Se aguarda con expectativa la audiencia pública del “Complejo Residencial Punta Ballena”

La actividad se celebrará este lunes 29 de abril a las 18:00 horas, en el salón panorámico del Hotel del Lago Golf & Art Resort, ubicado en la Costanera Laguna del Sauce

El proyecto comprende el desarrollo residencial mediante la construcción de 29 edificios y sus servicios e infraestructura asociada

El pedido de los propietarios del extremo sur de Punta Ballena de construir veintinueve edificios en ese lugar de la costa del departamento estuvo durante mucho tiempo sin ser respondido por el ministerio de Ambiente.
Ahora se aguarda con expectativa la audiencia pública que tiene como objetivo la habilitación de la participación ciudadana respecto al referido proyecto. La actividad, que seguramente se realizará con un importante marco de público, se celebrará este lunes 29 de abril de 2024, a las 18:00 horas, en el salón panorámico del Hotel del Lago Golf & Art Resort, ubicado en la Costanera Laguna del Sauce.
Correo de Punta del Este fue el único medio del país que se refirió a este tema informando de la sentencia de la entonces jueza letrado de 7º turno de Maldonado, Martha Chao de Inchausti que ordenó la devolución del predio a sus propietarios.
Más acá en el tiempo, el 2 de febrero del año pasado, el entonces ministro de Ambiente, el fallecido Adrián Peña exclamó a un grupo de periodistas que lo esperaban a la salida de una reunión en la Torre Ejecutiva “estoy preocupado por lo de Punta Ballena”. Ninguno de los cronistas le pidió que explicara el alcance de sus palabras por lo que Peña pasó a responder las preguntas sobre otros temas de la agenda de entonces. Un periodista de Correo de Punta del Este consultó por whatsapp a Peña si su preocupación estaba relacionada con el pedido de los propietarios de los padrones ubicados al sur de Punta Ballena para construir los casi treinta edificios. El ministro ni siquiera tuvo la amabilidad de responder a ese petitorio.

Puesta de manifiesto
Luego, el 26 de octubre del año pasado el tema tomó estado público cuando Correo de Punta del Este reveló que el ministerio de Ambiente había puesto de manifiesto la propuesta. Desde ese entonces se ha generado una fuerte movilización en contra del proyecto. Miles de personas han firmado una petición y varios grupos organizados llevan adelante dos iniciativas para declarar a Punta Ballena área natural protegida, libre de edificaciones; una ante el Poder Ejecutivo y otra ante la Junta Departamental de Maldonado.
La historia del “Complejo Residencial Punta Ballena” comenzó hace casi cuatro años la sociedad compuesta por el banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo González, uno de los principales accionistas del banco Macro, y algunos de los sucesores de don Antonio Lussich, presentaron en el entonces ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una solicitud de autorización ambiental previa para la construcción de estos edificios en Punta Ballena.
A modo de resumen, el citado pedido figura en el sitio web del Ministerio de Ambiente: “El proyecto consiste en la construcción de 29 edificios con destino residencial, con sus servicios e infraestructuras asociados (incluyendo la construcción de 8 salones de usos múltiples – SUM y porterías), totalizando 320 unidades de vivienda”.
El resumen continúa: “La superficie total a ocupar en planta baja implica una impermeabilización del suelo del 33% respecto del total del predio del proyecto, siendo un 10% menor que el proyecto original (que ocupaba 40.582 m2). En cuanto a las tipologías de las viviendas, todos los edificios tendrán 3 o 4 niveles de altura (dependiendo del bloque), incluyendo apartamentos de 1 a 3 dormitorios. La construcción se ejecutará en 6 etapas, que se ejecutarán en un plazo aproximado de 7 años”.

