Maldonado ocupa el lugar decimoséptimo a la hora del reparto de los fondos provenientes del estado nacional para la compra de maquinaria pesada destinada al mantenimiento de la caminería rural de cada uno de los departamentos.
Este año la administración municipal de Maldonado percibirá 12:090.000 pesos, el equivalente al 4.03% del monto total que será repartido entre los diecinueve departamentos del país.
El monto a recibir es un 65.55% menor al que percibirá Canelones, quien se encuentra en el primer lugar a la hora del reparto con $35:100.000 (ver tabla adjunta)
Por encima de Maldonado se encuentran departamentos como Tacuarembó, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Artigas, Salto, Colonia, Durazno, Florida, Rocha, Soriano, Rivera, San José y Treinta y Tres. Por debajo de Maldonado están Montevideo, Río Negro y Flores.
El monto a distribuir es un fondo de $ 300:000.000 provenientes del cobro del impuesto al patrimonio establecido por la ley Nº 19.088 que prevé el destino del producido de dicho tributo.
Esto ocurre pese a que Maldonado tiene la tercera población más alta del país y la mayor cantidad de personas residiendo en asentamientos irregulares.
El 10% del ingreso por el impuesto irá para el financiamiento de los proyectos educativos de la Universidad Tecnológica, creada por la ley 19:043. El restante 90% será empleado, en el primer ejercicio de vigencia de la referida ley, para el financiamiento de proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental fuera de las zonas urbanas. Esto incluye la adquisición de maquinaria vial por parte de los gobiernos departamentales en los términos que apruebe la Comisión Sectorial de Descentralización.
Al bombo
Maldonado siempre ha tenido algún tipo de trato desigual cuando el gobierno central distribuye fondos entre los gobiernos departamentales.
Esto ocurrió en los años setenta, cuando el gobierno del entonces presidente Juan María Bordaberry reglamentó la forma en que serían entregados los fondos para los planes de obras municipales en todos los departamentos, excepto Montevideo. La ausencia de la capital de la República se explicó porque tiene en su jurisdicción casi el 90 por ciento de la burocracia del país, cuando el resto de los departamentos solo cuentan con gobiernos departamentales, centros educativos, sanitarios, policías y militares, más algún otro tipo de repartición estatal.
El reglamento definido por el gobierno de Bordaberry, en 1972, establecía que los montos serían repartidos a partir de la aplicación de un índice que tomaba en cuenta la superficie y la cantidad de habitantes de cada departamento del país. Por aquellos años Maldonado no había empezado a sentir el empuje de la construcción registrado con el boom de fines de los años setenta. Por esta razón el departamento quedó penúltimo, solo delante de Flores.
A medida que el departamento vio crecer su cantidad de habitantes, a tal punto de transformarse en el tercero detrás de Montevideo y Canelones, el método para repartir dinero del gobierno central sufrió otro cambio. La modificación coincidió con el mito del departamento rico, donde los dólares crecían en los árboles. El mecanismo, modificado durante el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti, volvió a colocar a Maldonado en el penúltimo lugar detrás de Flores, el eterno colero.
Más cambios
En el año 2001 el gobierno del entonces presidente Jorge Batlle reglamentó la transferencia de recursos del denominado Fondo de Desarrollo del Interior. El decreto en cuestión reglamentó lo dispuesto en el artículo 298º numeral 2 de la Constitución de la República.
La citada norma, introducida en la última reforma, destinó al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados por fuera del departamento de Montevideo para con formar un fondo presupuestal destinado a planes de descentralización y desarrollo regional y local.
“Los recursos afectados al financiamiento de proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior, se distribuirán entre los departamentos tomando en cuenta los criterios de superficie, población, inversa del Producto Bruto Interno por habitante y porcentaje de hogares con carencias en las condiciones de vivienda, establecidos en el artículo 642º de la Ley Nº 17.296, corregidos en proporción al total de departamentos del Interior: Artigas 6.21, Paysandú 6.25. Canelones 14.73, Río Negro 3.61, Cerro Largo 7.29, Rivera 7.38, Colonia 3.36, Rocha 4.34, Durazno 5.11, Salto 7.41, Flores 1.89, San José 4.28, Florida 4.46, Soriano 4.02, Lavalleja 4.67, Tacuarembó 7.66, Maldonado 2.93 y Treinta y Tres 4.39”, sostuvo la referida norma que dejó al departamento, como se lee en el citado documento, otra vez en el fondo de la lista.
Arriba
Con la llegada del Frente Amplio al poder, en el año 2005 se produjeron algunos cambios en el reparto de dinero que establece la norma constitucional. De acuerdo a la misma, el monto de dinero a distribuir entre los gobiernos departamentales equivale al 3,3 por ciento del Presupuesto del estado nacional. La cifra a repartir, de acuerdo a lo establecido en el primer presupuesto estatal del gobierno de la coalición de izquierdas fue de 5.000:000.000 pesos. La novedad pasó por colocar en el primer lugar de la lista con el mayor porcentaje a repartir a la Intendencia de Montevideo con el 12,90%. Esto nunca ocurrió y ocasionó de forma directa que hubiera menos recursos para Maldonado, departamento que, además, perdió el canon anual que abona el hotel Conrad por la explotación de su sala de juego privada.
El remanente se distribuyó entre los restantes gobiernos departamentales de la siguiente forma: Canelones 10,09%, Maldonado 7,92%, Salto 6,81%, Paysandú 6,44%, Tacuarembó 6,29%, Cerro Largo 5,83%, Artigas 5,68%, Soriano 5,34 %, Rivera 5,32%, Durazno 5,13%, Rocha 5,03%, Colonia 4,89%, Río Negro 4,74%, Treinta y Tres 4,58%, Florida 4,52% y San José 4,19%.
