
POR MARCELO GALLARDO – @emepege
El fallo de la Suprema Corte de Justicia del 9 de noviembre de 2001 expresa: “Es muy cierto que la majestuosa belleza de Punta Ballena trasciende la propiedad privada y es patrimonio estético para el goce de todos los habitantes del Uruguay que acierten a pasar por el lugar. No menos cierto es que todos los uruguayos sabemos de sobra que desde tiempo inmemorial toda esa zona pertenece a los Lussich como herederos de Don Antonio, verdadero pionero en la forestación que comenzó en el siglo XIX”.
“En un Estado de Derecho como el uruguayo donde la propiedad privada es un derecho inviolable nadie puede ser privado de ella sin recibir del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Corresponde, pues, que todos los uruguayos compensemos a los legítimos dueños de esa joya de la naturaleza para adquirirla en propiedad del dominio público y así disfrutarla en comunidad. Por estos fundamentos, atento a que los gastos causídicos son de precepto, conforme lo dispone el art. 279 C.G.P., la Suprema Corte de Justicia, falla: desestimase el recurso de casación, con costas y costos”.
Así finalizó la sentencia del máximo órgano jurisdiccional del país que rechazó el recurso de amparo presentado por los abogados de la Intendencia de Maldonado contra la decisión de un tribunal de apelaciones que, a su vez, había confirmado la sentencia en primera instancia de la entonces jueza letrada de primera instancia de 7º turno de Maldonado, Martha Chao de Inchausti que en el año 1997 había ordenado la entrega del predio a sus legítimos propietarios, los sucesores del precursor don Antonio Lussich.
La historia
Correo de Punta del Este fue el medio que informó del fallo en primera instancia y fue el primero en advertir de la iniciativa de construir los veintinueve edificios sobre el lomo de la Ballena.
Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de comienzos del presente siglo puso fin a un largo litigio que enfrentó a los Lussich con la Intendencia de Maldonado. Si bien la demanda comenzó a instruirse en 1995, el proceso en realidad se retrotrae al mismo momento que el enorme predio comprado por Antonio Lussich fue fraccionado en los años cuarenta. Luego se registraron más actuaciones, como en el caso del gobierno colegiado de Maldonado de la época de don Francisco Salazar que había reconocido la propiedad de ese enorme predio de la familia Lussich.
Más adelante llegó el intendente Gilberto Acosta Arteta que a fines de los sesenta comenzó a visualizar el enorme predio y las Grutas como de interés turístico. El intendente colorado inició el proceso de expropiación que fue detenido por los intendentes militares de facto para los cuales la “toma urgente de posesión” fue una suerte de golpe “manu militari”. Una vez en democracia, la familia Lussich se presentó en los estrados judiciales para reclamar lo suyo. La prueba del juicio fue palmaria: el estado no debe expropiar algo que es de su jurisdicción. El solo hecho de haber tramitado esa expropiación es la clara prueba de que el bien en cuestión es privado desde la época de la Colonia y que la familia Lussich es su propietaria.
Esperaron hasta comienzos del siglo en curso, cuando la Suprema Corte de Justicia confirmó lo que en dos instancias previas se aseguró: eran los propietarios del bien.
Negociación con la IDM
Luego del fallo judicial comenzó una larga negociación con la intendencia. El fallo de Inchausti fue muy contundente porque ordenó a la Intendencia a retirar del predio lo que había construido: la ruta panorámica y los estacionamientos.
En algún momento los propietarios amagaron con cerrar el paso al predio. Luego de varios años ambas partes llegaron a una salida en conjunto. Los propietarios, a partir de un plano del arquitecto Félix Plottier, acordaron ceder espacios manteniéndose de esa manera la ruta panorámica y los miradores a un lado y otro del lomo de Punta Ballena. Como contrapartida, se construirían los edificios.
“Área natural protegida”
En las últimas horas se conoció que los grupos de vecinos lograron alcanzar las firmas necesarias para pedir al gobierno departamental que decrete a ese predio como “área natural protegida”. Mientras tanto, se espera que el ministerio de Ambiente se expida por la solicitud de los propietarios para construir los veintinueve edificios.
Si el Ministerio de Ambiente rechaza el pedido, los propietarios pueden accionar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los vecinos que juntaron las firmas aseguran que una decisión negativa del ministerio haría caer el acuerdo firmado durante el gobierno de Óscar de los Santos. Aunque esta caída sería para los dos lados: por un lado no se podrían construir los edificios pero también caerían los acuerdos de cesión de espacios por los propietarios. Y una declaración de “área protegida” no hará caer la propiedad del inmueble que seguirá en manos de sus legítimos propietarios.
La Suprema Corte de Justicia lo advirtió. Hay que expropiar y pagar por la tierra. ¿Quién pondrá la plata? El intendente Antía dice que será el gobierno nacional el que deba tomar la decisión.











