La presentación de un proyecto de decreto con el que el Partido Nacional pretende evitar nuevos desalojos, principalmente en el barrio Cerro Pelado, desató ayer otra intensa polémica entre ediles y jerarcas comunales que trabajan en el área. Según se sabe, la comuna elaboró un programa para regularizar la situación de quienes vivían en las viviendas sin pagar las cuotas ni acogerse a ningún plan. Al cabo de los años, la IDM decidió pasar a la justicia a los deudores contumaces y últimamente ésta ordenó desalojarlos.
La iniciativa nacionalista fue presentada este martes en la Junta Departamental. Su primer punto propone suspender por un año todo tramite judicial de desalojo, rescisión de contrato y lanzamiento de las viviendas, terrenos y soluciones habitacionales construidas y /o administradas por el gobierno departamental de Maldonado, con fines de interés social. Asimismo, sugiere derogar el decreto 3817 del año 2006, que fue elaborado para regularizar la situación por razones de “inconstitucionalidad”.
Entre otras cosas, el proyecto también crea soluciones transitorias para cuando, por razones de fuerza mayor, los hogares de escasos recursos no puedan abonar sus cuotas. Asimismo, prohíbe la retasación de inmuebles por parte de la intendencia como condición previa a la refinanciación, “pudiendo el exceso devolverse en dinero o imputarse a cuotas, al igual de aquellos casos en que en forma indebida se cobró contribución inmobiliaria”.
La iniciativa también faculta a la comuna a brindar ayuda de emergencia a los desalojados y lanzamientos promovidos por terceros por medio de arriendos de hasta 5 meses. El proyecto de decreto mantiene el registro de infractores, pero otorga una amnistía amplia e irrestricta, para las anteriores anotaciones, excepto las nuevas que se registren por aplicación de incumplimientos a la nueva normativa.
Dimes y diretes
Las emisoras locales llenaron ayer buena parte de sus informativos entrevistando a figuras nacionalistas y jerarcas comunales sobre el tema. Algunos de estos últimos consideraron que la iniciativa propone aspectos que ya fueron contemplados en el decreto de 2006 y lo consideraron una jugarreta política.
El edil oficialista Leonardo Delgado, por ejemplo, dijo a Radio Maldonado que en el año 2005 el 95% de los ocupantes de las viviendas se hallaban en situación irregular, mientras que actualmente, en base al decreto aprobado en la pasada administración, un 97% se encuentra al día en todos sus pagos. Mientras tanto, el director de Desarrollo e Integración Social de la IDM, Fernando Franco, afirmó a FM Gente que los nacionalistas “están proponiendo cosas que ya se hacen”.
El jerarca confesó que se enteraba a través de la emisora de los detalles del proyecto. Mientras oía uno a uno los detalles de la iniciativa contestó que esas mismas propuestas ya se están aplicando por el decreto vigente. Asimismo, dijo que ya “funciona desde hace años” la Comisión de Regularizaciones y Estudio de soluciones habitacionales que propone crear el nacionalismo. “Es la que ha llevado adelante la regularización del tema”, explicó.
También dijo que los mecanismos establecidos para contemplar la situación de cada familia ya figuran en el decreto 3817. “La posición del Ejecutivo es la ya expresada por la intendente Susana Hernández y la bancada del Frente Amplio deberá hacer las consultas pertinentes para ver las connotaciones legales del proyecto que se propone, presentado además en un año y un momento muy particular”, afirmó.
Hacer lo mismo
Franco también defendió a todos los que han pagado sus viviendas y recordó que en el grupo en proceso de desalojo en Cerro Pelado hay familias que no pagan su cuota desde hace años, algunos desde que la recibieron en la década del ’90. “¿Cuál es el criterio que quieren aplicar los ediles de la oposición? ¿Al que tiene vivienda social y no paga no se lo desaloja pero al que alquila a nivel privado sí? Tiene pinta de que actúan por amiguismo: ‘no desalojen a estos que son amigos míos y reivindicamos el derecho de la Justicia a actuar con los que no conocemos’”, indicó. La “ley pareja para todos”, agregó.
Franco dijo que el Partido Nacional “está proponiendo cosas que ya se hacen” y destacó que la IDM ya brinda “ayuda de emergencia a los desalojados” se como propone. Como ejemplo, mencionó el caso de las familias desalojadas recientemente del asentamiento El Pulpito.
Franco añadió que la Intendencia estudia la situación social de cada familia antes de tomar decisiones, porque “no es lo mismo no pagar un alquiler para comer arroz que no pagar el alquiler para comprar un auto”.
“Me sorprende mucho, porque ya todo eso está estipulado. Hay un grado de desconocimiento importante y eso me extraña, con la capacidad reconocida de algunos ediles blancos, que además participaron de la discusión del decreto 3817”, sostuvo. “El proyecto no aporta nada nuevo. Se quiere derogar el 3817 para hacer otro decreto igual, con un nombre diferente. Evidentemente, quieren que cambie el padrino del decreto, hacerlo propio en una época electoral muy delicada”, concluyó.
Salaberry: “una estrategia electoral de las más baratas”
Entrevistado en la noche del martes por FM 95.1, el secretario general de la Intendencia, Gustavo Salaberry, estimó que el proyecto de decreto presentado por el nacionalismo en el legislativo comunal constituye “una estrategia electoral de las más baratas”. “Cuando el Frente Amplio asumió, la situación de la vivienda era caótica” y existía “el tráfico de la vivienda, donde no habían posibles compradores”, o lugares que no tenían planos “por lo cual no se podía regularizar la vivienda”, señaló.
Salaberry dijo que la comuna elaboró el decreto Nº 3817 para “darle un tiempo a la gente para regularizar la situación, con un pago contemplando la franja de ingresos, y con exoneraciones importantes”.
Sin embargo, dijo que “mucha gente no se adhirió y creyó que no iba a pasar nada, entonces llegó un momento que el plazo que establece el decreto se venció y se iniciaron acciones judiciales. La gente tiene que saber que la justicia tarda pero llega”, sentenció.
“Mucha gente no tuvo voluntad de pago, y entonces ¿qué hacemos?. A los que no pagan no podemos dejarlos, hay que dar una señal”, concluyó.
