La Suprema Corte de Justicia dispuso esta semana reasignar las funciones del Registro Civil y de Conciliaciones de la ciudad de Maldonado. La respectiva acordada, a la que tuvo acceso Correo de Punta del Este, sostuvo que de acuerdo a la normativa vigente, la corporación entendió la necesidad de reasignar las referidas tareas en el ámbito de la capital fernandina.
El objetivo es aunar criterios y establecer el régimen que asigne las funciones de Registro de Estado Civil y Conciliación en el ámbito de los juzgados de paz departamentales que existen en la ciudad de Maldonado.
Por esta razón, el organismo dispuso que las referidas funciones sean asignadas a los jueces de paz departamentales de 1º, 2º y 3º turno, los que actuarán en esas materias en periodos de diez días o aproximadamente decenales, del primer día del mes al diez, del once al veinte y del veintiuno al último día de cada mes.
El primer turno, bajo esta nueva modalidad, comenzará el próximo 1º de julio bajo la jurisdicción del juez de paz departamental de 1º turno de la ciudad de Maldonado.
Reserva
Por otra parte, la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial notificó a los jueces sobre un planteo efectuado tiempo atrás por el Colegio de Abogados del Uruguay.
El mismo apunta a la necesidad de mantener la reserva sobre las resoluciones judiciales adoptadas en materia penal hasta que los abogados defensores que intervengan en los respectivos asuntos sean debidamente notificados.
Por esta razón la Suprema Corte de Justicia pidió a los jueces en materia penal que extremen las medidas que consideren idóneas para mantener en reserva sus resoluciones hasta que los defensores intervinientes estén en su conocimiento.
“En su política de comunicación el sistema judicial deberá asegurar la libertad de información pero, a la vez, cuidar especialmente que no resulten perjudicados derechos e intereses legítimos de las personas, los abogados y la sociedad en su conjunto, ni se vea afectada la independencia judicial”, sostuvo la Suprema Corte de Justicia al recordar una medida adoptada en el ámbito de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana.
“Los medios de comunicación tienen derecho a solicitar información sobre cualquier aspecto concerniente al sistema de justicia y éste debe facilitársela siempre que no existan obstáculos de orden constitucional o legal. De este principio se derivan reglas específicas: una vez que los magistrados dicen sus decisiones y las firman, son públicas por lo que se establecerán mecanismos para que, después de que hayan sido puestas a disposición de las partes, se facilite su acceso a los medios de comunicación”, agregó.
