SCJ declaró inconstitucional ley de INDDHH ante planteo de la Intendencia de Maldonado

El recurso fue interpuesto por la IDM luego de que el INDDHH la acusara de violar los derechos humanos de un grupo de funcionarios cesados por la administración comunal

La Suprema Corte de Justicia dictaminó que el artículo 7º de la ley Nº18.446 que dio vida al Instituto Nacional de Derechos Humanos es inconstitucional. El citado artículo fue redactado de la siguiente forma: “Artículo 7º. (Impugnabilidad).- Las resoluciones de la INDDHH que correspondan al ámbito de las competencias establecido en el artículo 4º de esta ley, deberán ser fundadas y no admitirán recurso; los demás actos administrativos podrán ser impugnados con los recursos y acciones previstos en la Constitución de la República”.
¿Por qué el máximo tribunal de justicia del país se expidió de esa forma?
Fue a partir de un recurso de anulación radicado por la administración municipal del entonces intendente Enrique Antía en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“El recurso fue interpuesto por nuestra administración luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanas nos acusara de violar los derechos humanos de un grupo de funcionarios que fueron cesados por la actual administración de una forma ajustada a derecho tal como luego lo estableció el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, dijo la doctora Adriana Graziuso, Directora General de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado. Graziuso sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos “bajo la careta de resoluciones y recomendaciones en realidad están aplicando una sanción”.
“Se trata de instituciones parajudiciales que emiten sanciones a organismos públicos pero que a su vez de acuerdo a lo que establece el artículo 7º de la ley 18.446 no admiten recurrencia. Esto es lo que lesiona los derechos de los administrados, en este caso el gobierno departamental de Maldonado”, explicó la jerarca.
“No puede ser que una institución como el INDDHH tenga la última palabra sobre los temas en que se expide como en este caso. Debe escuchar a la parte que ella está sancionando”, agregó.
“Este caso fue muy grave porque no solo no se nos permitió recurrir, sino que además, enseguida fue publicada la resolución por la cual la Intendencia fue acusada de violar los derechos humanos de un grupo de ex funcionarios cesados al comienzo de la presente administración”, enfatizó Graziuso.

Todos perdidosos
La funcionaria recordó que estos ex funcionarios recurrieron en su momento la decisión que los desvinculó de la Intendencia de Maldonado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Luego denunciaron a la administración ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “El TCA no les aceptó el planteo y por el contrario dejó firme la resolución de la Intendencia de Maldonado”, indicó. “Resultaron todos perdidosos ante el TCA y la Intendencia resultó victoriosa en el sentido que corresponde resaltar que el intendente tiene la facultad legal de no renovar los contratos”, explicó. “Esa facultad del intendente figuraba en los propios contratos”, añadió.
Graziuso recordó que apenas el INDDHH dictó esa resolución cuestionando a la Intendencia, el mismo fallo fue publicado y notificado a la Asamblea General del Poder Legislativo. “Otro fallo ordenó quitar esa publicación la que en realidad estuvo mucho tiempo sin ser retirada. Tampoco nos escucharon pese a que nos acusaron de violar los derechos humanos de esos funcionarios”, resaltó. “Hasta el más grande criminal tiene el derecho de hacerse oir. Acá no pasó nada y se nos aplicó la sanción”; expresó.
La funcionaria explicó que la acción de inconstitucionalidad fue resuelta por el propio TCA que de oficio deriva el expediente a la Suprema corte de Justicia.