Una jueza civil de Maldonado remitió a la justicia penal los antecedentes recabados en la acción de amparo presentada por los propietarios de un edificio de la rambla portuaria de Punta del Este como consecuencia de los disturbios y actos vandálicos registrados en ese lugar durante la pasada temporada de verano.
“Atento a que la prueba testimonial recibida, se da cuenta de la ocurrencia de hechos delictivos concretos, a sus efectos remítase testimonio de estas actuaciones a la sede penal que por turno corresponda”, sostuvo la juez civil de 5º turno de Maldonado, Ivón Olivera Kamaid.
La decisión de la magistrada forma parte de la sentencia dictada el pasado lunes respecto de la acción de amparo promovida por los propietarios del edificio por los disturbios provocados durante el verano por una multitud de jóvenes reunidos en la zona del puerto de Punta del Este.
Olivera Kamaid desestimó el reclamo de los vecinos por entender que no fue comprobado que las reparticiones estatales involucradas por la demanda de los propietarios hubieran estado omisas en hacer cumplir las normas.
“No surge acreditada en autos, la omisión de las autoridades convocadas, que de forma ilegítimamente manifiesta, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace los derechos constitucionalmente tutelados”, señaló.
“Una cosa es la vulneración de los derechos constitucionales aludidos con ilegitimidad manifiesta por los particulares hacia los particulares (tampoco identificados en autos, así como los damnificados) y otra distinta es la omisión manifiestamente ilegítima en el actuar de los funcionarios municipales y policiales”, señaló.
Sí, pero no
Empero, la jueza reconoció que los incidentes de todo tipo ocurrieron en las madrugadas del pasado verano. “Los desórdenes y los ruidos molestos existen, que se aglomeran personas en el lugar y toman alcohol y que es necesario llamar a la Policía en reiteradas oportunidades y al cuerpo inspectivo de la Intendencia para su control”, reconoció. Olivera Kamaid indicó que fue acreditada la respuesta tanto de la Intendencia como de la Policía a los llamados de los vecinos. “Se ha actuado, en algunas oportunidades logrando el cometido y en otras no, pero no se ha dejado de actuar en cada caso concreto en el cumplimiento de los cometidos”, agregó.
“Si la respuesta no fue suficiente o no contempló sus expectativas, tal circunstancia, por sí sola, no puede elevarse al rango de una actuación manifiestamente ilegítima, que es el presupuesto previsto por la ley para que el amparo pueda prosperar”, indicó.
Olivera Kamaid sostuvo que los incidentes no comenzaron a ocurrir durante el pasado verano, aunque si reconoció que “se ha agravado la situación de descontrol”.
Los hechos
Los propietarios denunciantes, casi todos de nacionalidad extranjera, habían radicado denuncias ante la Intendencia de Maldonado, la Jefatura de Policía, la Prefectura Nacional Naval, entre otros organismos, por los ruidos y desórdenes registrados en la rambla como también por las acciones vandálicas cometidas por una multitud de jóvenes en horas de la madrugada. Además de las demandas, también fue presentada una denuncia penal por la presunta omisión de los funcionarios municipales y policiales en hacer cumplir la normativa vigente.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, los propietarios optaron por recurrir al instituto del amparo que habilita a los ciudadanos a reclamar por sus derechos una vez que fueran agotadas las vías administrativas para hacerlos cumplir.
La acción de amparo fue presentada el pasado 28 de enero. Al día siguiente, la entonces jueza de feria rechazó la demanda sin más trámite. Esa decisión fue apelada. El 19 de febrero de 2014 el Tribunal de Apelaciones Civil de 5º turno anuló el fallo en primera instancia y ordenó que la acción de amparo fuera instruida por la jueza titular de la sede. El 9 de abril se llevó a cabo la audiencia ordenada por el tribunal. El pasado lunes la jueza falló desestimando la acción de amparo
Lo que no ocurrió
La acción de amparo involucró a la Intendencia de Maldonado, al Ministerio del Interior y a la Prefectura Nacional Naval, entre otros organismos. El representante del Ministerio del Interior sostuvo en el proceso que los hechos ocurrieron en “gran parte en la faja costera”.
“Debería haber sido llamada al proceso por los accionantes, la Prefectura Nacional Naval, cuestión que no ocurrió. El ministerio del Interior carece de jurisdicción en el área comprendida en una extensión 150 metros a partir de la línea de ribera o hasta la rambla o costanera existente”, afirmó el abogado del Ministerio del Interior.
