Tribunal de Apelaciones dispuso arresto domiciliario para el asesino del empresario Daniel Lalinde

El homicida cumplía la pena preventiva de 120 días a la espera del inicio del juicio

El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1º turno dispuso el arresto domiciliario del asesino del empresario inmobiliario Daniel Lalinde, ocurrido el miércoles 22 de setiembre de 2021 en el campo de éste último de la zona rural de Garzón. El homicida cumplía la pena preventiva de 120 días a la espera del inicio del juicio según fue dispuesta en la audiencia de formalización celebrada en el juzgado de San Carlos de 1º turno donde se sustancia la causa.

En la citada audiencia la jueza Andrea Caamaño accedió al planteo de la fiscal Mariela Núñez. Durante la audiencia la abogada del homicida interpuesto un recurso de reposición y apelación apelando a razones de salud y humanidad. La defensa entendía que el imputado además de tener 77 años padece de serios problemas de salud por lo que en su casa encaja la figura del arresto domiciliario total. La fiscalía contestó el planteo de la defensa recordando que era su obligación  solicitar la prisión preventiva para los acusados  de cometer homicidios especialmente agravados. De todas formas, la fiscalía entendió la posición de la defensa. En tanto la jueza omitió pronunciarse sobre el tema.

El tribunal, al analizar el recurso, recordó que sin oposición de solicitud, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por entender que el imputado había cometido un delito grave. “Oída Fiscalía, dijo tener el deber de solicitar la preventiva conforme a la ley, pero entendiendo las razones de la Defensa, las cuales comparte en su mayoría, de decidir la Sede disponer una cautela menos gravosa, adelantó que no se opondría. Sin embargo, recayó la recurrida, donde se dispuso la preventiva con escueta mención a circunstancias del delito, en aparente referencia a lo previsto en el lit. d) del art. 228.1 CPP.”, explicó el tribunal. El citado artículo establece que los elementos de especial relevancia para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la prisión preventiva el juez deberá asignar especial relevancia a una serie de elementos de juicio. En este caso se menciona el caso de los imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito cometido. “Como tiene dicho la Sala, el deber de solicitar preventiva que pesa sobre Fiscalía cuando imputan ciertas figuras delictuales entre ellas, el Homicidio agravado, no es vinculante para los Magistrados del Poder Judicial. De lo contrario, se tendría prisión preventiva preceptiva en todas esas imputaciones, lo cual no ha sido sostenido ni es posible”, agregó.

Por lo tanto, la obligación funcional de la parte no relevaba de ponderar en el caso, que ninguna referencia concreta a peligros procesales contenía la solicitud fiscal, y que además, tampoco había real oposición a la solicitud de prisión domiciliaria por edad y salud del imputado, invocadas por la Defensa, que a pesar de lo manifestado por ésta en cuanto a falta de cobertura normativa, están previstas en art. 228 CPP. Y cuando Fiscalía no aduce ningún peligro procesal concreto, las presunciones del art. 224.2 no dan sentido a la prevención del lit. d) para imputado mayor de 70 años, siendo que dichos peligros tampoco se presentan como impedimento de la prisión domiciliaria a partir del relato del hecho y de la participación que en éste admitiera o se atribuye”; finaliza.