Marina Beach: Junta Departamental dio anuencia para conceder permiso de fraccionamiento en la faja costera

La bancada del FA anunció que apelará a las herramientas legales establecidas para anular el decreto departamental que habilita esta propuesta

La Junta Departamental de Maldonado dio anuencia al ejecutivo departamental para conceder el permiso de fraccionamiento de cuatro lotes de 21 hectáreas de la faja costera ubicado entre el trazado de la ruta Juan Díaz de Solís y el océano Atlántico.
La inversión corre por cuenta de un grupo inversor conformado por tres empresas y liderado por el empresario Donato Schabsis.
El proyecto fue presentado por Manantial del Sol S.A., Coralview LLC, y Lookview LLC, propietarios de los padrones Nº 24.976, 24.978, 24.977 y 24.979 de la 6ª sección catastral del departamento de Maldonado.
Los padrones se encuentran en el kilómetro 170 de la Ruta 10, al sur de ésta y sobre la faja de defensa de costas. Como se sabe, está prohibida toda construcción a menos de 150 metros del límite de la marea más alta.

Viviendas y hotel
El proyecto consiste en la urbanización de un predio destinado a viviendas unifamiliares de veraneo y un hotel de playa; se ubicaría al sureste de la ruta nacional Nº 10 con acceso a partir de un camino auxiliar o ensanche según lo definido en el estudio de tránsito realizado. Se propone un fraccionamiento en 26 lotes, siendo el de mayor dimensión el destinado a un hotel.
El planteo fue aprobado por la bancada oficialista que cuenta con la mayoría necesaria de veintiún votos para conceder la anuencia solicitada por el intendente Enrique Antía. Por la contraria se expidieron los nueve ediles frenteamplistas y el colorado quienes no acompañaron la iniciativa del ejecutivo departamental. (Ver recuadro)
El ministerio de Ambiente aprobó, meses atrás, la denominada “Evaluación Ambiental Estratégica” lo que habilitó la continuación del citado proyecto.
La iniciativa podrá fraccionar predios individuales cuya superficie no será menor a 1.150 metros cuadrados, considerándose paisaje urbano a todos sus efectos el área ocupada por los lotes resultantes de las presentes actuaciones.
La propuesta, en el aspecto del sistema de espacios libres, deberá ceder la faja de anteplaya, 150m a partir de la línea de ribera, que totaliza una superficie de 16 Hás 9608m².
Los propietarios deberán asegurar, además, la accesibilidad a la playa través de 4 pasajes peatonales, con un área total de 1796m² 79dm² y un ancho de 12 metros.
El proyecto prevé una superficie destinada a espacio público de 4.411m² equivalente al 10% del área urbanizable del predio, que será cedida a la Intendencia de Maldonado en cumplimiento del artículo 38 de la Ley Nº 18.308.
El ingreso a los lotes y a los espacios públicos se realizará exclusivamente por una calle de servicio a ejecutar en la servidumbre de paso de 10m de ancho, que solo se conectará con la ruta 10 en sus extremos.
Previo a la aprobación del plano proyecto de fraccionamiento se deberá presentar el proyecto vial de la calle de servicio a ejecutar en la servidumbre de paso.
Solo se permiten pasarelas peatonales en los espacios públicos A, B y C, previendo barreras físicas para impedir el paso de automóviles.
Las obras necesarias para acceder desde Ruta 10 en forma segura serán de costo del fraccionador incluyendo la señalización y deberán contar con la aprobación del MTOP y la Intendencia de Maldonado, según corresponda.

Retorno
Luego de la aprobación del proyecto deberá hacer efectivo el pago del precio compensatorio por Mayor Valor Inmobiliario establecido en los artículos 98 a 100 del Decreto Departamental Nº 4036.

Frente Amplio en contra
La bancada frenteamplista anunció ayer que apelará a las herramientas legales establecidas en el artículo 303º de la Constitución de la República para anular el decreto departamental que habilita esta propuesta, al que solo le queda la promulgación por parte del intendente Enrique Antía. El edil Joaquín Garlo explicó que la coalición de izquierdas saldrá a recolectar las mil firmas necesarias para impugnar el citado decreto departamental. (ver recuadro). De forma paralela, Garlo adelantó que también será recurrido de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la ley de ordenamiento territorial.
“Constatamos que hay más de quince incumplimientos a disposiciones legales nacionales y departamentales en materia de ordenamiento territorial. Y esto es muy grave”, dijo Garlo. “Advertimos al Partido Nacional de lo que estaba sucediendo y de las consecuencias que tenía aprobar este proyecto en estas condiciones. No hicimos un planteo de naturaleza política sino que hicimos un planteo de naturaleza administrativa, procedimental para que la Junta procediera correctamente porque no estaba en condiciones de tratar este asunto. Mucho menos de darle aprobación”, aseguró Garlo para quien esta iniciativa tendrá un efecto de tipo catastrófico para la zona. El curul recordó que este expediente fue objeto de objeciones y reparos por diversas reparticiones. Además, cuestionó al ministro de Ambiente Adrián Peña por saltear las posiciones asumidas por los técnicos de la cartera.

“Humo”
El edil oficialista Darwin Correa calificó de “puro humo” a la posición adoptada por la bancada del Frente Amplio. Correa, en declaraciones a Fm Gente, recordó que esta propuesta permitirá un aumento notorio de la recaudación municipal.
“Esto es puro humo como siempre hace el FA, tratando de movilizar y trancar todo”, afirmó. Correa recordó una propuesta idéntica elevada al MVOTMA del entonces director general de Planeamiento Urbano y Territorial de la Intendencia de Maldonado, hoy fallecido, arquitecto Julio Riella.
“El propio FA la declaró potencialmente urbanizable”, añadió al recordar que “acá no hay ningún tema que se entregue a un privado tierras públicas sino que eso está muy claro porque siempre fueron privadas”.
Recordó que la ordenanza en el lugar no permite construir a menos de 150 metros del agua y por el otro a 10 metros de la ruta, debiéndose contar en caso de edificación con el estudio de impacto ambiental del ministerio respectivo.

Artículo 303º
Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo. Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto. La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos. El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.

Artículo 6
(Derechos territoriales de las personas).- a) Toda persona tiene derecho a que los poderes públicos establezcan un ordenamiento territorial adecuado al interés general, en el marco de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República. b) Toda persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial. c) Toda persona podrá demandar ante la sede judicial correspondiente la observancia de la legislación territorial y de los instrumentos de ordenamiento en todos los acuerdos, actos y resoluciones que adopten las instituciones públicas. d) Toda persona tendrá derecho al acceso a la información sobre el territorio que posean las instituciones públicas. e) Toda persona tiene derecho al uso común y general de las redes viales, circulaciones peatonales, ribera de los cursos de agua, zonas libres y de recreo -todas ellas públicas- y a acceder en condiciones no discriminatorias a equipamientos y servicios de uso público, de acuerdo con las normas existentes, garantizándolo a aquellas personas con capacidades diferentes.