CREER O REVENTAR
El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, lo dijo sin vueltas: si pudiera relocalizar el aeropuerto, no lo haría por “las razones ambientales que se esgrimen”, porque no cree en ellas (El País, 10/09/2026). Lo expresó en un almuerzo empresarial sobre la estrategia turística 2027, no en una instancia ambiental, pero la frase no deja lugar a dudas sobre cómo entiende el Intendente lo que se le está planteando.
La pregunta que deja abierta, entonces, es a quién sí le cree. Porque durante el plazo de puesta de manifiesto del Programa de Actuación Integrada (PAI) Abreviado, que venció el 8 de setiembre, la Intendencia recibió una cantidad y una diversidad de objeciones técnicas que no se explican como el reclamo de “cuatro ambientalistas”. Y todas, viniendo de orígenes completamente distintos entre sí, llegan al mismo diagnóstico.
Quiénes respondieron
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay presentó, a través de su Comisión Asesora de Urbanismo, un dictamen técnico que concluye algo tan simple como contundente: un PAI no puede modificar lo establecido por un Plan Local, y en este caso correspondería primero revisar el Plan Local Lagunas Costeras antes de siquiera plantear la vía abreviada.
Organizaciones ambientales y redes de conservación (COENDU, Fundación Lagunas Costeras, Red Unión de la Costa) presentaron escritos propios a la puesta de manifiesto, cada uno con su enfoque, pero coincidentes en el fondo.
Organizaciones vecinales de zonas próximas (la Liga de Fomento de José Ignacio, la Comisión de Ambiente de La Serena, el Colectivo de Vecinos y Residentes entre Lagunas de Rocha y Garzón) hicieron sus propias presentaciones, sin coordinación previa entre sí, y llegaron a objeciones prácticamente idénticas.
A esto se suma el análisis del Dr. Marcos Sommer, doctor en Ciencias Naturales, publicado en el medio Ambienta, que examina la localización elegida desde la perspectiva de la planificación territorial y concluye que “las pistas se pueden mover, las lagunas no”.
Y también respondieron vecinos a título individual con fundamentos propios, que no necesitan más credencial que vivir ahí. Esperamos que la Intendencia haga público un detalle de las distintas manifestaciones que fueron recibidas en relación a la solicitud de cambio de categoría del suelo.
Lo que dicen, en conjunto Descartado el detalle de cada escrito, quedan cinco coincidencias que ninguna de estas voces se puso de acuerdo para repetir y que, sin embargo, repiten todas: La vía elegida no es la que corresponde.
El propio Decreto Nacional 128/026 exige cuatro requisitos acumulados para que un PAI pueda tramitarse como Abreviado. Si falta uno solo, corresponde la vía Complementaria, que exige Evaluación Ambiental Estratégica propia. SAU, RUC y varios de los escritos particulares coinciden en que ese piso no está cumplido en este expediente, y que la Intendencia lo está tratando como si estuviera. Ya el propio Ministerio de Ambiente había encendido la primer señal de alarma: su Área de Evaluación Ambiental no compartió la Categoría B que proponía el promotor (DINACIA, no Corporación América Airports) y recomendó reclasificar el proyecto a Categoría C, la más exigente, por los impactos ambientales negativos significativos que identifica.
Esto no es una interpretación de la sociedad civil: es la conclusión de un organismo técnico del propio Estado. El lugar elegido está entre dos áreas protegidas, no al lado de una. El predio se ubica en el corredor funcional entre el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo Laguna Garzón, dentro de la Reserva de Biósfera Bañados del Este (UNESCO) y en las inmediaciones de dos sitios Ramsar.
Esto aparece documentado en prácticamente todos los escritos, con matices, pero sin excepción. Nadie está pidiendo que Rocha se quede sin aeropuerto.
La Fundación Lagunas Costeras, la Liga de Fomento y el Colectivo de Vecinos lo dicen, cada una por su cuenta, casi con las mismas palabras: no se oponen a que Rocha tenga un aeropuerto internacional. Se oponen a que sea ahí. Lo que corresponde ahora La normativa departamental (Decreto 4/2009, artículo 15) establece que los planteos de los interesados deben ser tenidos en cuenta en la redacción final del acto administrativo, y que si no son acogidos, el rechazo debe fundamentarse exponiendo sus causas.
No es una formalidad opcional: es una obligación de la Intendencia frente a cada una de las manifestaciones recibidas. Por eso, esperamos que la Intendencia de Rocha actúe con la transparencia que la norma exige: que informe públicamente cuántas respuestas recibió durante la puesta de manifiesto, y que dé contestación fundada a cada una de ellas, como corresponde. Y que la Junta Departamental, que conserva plena autonomía para resolver, no vote el PAI sin haber analizado en detalle el conjunto de estas manifestaciones. No alcanza con que hayan sido recibidas. Tienen que haber sido consideradas.
El fondo de la cuestión
La pregunta que deja planteada la frase del intendente no es si él cree o no en los argumentos ambientales. Es qué hace la institucionalidad cuando la respuesta a una consulta pública converge, desde orígenes tan distintos entre sí, en el mismo diagnóstico técnico. El propio intendente dijo que, de cambiar la ubicación, lo haría por razones logísticas, no ambientales, y que habla con autoridad en la materia por haber impulsado la creación del departamento de ambiente de Rocha. Pero la autoridad para gestionar el ambiente departamental no sustituye a la que corresponde a quienes evalúan técnicamente los impactos de este proyecto puntual, empezando por el propio Ministerio de Ambiente, que recomendó la categoría más exigente. Un gremio profesional centenario, organizaciones conservacionistas, comisiones vecinales que nunca antes habían coincidido en una causa, un científico independiente, un organismo del propio Estado y vecinos sin más interés que el de vivir en ese territorio no llegan todos al mismo lugar por casualidad.
La puesta de manifiesto no fue un trámite vacío. Fue una pregunta que Rocha respondió.
Falta ver si alguien la escucha.
Red Unión de la Costa
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