Vecinos de El Cortijo harán denuncian penal

 

Vecinos del barrio El Cortijo, anunciaron que harán una denuncia penal ya que el pasado lunes mientras se realizaba el remate de una de las viviendas comprobaron que un funcionario de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) se había hecho presente para “picar” la subasta. La abogada Flavia Núñez, en su calidad de vecina del barrio, señaló que se está formalizando una denuncia penal por esta situación, que fue documentada en un video (que se puede ver en nota aparte).
La abogada dio detalles de la situación, que llevó a que se solicitara la presencia policial ante el enojo de los vecinos presentes. “En medio del anunciado remate de una vivienda, comenzó una puja. Y en un momento dado quedó identificado como funcionario de la propia Agencia (Nacional de Vivienda) uno de los que estaba ‘picando’ el precio en el remate. Nosotros lo dejamos documentado en un video. Eso està en manos de nuestro abogado y estamos formalizando una denuncia penal por este hecho”.
Según dijo Núñez las autoridades locales de la ANV explicaron que pueden “picar” hasta por el 90% de la oferta, aunque consideró que eso no está establecido en la legislación y agregó que eso está prohibido expresamente para funcionarios de la ANV y sus cónyuges, por lo que habría un conflicto de intereses. Destacó que el jerarca no les supo explicar en qué norma se basan para llevar adelante esa acción. “Nosotros concurrimos al acto, pero no pujamos. Pero en este caso la Agencia pujó. Está interfiriendo directamente”, acusó. “Me parece que está mal hablar de un precio base si ellos después ya tienen asegurado un precio mínimo, que no es el de la base”, resaltó.
Al principio, se montó todo como “una puesta en escena”, pero, ante la presión, la situación “quedó en evidencia” y no pudieron negar que quien pujaba era un funcionario de la ANV. “Esto sigue… Nos encontramos con sorpresas todo el tiempo”, agregó.

Indefensos
Explicó que el remate fue extra judicial porque la ANV lo hace por la vía administrativa. “Eso también nos coloca en una situación de indefensión porque los plazos no pueden ser repelidos con acciones judiciales”, o con una medida cautelar. La propiedad “se remató definitivamente el lunes. Lo compró el propietario… Estamos evaluando la anulación”, indicó. La base de la subasta de la propiedad era de 22 mil dólares, pero el precio fue llevado, en la puja, hasta 60 mil.
Las residencias fueron construidas hace unos 16 años por la empresa Nelori SA que en 1990 pidió un préstamo para construir y luego, según se afirma, no pudo pagar. La empresa tampoco cobró las viviendas que había vendido en cuotas.