TCA anuló resolución de la IDM que pretendió cobrar por inspeccionar y controlar avisos publicitarios en comercio

La accionante del recurso de anulación fue la empresa Nummi Sociedad Anónima que se conoce con su nombre de fantasía “RedPagos”

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló una resolución de la Intendencia de Maldonado que estableció el precio anual por la inspección y control de avisos publicitarios y de propaganda de los comercios, que sean visibles desde la vía pública.
En este caso la accionante del recurso de anulación fue la empresa Nummi Sociedad Anónima que se conoce con su nombre de fantasía “RedPagos”.
El fallo a favor de Nummi SA se enmarca en reclamos similares presentados ante el mismo tribunal por empresas propietarias de bancos, distribuidoras y marcas de refrescos.
La resolución ahora anulada también había establecido de forma solidaria y obligatoria del referido pago no sólo a los fabricantes, instalaciones y anunciantes de publicidad y propaganda, sino también a los propietarios de los inmuebles en los que se localicen los avisos. La norma anulada delegó en el director general de Hacienda la fijación de los valores que se deberán pagar y la determinación de esos valores deberá atender a criterios técnicos, para lo cual se requerirá el asesoramiento de las oficinas competentes.
La misma norma exoneró el pago a los avisos de publicidad y propaganda de naturaleza cultural, política y de beneficencia.

Exceso de poder
La firma Redpagos, como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que la resolución impugnada es ilegítima porque prevé la creación de un ingreso que denomina “precio” por los servicios de inspección y control de la instalación de avisos de publicidad y propaganda en la vía pública o lo que sea visible desde la misma. Esto es, no se trata de una actividad económica que reporte ventaja a la empresa, sino que persigue una finalidad pública que es la de verificar que se cumplan con las normas municipales en esta materia. Destacó que, por su naturaleza, la resolución creó una tasa y no un precio, lo que debe ser realizado a través de un Decreto de la Junta Departamental de Maldonado (con fuerza de ley en su jurisdicción) y no por un acto administrativo, como lo es una resolución del Intendente. A partir de lo anterior destacó la incompetencia del órgano que dictó el acto, lo cual encuadró en un supuesto de exceso de poder y relacionó con una deficiente e insuficiente motivación. Afirmó que los artículos del Digesto Departamental números 87 y 89 establecen la obligación de pagar una tasa anual previo a la colocación del aviso y limitan la colocación de avisos publicitarios y de propaganda.
Al respecto, consideró que resulta totalmente desacertado sostener que la inspección y control de los mismos sea un servicio económico que reporte una utilidad o ventaja a la empresa inspeccionada, en base a lo cual se abone un precio; sino por el contrario, un servicio jurídico-administrativo previsto en el Digesto. Postuló que el Intendente, al carecer de competencia para crear tributos, incumple flagrantemente con uno de los principios de la imposición tributaria, como lo es el principio de legalidad. Así, el impuesto encubierto es ilegal por exorbitar las facultades tributarias municipales. Por último, sostuvo que la Administración, al resolver la imposición de una tasa encubierta en un precio, no siendo competente para ello, mostró un claro afán recaudatorio, apartándose del fin debido que debería ser cumplir con los cometidos estatales que la normativa le asigna. Así, la Administración incurrió en una situación de exceso de poder vedada por la ley, que configura inevitablemente la ilegitimidad del acto. En suma, solicitó la nulidad de la Resolución encausada.

La defensa de la IDM
La Intendencia, al contestar la demanda, defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a derecho. Indicó que, pese a la “infeliz” redacción de la norma, las tasas en cuestión fueron establecidas por los arts. 36 y 38 del Decreto de la Junta Departamental No. 3.595 de 24 de junio de 1988, por lo que la norma impugnada no innova, sino que tiene su base en un Decreto de la Junta Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción. Por su parte, recalcó que el régimen establecido por la resolución cuestionada resulta más beneficioso para la accionante que el estatuido en el referido Decreto No 3.595. En suma, requirió que sea desestimada la demanda y confirmado el acto impugnado.

El fallo

Habiendo analizado los argumentos de la actora y la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunció por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anuló el acto impugnado. Al atender la defensa esgrimida por la Intendencia, en cuanto plantea que la parte actora carecía de legitimación causal activa para accionar de nulidad contra la resolución impugnada, pues no advirtió que la misma cumpla con los requisitos exigidos por el art. 309 de la Constitución, esto es, ser titular de un interés directo, personal y legítimo, además de que no percibir la existencia de un perjuicio.
A juicio del Tribunal, no le asistió razón a la Administración. En efecto, conforme a los dichos de la actora, la misma fue fiscalizada e intimada a abonar los montos determinados conforme a la resolución impugnada, lo que supone que la misma tiene un interés directo, personal y legítimo para impugnarla.
Por otra parte, dicha resolución en la medida que estableció la obligación de quienes coloquen avisos de publicidad de propaganda de pagar un monto por la inspección y control de los mismos, resulta lesiva para éstos.
El fallo del TCA sostuvo que esta norma no fijó un precio sino una tasa, lo cual, implicaría un desborde competencial del Ejecutivo Departamental, de acuerdo con lo previsto por el artículo 273 Numeral 3° de la Carta Magna. La diferencia entre precio y tributos está jurídicamente determinada por el inciso segundo del artículo 10 y el artículo 12 del Código Tributario. El primero de ellos expresa: “No constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcionados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en sociedades de economía mixta o en concesión”. Mientras que el artículo 12, reza lo siguiente: “Tasa es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente; su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo”.

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