Las autoridades de la Mesa Política del Frente Amplio siguen cumpliendo su promesa de salir al cruce de todas las afirmaciones nacionalistas que consideren falsas y emiten constantemente mensajes dirigidos a la ciudadanía. La última aclaración fue redactada para salir al cruce de una denuncia realizada la pasada semana por la edila nacionalista Magdalena Zumarán sobre una deuda de nueve millones de dólares por viviendas impagas que, según afirmó, dejó la pasada administración a las autoridades blancas de la IDM.
“La intendencia Departamental de Maldonado tiene dinero y tiene tierras”, insistió el comunicado emitido por la Mesa Política del FA en las últimas horas que, además, agregó que la administración anterior tuvo una política “clara para viviendas y asentamientos”.
“Esta Intendencia dispone de 130 millones de pesos del decreto de Retorno por Mayor Valor, recién derogado por Antía, para destinar específicamente a viviendas. Dispone también de un fideicomiso con República AFISA, de terrenos destinados a la financiación de programas de viviendas por 14 millones de dólares, de los que se habían vendido 2 millones 500 mil dólares a febrero 2015. Con ese activo de respaldo, la Intendencia venía utilizando recursos propios para que los programas no se detuvieran y regenerarlos con el resultado de las ventas”, señaló el comunicado. Asimismo, dijo que la IDM “dispone por ejemplo, de 36 hectáreas, 9 de ellas con servicios, al norte de la ciudad; terreno destinado al realojo de los asentamientos Benedetti y Los Eucaliptos y que el Intendente se niega porfiadamente a utilizar, aún en una inminente situación de desalojo para este mismo mes. Seguramente siente la presión de algunos sectores, que no quieren a los pobres cerca”, agregó la Mesa Política.
Procesos
El mensaje añadió que “la Ley de Ordenamiento Territorial prevé en su articulado, que en determinados fraccionamientos, el privado deberá ceder el 10% de la tierra, situación que ocurre con emprendimientos en ruta 39 que están a consideración, donde la Intendencia dispondrá de tierras al oeste de dicha ruta, y entre 8 y 10 hectáreas al margen de la perimetral”, precisó.
“El San Antonio 3 está en la fase de culminación, el San Antonio 4 ya debería tener el anteproyecto ejecutivo pronto para la puesta de manifiesto y así abrir el proceso de licitación correspondiente, y el San Antonio 5 ya está regularizado. La Capuera ha sido en gran parte regularizada y los realojos de El Placer y la zona de servidumbre de paso de los cables de alta tensión del San Antonio, se están construyendo en acuerdo con el Ministerio de Vivienda”, añadió.
La Mesa también aseguró que “se invirtieron 600 millones de pesos de recursos propios para atender la problemática de la vivienda y el hábitat, la mayor inversión de la historia en este rubro en Maldonado. Como resultado de ello podemos afirmar objetivamente que se lograron unas 1.850 soluciones habitacionales, entre viviendas entregadas o aún en fase de culminación (con financiación) y banco de materiales. Se regularizaron 2516 padrones y se cedieron terrenos a cooperativas, como en Cañada Aparicio para 500 viviendas más”, aseguró el documento.
“Sin embargo se habla irresponsablemente de números sin ningún sustento racional, falseando la realidad y queriendo manipular la opinión pública. Los y las portavoces de la derecha se equivocan feo, porque desconocen lo que se hizo y porque tampoco quieren saberlo. Son falsos los números que se manejan como deudas, porque las contrapartidas del MVOTMA, van llegando en función de los avances de obra. Es falso que se le debe a MEVIR; están los recursos para pagar cuando la obra concluya. Es falso que le debemos a la ANV por mano de obra y por materiales porque es la ANV que construye y contrata. La Intendencia se hace cargo de los aportes sociales, según el convenio que es conveniente leer, antes de hacer apreciaciones públicas malintencionadas”, dijo.
“Cuando traspasamos el Gobierno, había alrededor de 100 obreros trabajando y fue Antía quien eligió detener las obras sin explicación y mandar al seguro de paro a 70 de ellos, razón por la cual parece absurdo atribuirle a nuestra administración los costos de esos eventuales juicios que puedan desencadenarse,
“Chantaje”
“Y cuando escuchamos hablar dramáticamente del déficit, como si fuera un caballito de batalla rendidor, sería bueno considerar la cantidad y la calidad de un déficit. El Gobierno del Frente Amplio, no solo dejó un déficit porcentualmente inferior al heredado en relación a los ingresos, sino que lo hizo sin sacrificar la calidad de los servicios y sin reducir la inversión social. Resulta llamativo, casi un chantaje diríamos, que este planteo se haga al mismo tiempo que Antía solicita anuencia a la Junta Departamental, para contraer un préstamo por 80 millones de dólares”, finaliza el documento.
