“¿Sensatez o paranoia?, esa es la cuestión…”, por Luis Eduardo Pereira*

Si la sentencia del recordado Alberto Candeau fue lapidaria para ¨los gigantes de pie de barro¨, las de Punta Colorada debieran al menos ser debidamente atendidas por los humildes mortales. Máxime cuando habló la Justicia, y ¨en reiteración real¨, como si fuera poco…
Inaudito, pero a pesar de los años transcurridos, empieza a quedar claro que quienes se interponen arteramente, parecen haber concurrido al mismo convento para convertirse a sus creencias.
Parece mentira, pero subsisten actitudes de una pléyade de mal pensantes que abonan lo que exponemos. No es casualidad…
Hay medios o empresas mediáticas que titulan como lo que son: ¨Compañeras y Militantes!!¨. Titulan mal, claro que sí…!!!
No sabemos si es por ignorancia o de mala fe, nomás…
Cuando dicen ¨Antía declaró en la Fiscalía por abuso de funciones¨, debieron decir: Antía declaró por Punta Colorada.
El ¨abuso¨ hasta la fecha, es una expresión de deseos de algunas cabecitas afiebradas… La boca se les haga a un lado!!
Esos sueltitos de Prensa con nefastas insinuaciones para inducir a la opinión pública, nunca van por buen camino.
Lo que no valoran, ni se detienen a explicarlo, es que Antía no ha sido el promotor de este ¨entuerto¨.
Además, no están ponderando que lo que la Administración ha priorizado en todo momento, ha sido -siempre con apego a la Ley y a la legalidad-, cumplir con seis sentencias judiciales más lo dictaminado por el Procurador del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ha sido enfática y contundentemente claro en sus expresiones.
Por otro lado, no se está teniendo en cuenta que lo realizado hasta el presente ha sido para reubicar un plan de trabajo ya aprobado por Medio Ambiente, ahora en condiciones razonablemente decorosas, lo que se hace desde hace años en el lugar en forma precaria. Simplemente, se han respetado las normas de Salud Animal y Ambiental, disponiéndose resolverlo con todas las garantías del caso.
Para lograrlo, nunca nos hemos movido de lo que han indicado las seis sentencias judiciales, que también sostenían se trataba de tierras públicas.
Por supuesto que aceptamos -como en toda Democracia que se precie de tal-, que tanto algunos de los vecinos movilizados como los Medios de Prensa puedan tener sus preferencias, e inclinarse por quien les plazca; pero cuando se trata de información pública, sería bueno se olvidaran de decir lo que no es; y lo peor hacerlo en forma artera y deleznable, como lo han establecido reiteradamente.
Porque nunca deberían olvidar tampoco, que cuando increpan tendenciosa y temerariamente a un Jerarca de Gobierno, soslayan que detrás de una conducta ejemplar, hay una familia, hay hijos, nietos, amigos…, y cuando las palabras groseras y descalificantes que han utilizado -aunque la Ley finalmente les demuestre su error-, las mismas después no se vuelven atrás, ni los interesados que resulten equivocados, saldrán a pedir disculpas.
En otro orden, pero no menos importante, habrá cuantiosas pérdidas -de tiempo y dinero-, no sólo por los atrasos producidos, sino porque no se hicieron las cosas en las formas y el tiempo que correspondía. Y ¿quién se hace cargo? ¿Quién paga los daños y perjuicios sobrevinientes para la sociedad?. Como siempre, indefectiblemente terminará ¨Juan Pueblo¨ haciéndose responsable final de tales desaguisados.
Entonces, vamos a tratarnos con responsabilidad intelectual y respeto, que es lo mínimo que se requiere para una sana convivencia.
Para que se sepa, los dictámenes de sentencias judiciales siempre tienen efecto retroactivo, por lo que las instrucciones que dan seis magistrados con anterioridad, igual deberían cumplirse por parte de un Gobierno, aunque no haya sido el propiciante inicial del tema que sea.
Si no, lo que estaría ocurriendo es que la Administración entró ahora en omisión y/o desacato.
No obstante, debe quedar claro que el ¨abuso de funciones¨ en este caso es un supuesto delito residual que no se habría configurado en la situación de referencia, ya que no ha operado como abuso innominado. Tal cual fue manifestado por la defensa oportunamente.
Esto es que si Antía hubiera declarado por ¨abuso de funciones¨, quiere decir que ya hubiera estado formalizado, y la Fiscalía lo que ha hacho hasta el momento, es tomarle declaración por un caso que está en proceso: el de Punta Colorada.
Que no enreden la piola y digan lo que no es, solo para enardecer a una tribuna que puede estar desinformada. Antía declaró por Punta Colorada y no por otra cosa.
Que se quiera recuperar una tierra para la sociedad toda, porque los moradores ocasionales no han acreditado su titularidad, sí… pero no a como dé lugar; si no, ya se hubiera actuado, y por algo estamos aún en veremos…
Recuérdese cuando se intentaba detener también las anteriores obras de Punta Colorada y San Francisco, y después terminarían disfrutándolas como todo el mundo, pero calladitos la boca, sin hacer olas…
Pasando raya; ¿es que los denunciantes sostienen que las seis sentencias anteriores más el Procurador del TCA han estado equivocados, y por lo tanto indujeron a error a quien cumple las sentencias?, en ese caso, ¿evaluarán reclamarles su responsabilidad a los magistrados?… si se razonara desapasionada y coherentemente, la inmensa mayoría convendría que no.
En conclusión, para que todo culmine como corresponde, vayamos despacito por las piedras y actuemos con sensatez.
Los cinco minutos de gloria mediática, a veces pueden resultar un boomerang, y puede ser que la enmienda resulte peor que el soneto.
El de Punta Colorada quedará en los anales como un caso del mundo del revés. Sin dudas ni atenuantes.
Lo inconcebible, es que nadie de la barra opositora se haya puesto a pensar que para que haya delito se requiere de un accionar ilegítimo, lo que nunca se ha producido en tanto la IDM se ha mantenido en la legalidad.
Así debería ser siempre.