La edila Rosario Borges del Partido Colorado dio cuenta en la Junta Departamental sobre un anteproyecto de ley de cuotas para mujeres víctimas de violencia, del que, según dijo, fue informada recientemente a través de varias integrantes de la institución Zonta Maldonado‒Punta del Este. “Se trata de un proyecto institucional que surge a través de una iniciativa de la Doctora Raquel Longo. En la noche de hoy nos acompañan, desde las barras, varias integrantes de esta institución que cuenta, en el presente, con unas cincuenta socias”, aclaró.
El proyecto establece la creación de puestos laborales en entes públicos para mujeres que padecen violencia doméstica, de modo que las que deban abandonar su casa puedan mantenerse por sí mismas.
Borges recodó que “Zonta es una institución muy conocida en el medio: es una organización de servicio sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar la condición de vida de las mujeres. Esta institución está integrada por mujeres y hombres que ejercen el voluntariado, tiene dieciocho años de existencia en el departamento y es miembro de Zonta Internacional, cuya labor ‒como expresan sus boletines informativos‒ es el empoderamiento de las mujeres a través del servicio y la abogacía”, explicó.
“Cuentan con un Centro de asesoramiento aquí, en Maldonado, donde brindan atención legal y psicosocial gratuita para mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia doméstica y, además, en convenio con la Intendencia de Maldonado, atienden en las policlínicas de Aiguá, Pan de Azúcar, Piriápolis y La Capuera. Se consulta a través de consulta agendada y cuentan, además, con teléfonos de urgencia todos los días del año”, agregó.
La edila señaló que Zonta Punta del Este–Maldonado “viene reuniéndose con los diversos partidos políticos, buscando apoyo para su proyecto” que “está enmarcado en la compleja situación de violencia que vive nuestra sociedad y en particular las mujeres víctimas de este flagelo”, indcó.

Trabajo para huir
Borges señaló que tal “como Zonta misma expresa en la exposición de motivos del anteproyecto de ley, se ha constatado en nuestro país un recrudecimiento de la violencia de género. Según datos del Ministerio del Interior, Uruguay pasó a registrar, a nivel policial, de 6.802 denuncias en el año 2005, a 39 mil denuncias al finalizar el año 2017. Para hablar solo de Maldonado, Zonta prestó asistencia en 1.661 casos durante el año 2016 y en una cifra similar en 2017”.
“Habiéndose constatado que la mayoría de las víctimas fatales no pudieron sustraerse a sus agresores por carecer de recursos propios y teniendo a su cargo hijos menores de edad, se concluye en la imperiosa necesidad de ofrecer posibilidades de trabajo a mujeres que se encuentren en esa situación. Este proyecto, como se desprenderá de su lectura, establece una cuota para el ingreso a trabajos ofrecidos por organismos estatales para mujeres que sean víctimas de violencia y posean los requisitos necesarios para el cargo. Es un proyecto que puede salvar vidas”, estimó.
Acto seguido Borges dio lectura al “Anteproyecto de ley de cuotas para mujeres víctimas de violencia”:
“El Estado, los Gobiernos departamentales, los Entes autónomos, los Servicios descentralizados y las personas de Derecho Público no estatales, están obligados a ocupar personas víctimas de violencia doméstica en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes.
“Los requisitos exigidos para dichas designaciones serán los siguientes: A) Que la postulante reúna las condiciones de idoneidad para el cargo. B) Que tenga a su cargo hijos menores de dieciocho años. C) Que carezca de medios propios adecuados para sostenerlos. D) Que acredite la condición de víctima de cualquier forma de violencia doméstica mediante resolución judicial ‒Ley Nº 17.514‒ o alguna ONG que trabaje con mujeres, niños y niñas en situación de violencia doméstica.
“La obligación mencionada refiere tanto a las funciones y cargos contratados como a los presupuestados. 4)El cálculo del 4% de las vacantes se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas Unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integren cada uno de los organismos mencionados en el artículo 1º. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.
“La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará anualmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las de Derecho Público no estatales ‒quienes deberán proporcionarlos‒ sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Semestralmente, dichos organismos deberán indicar también el número de personas víctimas de violencia doméstica que haya ingresado y los cargos ocupados.
“La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá comunicar anualmente en la rendición de cuentas el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando la cantidad de vacantes de cada uno de los organismos obligados, la cantidad de víctimas de violencia incorporadas en cada organismo e indicando además aquellos organismos que incumplan el artículo 5º o cualquier otra disposición de esta ley.Las personas víctimas de violencia doméstica que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley deberán inscribirse en un registro que será abierto a tales efectos en el Instituto Nacional de la Mujer”.
Al culminar su exposición, la edila solicitó diversos destinos para sus palabras. La acompañaron 25 de los 26 ediles presentes en sala.

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