Mientras el gobierno argentino, bajo la batuta del ministro Federico Sturzenegger, prepara una motosierra para derribar las barreras de entrada en el sector inmobiliario, Uruguay avanza en la dirección opuesta: regular a un mercado que crece con la vista puesta en la inversión extranjera.
Dos países vecinos, dos concepciones opuestas sobre cómo debe funcionar la intermediación y la promoción inmobiliaria en la región.
Argentina: “El fin de los privilegios” y un mercado libre
La administración de Javier Milei enviará en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso que propone una desregulación total del corretaje inmobiliario. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, apunta a dinamizar el mercado eliminando lo que consideran “privilegios creados por ley”.
Según el borrador, publicado por el diario La Nación, el proyecto contempla puntos clave como la eliminación de la matrícula obligatoria, por lo que ya no será necesario estar inscripto en colegios profesionales para operar. Además, se elimina la exigencia de título universitario, los colegios perderán su poder sancionatorio, y se acabarán las restricciones geográficas para operar en distintas provincias.
“Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, sentenció Sturzenegger durante un evento sectorial, defendiendo la libertad de honorarios y la derogación de toda la normativa previa que imponga barreras.
Esta postura encuentra eco en el sector privado tecnológico. “Desregular no es desordenar. Es ordenar bajo una lógica más exigente, donde la validación no proviene de una matrícula sino del mercado”, explicó a La Nación Jorge Amoreo Casotti, CEO de la startup inmobiliaria Pint. Para Casotti, la actividad debe dejar de ser una “seuda-profesión científica” para volver a su “verdadera naturaleza comercial”.
Uruguay: Registro obligatorio y estímulos a la inversión
De este lado del Río de la Plata, el escenario es radicalmente distinto. Uruguay está en la fase final de reglamentación de la Ley Nº 20.380, que regula la actividad de los operadores inmobiliarios . Aprobada en 2024, la normativa crea el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, de acceso público y gestión digital, que será de carácter obligatorio para ejercer.
A diferencia del modelo argentino que flexibiliza los requisitos, la normativa exige a sus operadores la aprobación de cursos avalados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), además de controles rigurosos para prevenir el lavado de activos.
¿Choque de paradigmas?
Mientras Sturzenegger defiende que la desregulación de los alquileres (mediante DNU en 2023) aumentó un 300% la oferta y bajó los precios reales un 30%, en Uruguay los inmobiliarios alertaron recientemente sobre los riesgos de intervenir el mercado, oponiéndose a propuestas legislativas que buscan regular los precios de los alquileres. Curiosamente, el sector privado uruguayo, que apoya la regulación profesional, rechaza la intervención en los precios, abogando por la libre oferta y demanda.
En resumen, Argentina apuesta por la desburocratización total como motor de la economía, confiando en que la competencia y el mercado autorregulen la calidad del servicio inmobiliario. Uruguay, en cambio, profundiza en un modelo de profesionalización controlada, donde el Estado garantiza la idoneidad del intermediario al tiempo que ofrece incentivos fiscales para atraer capitales. Dos modelos opuestos que, en los próximos años, servirán como laboratorio regional para medir el impacto de la regulación en el acceso a la vivienda y la dinámica del sector.
