Ley de Justicia Terapéutica habilita la suspensión condicional del proceso para imputados con consumo problemático de drogas

El Programa funcionará en la órbita del Poder Judicial junto a ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas, con un máximo de cuarenta participantes en sus primeros dos años

La ley que crea el Programa Piloto de Justicia Terapéutica, promulgada el pasado 4 de setiembre de 2026, incorpora entre sus principales novedades la denominada suspensión condicional del proceso, incluida en el Código del Proceso Penal. Se trata de un mecanismo de intervención alternativa destinado a personas imputadas por delitos leves que se encuentren en situación de uso problemático de drogas, con el objetivo de reducir el consumo, fomentar la reinserción social y evitar la reincidencia delictiva.
La suspensión condicional del proceso habilita que, desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para acusar, el fiscal —con el acuerdo del imputado, quien difícilmente se negaría a semejante beneficio— solicite al juez, de forma fundada, la suspensión del proceso a cambio de determinadas condiciones u obligaciones.

La ley establece cuándo procede este beneficio: cuando no exista interés público en la persecución penal y la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello.
En cambio, no procede en tres situaciones puntuales: cuando la pena mínima prevista para el delito supere los tres años de penitenciaría; cuando el imputado se encuentre cumpliendo una condena; cuando ya tenga otro proceso con suspensión condicional en trámite. Entre las condiciones que podrán acordarse figuran someterse a tratamientos de desintoxicación, residir en un lugar determinado, realizar tareas comunitarias, no poseer armas, no conducir por un plazo, o llegar a acuerdos de reparación con la víctima. El plazo de cumplimiento no podrá exceder los dos años, salvo ampliación fundada, y el juez no podrá modificar las condiciones ya acordadas entre fiscalía e imputado.
El Programa funcionará en la órbita del Poder Judicial junto a ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas, con un máximo de cuarenta participantes en sus primeros dos años. El seguimiento quedará a cargo de un juzgado especializado, asistido por un equipo multidisciplinario, mientras el Ministerio Público controlará el cumplimiento del acuerdo.