“San Carlos, su autonomía y la costa”, por José L. Rapetti Tassano

Vecinos del Balneario La Barra preferentemente, aspiran a constituirse en un nuevo Municipio apartándose así de la jurisdicción del Concejo Municipal Autónomo de San Carlos. La argumentación central de su aspiración separatista es que ellos pueden atender mejor sus necesidades por sí solos. Aquí no ingresamos a analizar los argumentos manifestados por los grupos de vecinos citados, sino que lo hacemos desde el punto de vista jurídico especialmente, sin perjuicio de rozar los aspectos políticos conexos de un planteo semejante.

LAS NORMAS QUE RIGEN
A) – LA CONSTITUCIÒN, artículo 262, inciso 2, prevé la posibilidad de existencia de “una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley.” En el inciso 3 dice que “la ley fijará la materia departamental y la municipal …”. Disposiciones éstas que rigen desde la reforma constitucional de 1996 siguiendo la concepción moderna de un Estado descentralizado.
B)- LAS LEYES- a)- Con fecha 13 de setiembre de 2009 se promulgó la ley 18.567 de Gobiernos Locales, con modificaciones parciales en la ley 18.644 del 12 de febrero de 2010.
Estas leyes no derogaron las disposiciones de las leyes de Autonomía de San Carlos de 1949 y 1994. Sustancialmente aquellas leyes establecieron la conformación de Municipios, circunscripción territorial dentro de la jurisdicción de la persona jurídica de derecho público Gobierno Departamental, crearon la figura del Alcalde, un Concejo Municipal que pasó a ser presidido por el Alcalde. La jurisdicción de cada Municipio y los procedimientos fueron similares a los de las viejas Juntas Locales, en lo que sí esta nueva legislación innovó es que a texto expreso asignó competencias en la denominada “materia Municipal”, tal como deriva del mandato constitucional referido (artículo 262 inciso 3).
b)- La ley 19.272 del 18 de setiembre de 2014 introdujo algunas modificaciones no sustanciales al nuevo régimen institucional. Esta ley vigente establece regulación de recursos asignados, procedimientos electorales, integración del Concejo Municipal y los requisitos para constituirse un nuevo municipio entre otras disposiciones.
De igual manera que las leyes anteriormente citadas, 18.567 y 18.644, esta ley 19.272 mantuvo la vigencia de las leyes de Autonomía para las Juntas Locales Autónomas Electivas de San Carlos, Río Branco y Bella Unión. Por consiguiente en lo que concierne específicamente a San Carlos su Autonomía está plenamente vigente, debiendo denominarse Concejo Municipal Autónomo de San Carlos.
c)- Las Leyes de Autonomía- Tras una larga lucha cívica en procura de la autonomía para San Carlos y su región de influencia, la población de San Carlos, con opiniones coincidentes de los Partidos Políticos de la época, lograron la promulgación de la ley 11.250 el 9 de abril de 1949, con una amplitud de atribuciones dentro de su jurisdicción similares a los del Intendente. También se asignó en esa ley un territorio comprendido por las secciones judiciales 2ª. 4ª. y 6ª. de su influencia, o sea San Carlos, Mataojo y José Ignacio. Es casi un tercio del Departamento que abarca desde el Océano Atlántico hasta el límite departamental con Lavalleja. Con fecha 5 de setiembre de 1994 se promulgó la ley 16.569 por la que los cargos de la Junta Local Autónoma de San Carlos pasaron a ser electivos por voto directo. Si bien esta ley con más depurada técnica jurídica estableció las atribuciones de modo menos genérica que la anterior, fue acorde a la naturaleza de una persona jurídica de derecho que se rige por el principio de la especialidad. LA LEY 16.569 con lo precedente dejó algunas dudas que creemos no son tales en la medida que se examine con el rigor necesario sus disposiciones. Nos resulta claro que esas dudas sobre las “competencias”no son tales y no caben interpretaciones restrictivas. El artículo 3 de la ley comentada establece las competencias de la Junta Local Autónoma, que no son taxativas, sino enunciativas a pesar del rigor de los términos del exordio.
Si nos fijamos en esos numerales contenidos en el artículo, advertimos que por lo menos no se concretan aquellas expresiones que la técnica jurídica de confección de los artículos requiere. Hay expresiones en términos abstractos y que por tanto comprenden las facultades amplias de la ley de 1949, como por ejemplo la de dar cumplimiento a la legislación, o la de aquellos cometidos que le confieren las leyes. También el caso de la propia “Ley Madre” de la autonomía carolina, la 11.250 que queda expresamente vigente en todo lo que no se oponga a esta última.
LEY 19.272 del 18 de setiembre de 2014, artículo 23: “Las Juntas Locales Autónomas Electivas de San Carlos, de Bella Unión y de Río Branco, con sus actuales jurisdicciones, se convertirán en Municipios, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, manteniendo además de las facultades de gestión en ésta previstas, las establecidas en las Leyes Nª 16.569 de 5 de setiembre de 1994…”. Con lo que es muy claro que se mantienen las competencias y la jurisdicción territorial originaria establecida en la ley de 1949.

EL CONCEPTO DE AUTONOMÌA
Cuando hablamos de autonomía estamos refiriéndonos a la potestad de dictarse sus propias normas, realizando la función gubernativa en un determinado territorio asignado. Tomando de Gonzalo Aguirre lo que éste refería sobre los entes de enseñanza, pero conceptualmente aplicable al caso, decía: “La Autonomìa supone un traspaso de determinados poderes jurídicos (de administración y de legislación), de una persona jurídica (el Estado Central) a otra que se crea…” Que relacionado con nuestro tema, se trataría de una porción de territorio de un Departamento a una Junta Local Autónoma respecto de la persona jurídica Gobierno Departamental. El eminente Profesor Dr. Daniel Hugo Martins, dice que “autónomo” se refiere a un grado de descentralización tal, que significa el descenso total de los poderes de administración y un mínimo de contralor. Sigue Martins diciendo que respecto a los Departamentos la autonomía está referida a la materia en que son competentes, porque debe recordarse que en el territorio departamental, también ejercen sus poderes el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo etc.
La autonomía en nuestro ordenamiento jurídico está referida a la materia, que en este caso será municipal o departamental.

CONCLUYENDO, la Constitución de la República en sus artículos 262, 287 y 288 confiere al legislador nacional la competencia para regular condiciones de creación, composición de autoridades y las atribuciones que componen las materias municipal y departamental.
Son leyes emanadas de un mandato constitucional, por lo que son leyes especiales que prevalecen por sobre las comunes.
No es la Junta Departamental quien pueda modificar lo que por leyes nacionales especiales en esta materia, se haya establecido generando derechos tanto en lo administrativo, político y muy especialmente de asignación de territorio el cual es inmodificable en los casos referidos. Téngase presente que la posibilidad de creación de un nuevo municipio prevista en el artículo 16 de la ley 19.272, no es aplicable a los actuales Municipios que sucedieron a las ex Juntas Locales Autónomas que como la de San Carlos tiene asignado su territorio y competencias por Leyes nacionales como se ha expresado. Políticamente es poco probable que los Partidos Políticos se arriesguen a vulnerar la integridad y los principios ante la masa electoral ciudadana carolina.
Pesan la historia, la identidad, los lazos de todo orden que unen y caracterizan el orgulloso Ser Carolino con fuerte tradición desde su fundación en 1763.