Mediante el mecanismo de toma urgente de posesión, el gobierno autorizó a la empresa estatal de telecomunicaciones, la expropiación de un predio ubicado en la calle “Los Alhelíes” del barrio Altos del Pinar de la ciudad de Maldonado. La decisión se adopta en el marco de la polémica instancia generada el 15 de agosto de 2014 cuando el subgerente general de operación de ANTEL, en ejercicio delegadas, aprobó el arrendamiento del padrón N°15.997, manzana catastral N° 1.755, ubicado en el departamento de Maldonado, para la radiobase de telefonía celular denominada “Maldonado Park”.
El arrendamiento fue acordado por la empresa estatal con el propietario del terreno, Julio César Rivera Casas, por un precio de U$S 30 mil anuales por un plazo de quince años.
La resolución establece que, luego de la firma del contrato, “la Administración Nacional de Telecomunicaciones advirtió que existía un vínculo funcional entre la referida Administración y el propietario del inmueble, impedimento para contratar válidamente según lo establecido por el artículo 46 del TOCAF, derivando nulo el contrato celebrado por ausencia de poder normativo negocial”.

Vecinos denunciantes
En realidad, el caso tomó estado público en setiembre de ese año cuando un grupo de vecinos encabezado por el abogado Pablo Piacenti denunció el hecho y el vínculo laboral entre el propietario del predio y la empresa estatal. Los vecinos fueron más allá y en setiembre de ese año radicaron una denuncia penal. A partir de esa denuncia, ANTEL revisó el contrato, inició un sumario al funcionario y decidió solicitar a su superior jerárquico la autorización correspondiente para iniciar el trámite de expropiación del predio.
Esto ocurrió el 30 de noviembre de 2018 cuando el directorio de ANTEL “resolvió autorizar acciones tendientes a la resolución del contrato de arrendamiento de una fracción de campo, padrón N°15.997 (p), manzana catastral N° 1.755, ubicado en el departamento de Maldonado y solicitar al Poder Ejecutivo el Decreto de Expropiación sobre la fracción de terreno mencionada”.
En la órbita de los servicios de comunicación audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería, se entendió que el pedido de expropiación solicitado “responde a un interés general, por lo que considera plenamente probada la necesidad y utilidad pública de la adquisición del inmueble en cuestión, tal como lo prescriben el artículo 32 de la
Constitución de la República y las disposiciones de la Ley N° 3.958 de 28 de marzo de 1912, sugiriendo el dictado del Decreto de expropiación Pertinente”.
En virtud de lo expuesto, el pasado 9 de julio, el presidente Luis Lacalle Pou actuando con el ministro respectivo dictó el correspondiente decreto por el cual fue autorizada la expropiación del predio. Asimismo, el mandatario declaró la toma urgente de posesión del citado predio.