El Tribunal de Cuentas de la República insistió con la observación a un gasto efectuado por la Intendencia de Maldonado para contratar de forma directa a una gremial empresarial, que se ocuparía de pagar el sueldo de 175 obreros que trabajan en la construcción de viviendas de interés social.
El entonces intendente Oscar de los Santos aprobó la resolución 165/12 del 23 de febrero de 2012 por la cual fue celebrado el convenio con la asociación civil “Unión de Comerciantes Minoristas de Maldonado”. Por esa resolución, la institución se hizo cargo del gerenciamiento administrativo y contable del pago de sueldos de hasta 175 personas destinadas a cumplir tareas en los programas de construcción de viviendas de interés sociales de la Intendencia de Maldonado. Por gestionar el pago de los sueldos la Unión de Comerciantes Minoristas cobraba el 4.7% sobre los fondos administrados impuestos incluidos.
El gasto fue observado desde la fecha en que el convenio fue celebrado entre ambas partes. El Tribunal de Cuentas de la República sostuvo que, de acuerdo al monto, el convenio debió ser definido por una licitación pública y que el procedimiento no fue realizado con la debida publicidad.
“Los gobiernos departamentales carecen de competencia para la construcción y venta de viviendas, fuera del marco normativo aprobado por el gobierno nacional. (..) La competencia es uno de los elementos esenciales para poder obrar la administración legítimamente y conforme al ordenamiento jurídico la construcción y venta de viviendas está asignado como competencia a otros órganos del Estado”, afirmó el organismo a la hora de observar el procedimiento.
No podía
Además, el TCR dijo que el convenio no puede celebrarse hasta por motivos de forma, ya que el objeto social de la referida asociación civil, previsto en el artículo 2º del estatuto, no abarca el objeto del llamado efectuado por la Intendencia.
“La Intendencia se obligaba al pago de los jornales, y todas las cargas sociales, por lo cual, se vulneraban la normas de contratación de personas para realizar tareas asignadas por la propia Intendencia, dejando la contratación a cargo de un tercero”, continuó el TCR.
El convenio fue renovado a partir del primer año y las observaciones fueron interpuestas a medida que pasó el tiempo.
El 15 de febrero pasado la Intendencia de Maldonado imputó la suma de $ 39:833.298 para cubrir el período enero –junio de 2015. Dicho gasto corresponde a viviendas en Maldonado, San Carlos y Piriápolis en el período junio- enero de 2015.
