Tribunal de apelaciones dio luz verde a la IDM para demoler varias construcciones en El Tesoro

El caso se sustanció en el ámbito del juzgado civil de 5º turno de Maldonado cuya titular ordenó a los ocupantes de los predios “no efectuar más obras en los inmuebles objeto de estas actuaciones, bajo apercibimiento de su demolición inmediata”

Las viviendas están construidas en terrenos propiedad del gobierno departamental aseguraron los abogados de la comuna.

Un tribunal de apelaciones dio luz verde a la Intendencia de Maldonado para demoler varias construcciones de El Tesoro levantadas por particulares en un espacio público adyacente al arroyo Maldonado.
El caso se sustanció en el ámbito del juzgado civil de 5º turno de Maldonado cuya titular, la jueza Claudia Valletti, ordenó a los ocupantes de los predios “no efectuar más obras en los inmuebles objeto de estas actuaciones, bajo apercibimiento de su demolición inmediata”.
Los ocupantes de los predios accionaron contra ese fallo en primera instancia recordando que una decisión de un juzgado de paz, reconoció que se trata de bienes privados y no públicos. Por lo tanto exigieron que se revocara la decisión impugnada y se dejara sin efecto la orden de no efectuar más obras y el apercibimiento dispuesto.
Los abogados de la Intendencia de Maldonado respondieron al recurso de los ocupantes y aseguraron que los predios en cuestión son propiedad del gobierno departamental. El tribunal de apelaciones en lo civil de 5º turno confirmó, por resolución del pasado 30 de junio, el fallo en primera instancia a favor de la Intendencia de Maldonado.

Antecedentes
La Intendencia de Maldonado demandó ante el Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 2do. Turno, la demolición de construcciones irregulares en los padrones de dominio público, números 12.797, 12.798, 12.799 y 12.779 de la localidad El Tesoro contra Gladys Fernández, Virginia Viera y Julio Boggio, fundándose en el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Nº 18.308.
El artículo 69º de la ley nº18.308 Potestad de las Intendencias Departamentales señala que las Intendencias Departamentales, en el marco de sus poderes de policía territorial y de la edificación, deberán impedir la ocupación, construcción, loteo, fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar soluciones habitacionales, que implique la violación de la legislación vigente en la materia o de los instrumentos de ordenamiento territorial, en los bienes inmuebles del dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con destino habitacional, y en los bienes inmuebles del dominio público o fiscal. En todos los casos, las Intendencias Departamentales podrán recurrir al auxilio de la fuerza pública.

Oposición de excepciones
La jueza letrada de paz departamental de 2º turno de Maldonado, Florencia Vizcaino, determinó que, a los efectos de brindar mayores garantías procesales a las partes, correspondía la sustanciación del proceso pretendido por la vía ordinaria, sin perjuicio del argumento del accionante fincado en que la jurisprudencia suele aplicar la estructura del incidente.
Conferido traslado de la demanda, se presentaron a oponer excepciones de falta de competencia por razón de cuantía y falta de conciliación previa, y a contestar la demanda: Virginia Viera, Silvia Boggio, María Campos, Andrés Junior Boggio y Belén Boggio en calidad de sucesores de Julio Boggio, señalando que habitan en el padrón 12.779 desde el año 2011, habiendo construido tres viviendas habitando en ellas, respectivamente: 1) Silvia Boggio; 2) Belén Boggio; 3) María Campos (viuda de Julio y madre de las antes mencionadas). Por su parte, el padrón 12.799 se encuentra habitado por Virginia Viera, su marido Cristian y sus dos hijas menores de edad, desde el año 2013.
En su presentación señalaron que la acción es manifiestamente improponible porque la acción de amparo prevista en el art. 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial únicamente se aplica a bienes inmuebles privados, en tanto que la Intendencia afirma que se trata de padrones del dominio público. Alegaron, además, que no se cumplieron los requisitos legales para que los predios configurasen espacios libres destinados al uso o al dominio público, al cual nunca estuvieron afectados, habiéndose, inclusive, celebrado convenios de pago de contribución inmobiliaria y asignación de números de padrón por parte de Catastro. Finalmente, señalaron que en dichos predios no se está ejecutando una urbanización irregular, sino que el fraccionamiento fue autorizado hace cinco décadas, levantándose construcciones regulares y regularizables, por lo que no se cumplen los requerimientos para aplicar el multicitado artículo 69.
También se presentó a oponer excepciones y a contestar la demanda la codemandada Gladys Fernández en términos similares a los restantes codemandados.

Materia civil
La Intendencia evacuó el traslado del excepcionamiento, manifestando que no se requiere conciliación previa, y que los inmuebles pasaron de pleno derecho al dominio público en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 14.530 y en el artículo 283 de la Ley 19.149, las construcciones son irregulares, y del expediente IUE 294-515/2015 emerge que la Sra. Gladys Fernández intentó sin éxito ser declarada propietaria de los padrones 12.797 y 12.798.Ambas partes propusieron el diligenciamiento de prueba.
Ante los hechos, la jueza de paz actuante se declaró incompetente por lo que el caso pasó al ámbito del juzgado letrado en lo civil de 5º turno de Maldonado, a cargo de la jueza Claudia Valetti.
Valetti pronunció la sentencia interlocutoria recurrida, en que relevó que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 235 de la Ley 19.996, la competencia por razón de materia corresponde al Juzgado Letrado de Primera Instancia con competencia en materia Civil. Asimismo, advirtió que, de acuerdo a lo previsto en la norma citada, examinados los extremos previstos en los literales A y B, se debe decretar en forma inmediata la suspensión de las obras, el desapoderamiento del bien y la demolición de las construcciones irregulares existentes.
“Deberá la accionada no efectuar más obras en los inmuebles objeto de estas actuaciones, bajo apercibimiento de su demolición inmediata” sentenció Valleti

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