“La autonomía de los fiscales es fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y al crimen organizado”, señaló la declaración de cierre de la XXII Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos que finalizó este viernes en Montevideo. En el documento también consta el apoyo que los magistrados explicitaron a la reforma del proceso penal que está en curso actualmente en Uruguay.
Los resultados del encuentro fueron divulgados por el fiscal de Corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz, y representantes de varios países, quienes participaron en una conferencia de prensa. Díaz dijo en la ocasión que los ejes principales en los que trabajó la AIAMP fueron los sugeridos por Uruguay y son la autonomía de los ministerios públicos y la reforma del proceso penal.
“Uruguay es el único país de América Latina en el que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. En el resto de la región fue constituido como un organismo autónomo y autárquico, separado del poder político”, aseguró.
El jerarca recordó, además, que esta autonomía implica una nueva ubicación institucional del Ministerio Público y garantías de que la investigación que desarrollen los fiscales no esté influenciada.
La llamada Declaración de Montevideo resaltó la autonomía del ministerio público, una independencia fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate contra la corrupción y al crimen organizado en sus diversas modalidades. La autonomía favorece además, la definición de una política criminal democrática enfocada en la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de víctimas y acusados, resaltó la declaración.
La reforma procesal penal
La XXII Asamblea de la AIAMP también dio su apoyo en su declaración a la reforma del proceso penal que encara Uruguay. Al respecto, el fiscal de Corte señaló que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y se espera que la Cámara de Representantes lo apruebe en esta legislatura.
Por otra parte, coincidió en que es necesario asegurar la independencia y la autonomía de los fiscales.
“La reforma permitirá reconocer a las víctimas, que hoy son los grandes olvidados del proceso penal”, indicó. “El proceso penal toma a las víctimas como objeto de prueba y no como sujeto de derecho. Las olvida y las ignora”, aseguró.
En Uruguay, 64 % de las personas privadas de libertad no tienen sentencia, por lo que “son constitucional y jurídicamente inocentes y pese a ello están presos”, denunció Díaz. Asimismo, dijo que el país tiene uno de los índices de personas privadas de libertad más altos de América Latina en relación a su población. Hay 300 personas recluidas cada 100.000 habitantes.
“Esta es una reforma necesaria, desde el punto de vista de las víctimas, de los presuntos victimarios y de la eficiencia. El mundo entero va en esta dirección”, concluyó.
