Un grupo de personas que residen actualmente en un predio particular ubicado junto al asentamiento Los Eucaliptus recibieron este martes 28 un cedulón judicial que los intimó a que desalojen el padrón. Los afectados serían al menos unas cien familias de diversos orígenes, incluso extranjero, que alegan no tener dónde radicarse. En virtud de su problemática, los vecinos decidieron manifestarse públicamente y se congregaron en horas del mediodía de ayer en la explanada del edificio comunal, donde pidieron hablar con la intendente Susana Hernández o el secretario general de la IDM, Gustavo Salaberry.
Hernández se hallaba reunida con el Congreso de Intendentes, mientras Salaberry estaba ocupado en otra reunión, por lo que los delegados de los vecinos se reunieron con el doctor Álvaro Lorusso, secretario del jefe comunal.
El funcionario explicó más tarde a Correo de Punta del Este que recibió a dos representantes del grupo, un hombre y una mujer, quienes le solicitaron la posibilidad de poder reunirse con Susana Hernández. De todos modos, Lorusso les adelantó que la Intendencia no posee tierras para poder realojarlos. Los vecinos explicaron que los afectados por el desalojo son alrededor de cien familias que han llegado desde diversos puntos del país y que desean ser ayudados con terrenos o materiales que puedan pagar.
Responsabilidades
Entrevistada ayer por Radio Maldonado, una de las vecinas aseguró que el barrio lucha por “una solución que no llega” de parte de la comuna, a la que atribuyó la responsabilidad de solucionar su situación.
“Siempre nos van aplazando y nos van aplazando y no llega la solución real. No nos dan una vivienda o un trabajo para poder pagar un alquiler dignamente o una solución de decir ‘tenés este pedazo de tierra y lo pagás en cuotas’”, afirmó.
“Nosotros sabemos que estamos en algo que no es de nosotros, no nos vamos a quedar con él, pero queremos una solución. No podemos ir en diez días 400 personas a la calle; no es humano es algo que no tiene sentido”, agregó.
Consultada sobre las características de la población del asentamiento, la mujer dijo que hay gente “de todo el Uruguay: de Tacuarembó, de Lavalleja, de Rivera, de Montevideo, de Canelones, de San Carlos, de Treinta y Tres. Hay de todos los departamentos, aparte de gente colombiana, brasilera, boliviana y paraguaya”, aseguró.
Por otra parte, la vecina dijo que otras 180 personas recibirán otro cedulón de desalojo en un par de semanas. “El dueño del campo dice que no va a arreglar ni con la Intendencia ni con nosotros. Nosotros cuando entramos no estaba el alambre levantado y lo tiramos abajo y armamos. Había calle”, explicó. Asimismo, dijo que el asentamiento se construyó “ordenadito” levantando “un ranchito al lado del otro, todo prolijo y la calle al medio”.
La mujer explicó que los cedulones llegaron con los nombres de los vecinos porque tiempo antes la actuaria del juzgado, acompañada de agentes policiales y el cuidador del campo había levantado los nombres de todos los ocupantes. Finalmente insistió en que alguien dé “una solución” a los vecinos “porque no nos vamos a ir”.
