Por David Rabinovich
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en diputados en diciembre del año pasado, luego de una larga y amplia discusión, podría tener sanción definitiva en las próximas semanas. La batalla será sangrienta.
“La Ley de Medios frenteamplista es una variante “a la uruguaya” de las que existen en Cuba,. Ecuador y Venezuela, países con gobiernos de corte tiránico que requieren de un control férreo de la información para ejercer el poder con la dureza que su condición dictatorial les hace imprescindible.” (El País)
“Los cinco precandidatos de la oposición coincidieron en afirmar que la ley de Medios que el Frente Amplio pretende aprobar este año es “mala”, careció de “debate” y su análisis debería ser postergado hasta la próxima legislatura. Cuestionan al Frente Amplio por instalar el tema en campaña electoral y le adjudican diversas intenciones.” (El País)
Lejos de ‘carecer de debate’ la discusión de esta ley comenzó, por lo menos, a mediados de 2010 y se recogieron las más amplias opiniones. Empresas, sindicatos, universidades, organizaciones interesadas en el tema, se reunieron muchas veces hasta llegar a varios acuerdos y dejar en claro donde estaban las discrepancias. Se hicieron seminarios internacionales para debatir la importancia de una norma de esas características. El proyecto entró al parlamento en 2012. Dos años de discusión amplia y participativa de la sociedad más otros dos de debates parlamentarios. La discusión interminable, el momento inoportuno siempre, son herramientas para eludir una discusión en términos razonables.
Desde las diversas organizaciones que reclaman la aprobación de la ley, sin más dilatorias, se afirma que “las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA, Unesco) y las más prestigiosas organizaciones de Derechos Humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región” si este proyecto no respetara los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. (Ver comunicado)
“No se puede discutir en el Parlamento una ley de Medios de comunicación en el curso de una campaña, es realmente violentar la relación entre los partidos, es violentar una discusión cívica de tolerancia. No es el momento, lo que hace el Frente es decir ´porque me voy, quiero dejar una ley, porque ahora tengo los votos´. Es una suerte de resignación, piensan: ´como todavía tengo la mayoría parlamentaria, voy a aprovechar hasta el último momento´. Es el peor mensaje el que están mandando algunos sectores del Frente Amplio”, dijo Larrañaga que propone postergar su consideración para la próxima legislatura.
Luis Lacalle Pou repite que “la mejor ley de Medios es la que no existe” en tanto considera peligroso y con aspectos inconstitucionales al proyecto. Reclama dejar la discusión para el próximo año.
Álvaro Delgado. “Nosotros estamos dispuestos a discutir en el primer año del próximo gobierno una ley de telecomunicaciones que regule, por ejemplo, las frecuencias pero no los contenidos y que dé rango legal a algunos decretos hoy vigentes. Regular contenidos puede llevar a la peor de las censuras, que es la autocensura. La ley como está es un arma amartillada que apunta a los medios”. (…) “Esperemos que prime la sensatez y que este proyecto que tiene nada menos que 185 artículos quede para el próximo año”. (El País)
Pedro Bordaberry dijo a El País que “Es absolutamente inoportuno votarla en la mitad de la campaña. La ley le dará, en los hechos, al Frente Amplio más del doble de publicidad electoral que al Partido Colorado, y casi el doble que al Partido Nacional. Es decir, esta ley le asegurará a Tabaré Vázquez el doble de publicidad que a los otros candidatos, lo que es violatorio de los más elementales principios de competencia electoral y republicanos. Además, al regular tiempo de medios en época electoral, esta ley requiere mayorías especiales, por lo que de no contar con ellas, esta ley es inconstitucional”, afirmó.
Efectivamente, la ley trata de que la publicidad en televisión esté al alcance de los partidos en función del respaldo electoral que tuvieron y no de su capacidad económica o su afinidad política con los canales.
Para José Amorín Batlle “Es tanto lo que habría que cambiar que habría que hacer la ley toda de vuelta. Yo creo que no se tiene que regular nada. Esta ley viola la libertad de prensa. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente (José) Mujica en Brasil, la mejor ley de Medios es la que no existe. Tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer, tirarla a la papelera”.
Sustenta su opinión: “el gran error que tiene esta ley es que se mete con los medios audiovisuales pero no dice nada de internet, cuando en pocos años todo va a pasar por internet. ¿Qué sentido tiene regular eso si no se regula lo otro? Esto lo que hace es profundizar el monopolio de Antel.”
Pablo Mieres, se une al coro. “Creo que para que la ley de Medios se vuelva aceptable tendría que abrirse nuevamente un debate entre todos los partidos. Un debate que nunca existió. El Frente Amplio ha decidido votar una ley sobre la libertad de expresión sin generar un diálogo institucional de todos los partidos. Yo me entero por la prensa que están pensando cambios. Nadie consulta nada, nadie debate nada”, dijo a El País.
Oscar A. Bottinelli (El Observador – setiembre 1° de 2013) aporta consideraciones interesantes. “La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica […] sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. […] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos […] Y avanza en algunos aspectos regulatorios […] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial”
Hay dos enfoques contradictorios y muchos matices. Las comunicaciones son un servicio público muy importante que atiende derechos fundamentales: tener buena información, disfrutar de cultura de nivel elevado y sano entretenimiento. Frente a este derecho de las personas está el de las empresas que han transformado la propiedad, el dominio, de los medios masivos de comunicación en mercancía. Su lógica de funcionamiento es obtener el mayor lucro posible y no menos importante: detentar un poder de incidencia social inmenso e incontrolado. La única forma civilizada de regular las relaciones entre intereses contrapuestos es la ley. La ausencia de leyes propicia que el más fuerte imponga sus criterios y conveniencias. Fortalecer los actores comunitarios y estatales, gravar de forma razonable la actividad empresarial, son elementos que la ley no contiene con la fuerza que debiera.
Lejos de cualquier radicalismo, para Botinelli “el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial”.
