenando al ex intendente departamental Enrique Antía a la entrega de la fracción N° 4D de la Colonia Benito Nardone —conocida como campo El Sarandí, de 46 hectáreas— al Instituto Nacional de Colonización, tras desestimar el excepcionamiento opuesto por el demandado y mantener la entrega de la cosa que había sido decretada en forma liminar. El fallo no está firme y seguramente será apelado por el ex jefe comunal.
La causa tuvo un largo recorrido judicial iniciado en 2019, con varios traslados entre juzgados, una excepción de inconstitucionalidad rechazada por la Suprema Corte de Justicia en 2020, y un período de archivamiento que se extendió desde diciembre de 2022 hasta julio de 2025.
Los hechos que motivaron la rescisión
En 2013 el directorio del INC había accedido a una permuta solicitada por el propio Antía, entonces arrendatario de la fracción N° 5 de la misma colonia —campo El León, de 106 hectáreas— por la fracción N° 4D de 46 hectáreas, con aplicación de renta diferencial. Sin embargo, una inspección técnica realizada en 2018 constató que Antía incumplía los requisitos fundamentales que la Ley de Colonización N° 11.029 exige a los colonos: residencia en el predio y trabajo directo de la tierra.
La inspección determinó que Antía residía en la ciudad de Maldonado —donde desempeñaba funciones públicas entre 2015 y 2020— y que la fracción no contaba con vivienda ni mejoras que posibilitaran la residencia. Además, el trabajo directo no era realizado por el colono sino por empleados contratados por la sociedad civil agropecuaria Antía Chiacchio, que explota en conjunto unas 1.400 hectáreas incluyendo fracciones de propiedad del socio Daniel Chiacchio, quien falleció tiempo atrás. El propio contrato de arrendamiento había vencido el 20 de enero de 2016 sin que Antía fuera confirmado como arrendatario.
El INC rescindió el contrato y Antía impugnó el acto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En febrero de 2024 el TCA desestimó la pretensión anulatoria y confirmó el acto administrativo de rescisión, resolución que fue incorporada como hecho nuevo al proceso judicial de entrega de la cosa.
La sentencia
El juzgado adoptó los fundamentos del TCA y concluyó que el demandado no logró desvirtuar lo constatado en la inspección de campo: no residía en el predio ni lo trabajaba directamente, incumpliendo el literal b del artículo 61 de la ley 11.029. La fracción arrendada operaba en los hechos como una ampliación del área de las fracciones linderas explotadas por la sociedad civil, sin que el colono cumpliera el perfil que la ley exige priorizar: productores familiares o trabajadores rurales con necesidad de tierra y disposición a residir en el medio rural.
Desestimadas las excepciones y confirmada la rescisión por el TCA, el tribunal resolvió que no existía causa legítima que permitiera al demandado continuar en el predio y ordenó mantener la entrega de la cosa decretada, sin especial condena procesal