Trámite
El trámite se remonta a mediados de los años noventa cuando una parte de los sucesores de don Antonio Lussich reclamaron en la Justicia la devolución de una serie de padrones que habían sido tomados por la Intendencia de Maldonado.
Los predios reclamados formaban parte de la sucesión del pionero Antonio Lussich quien había adquirido un enorme campo de 1900 hectáreas delimitado por Punta Ballena y el arroyo El Potrero. Ese predio fue parcelado según el plano inscripto el 22 de marzo de 1944 en la Dirección General de Catastro. La mayoría de los padrones de ese enorme campo fueron vendidos por los sucesores salvo el predio del sur de Punta Ballena. Ese predio figuraba en el plano como “espacio público” pero nunca fue escriturado por el gobierno departamental. Se trata de varios padrones que conforman una superficie de once hectáreas, incluyendo, además, las grutas del lugar y la playa existente junto a ellas. El 20 de octubre de 1961 el Concejo Departamental -encabezado por don Francisco Salazar y cuyo secretario general era el entonces funcionario Domingo Burgueño Miguel- estableció que el citado padrón se encontraba fuera del dominio público por lo que era de rigor la devolución a sus propietarios, los sucesores de don Antonio Lussich.
Sin embargo, el 13 de febrero de 1970 el intendente Gilberto Acosta Arteta dictó una resolución que dio inicio a la expropiación del citado padrón por “razones de utilidad pública”. El gobierno de Acosta Arteta impulsó la construcción de un centro de entretenimiento nocturno y un parador diario en la denominada Gruta del Tigre. Ambos proyectos se concretaron y conformaron uno de los lugares referentes de la movida nocturna de los años setenta y ochenta.

Fallo y apelación
Empero, llegó la dictadura y mediante la mecánica del instrumento jurídico denominado “urgente toma de posesión del bien” se hizo del lugar y de la propia gruta. Además de la boite y del parador, los militares construyeron la ruta hoy conocida como “Carlos Paéz Vilaró” y el mirador ubicado en la parte sur de la península. La decisión de los coroneles fue seguida por un planteamiento en un juzgado de Maldonado. La citada sede judicial falló a favor de los militares e inclusive fijó los montos que debían recibir los sucesores como indemnización.
Empero, los sucesores de Lussich retrucaron y en 1995 apelaron a la justicia. En 1997 la entonces jueza titular del juzgado civil de 7º turno de Maldonado, Martha Chao de Inchausti, condenó a la Intendencia a devolver el predio e inclusive habilitó que el gobierno se llevara la ruta panorámica y el mirador. Lo explicó de una forma particular al facultar a la accionada a llevarse los” materiales de las mejoras útiles en cuanto puedan ser separados sin detrimento de la cosa reivindicada si el propietario rehúsa pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados”.
El juicio en primera instancia fue caratulado “Hughes, Martha y otro c/ Intendencia Municipal de Maldonado, acción de reivindicación Fa. 116/95”- La Intendencia apeló el fallo de la jueza Chao Inchausti. A comienzos de este siglo, un tribunal de alzada y luego la propia Suprema Corte de Justicia, le dieron la razón a los vecinos. El fallo fue tan contundente que el propio Carlos Páez Vilaró reveló a Correo de Punta del Este que su cama matrimonial había quedado cortada a la mitad.
Luego de los fallos a su favor, los sucesores negociaron con la intendencia una salida de consenso. El acuerdo alcanzado entre las partes determinó que la ruta Panorámica y el mirador quedarían habilitados al uso público. También quedaron liberados al público accesos hacia una y otra margen del predio. Asimismo, la Intendencia habilitó la construcción de un grupo de bloques de edificios aterrazados y que no quedarán por encima de la línea de máxima altura.

Nuevo
Con el correr de los años, el banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo González fue comprando los derechos de varios de los sucesores de Don Antonio Lussich. Así se llegó con el trámite judicial, el acuerdo con la Intendencia y con el planteo ante el Ministerio de Ambiente. Esto fue hace más de tres años.

Salida fiscal
El análisis de la historia de la titularidad del dominio establece que la salida fiscal fue resuelta en el siglo XVIII a partir de la concesión de la Corona Española a favor del poblador don Isidro García. Los años pasaron hasta que su propietario de entonces, Gerónimo Cabrera, vendió las casi 1900 hectáreas a don Antonio Lussich. (ver nota debajo).