La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol investigó una organización vinculada a la falsificación de documentos y la usurpación de terrenos en Punta Negra. La pesquisa permitió establecer una serie de operaciones inmobiliarias de compraventas simuladas por más de USD 250.000 y, el 29 de setiembre, la condena y formalización de siete personas. Las acciones eran lideradas por una inmobiliaria con asiento en el balneario de Piriápolis, con la participación de una escribana.
Según las actuaciones, la maniobra consistió en la instrumentación de compraventas simuladas mediante poderes cuya autenticidad y validez eran apócrifas, con el objetivo de obtener registralmente el dominio de determinados padrones en Punta Negra. Una vez incorporados los inmuebles al patrimonio de los investigados, estos eran vendidos mediante operaciones reales a compradores de buena fe, en varios casos a través de la inmobiliaria vinculada a los involucrados. En determinadas operaciones los inmuebles habrían sido revendidos en forma rápida y a precios inferiores a los consignados en las adquisiciones previas.
Denuncia de la IDM
La investigación se originó en una denuncia de 2019 de la Intendencia de Maldonado, tras detectarse irregularidades en operaciones sobre esos terrenos. La maniobra quedó al descubierto por el análisis de los protocolos incautados a la profesional escribana formalizada en la causa y de la información aportada por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. De ese análisis surgió que los importes consignados en las distintas compraventas no tenían correspondencia con movimientos financieros compatibles: no se registraron depósitos de esos valores en las cuentas de los supuestos vendedores ni débitos equivalentes en las de los compradores.
Además, se estableció que para instrumentar algunas operaciones se utilizaron poderes otorgados durante la década de 1980, atribuidos a un profesional escribano que posteriormente se encontraba inhabilitado para rubricar y que falleció en 2006. Hasta el momento se determinó la existencia de una serie de operaciones inmobiliarias presuntamente coordinadas, vinculadas a la utilización de documentación y poderes cuestionados para obtener el registro de inmuebles y su posterior enajenación, por un monto investigado de aproximadamente USD 253.000.
Esta causa ya había tenido avances parciales: el 24 de setiembre la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno obtuvo la condena de dos personas por asociación para delinquir en concurrencia con dos delitos de estafa (18 meses de prisión sustituidos por libertad a prueba con condiciones) y la imputación de otras dos, que quedaron con arresto domiciliario total con dispositivo electrónico.
