El titular de Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, adelantó ayer al diario El Observador, que los inspectores de la repartición regresarán en estos días a controlar a Punta del Este, principalmente a inmobiliarias, escribanos y constructoras de obras que se ejecutan en la zona. Ahora también se fiscalizará la compraventa de campos, dado que ese es otro rubro que puede ser usado para el lavado de activos. “La idea es ir sobre mayores riesgos. Pedir documentación, ver las diligencias que cumplieron, si existen sociedades panameñas y si tienen que tener claro de donde provienen los fondos”, adelantó Espinosa al diario capitalino. De paso, el jerarca defendió la nueva ley de lavado, que está vigente desde diciembre y ha sido duramente criticada por cuanto parece transformar a escribanos e inmobiliarios “en policías” y complica las operaciones comerciales. Espinosa afirmó que si la ley no existiera casos como el del argentino Marcelo Balcedo, o el de los cambistas brasileños vinculados al Lava Jato no se hubieran descubierto.
Cuando el diario le señaló que la norma ha sido cuestionado por la academia y tildada incluso de “mamarracho” por Gonzalo Fernández, Espinosa respondió: “quiero defender la ley no solo por la necesidad de tener una ley con estas disposiciones, sino por todo el proceso de la Secretaría Antilavado, con el liderazgo de Carlos Díaz (el anterior secretario, ya fallecido) creó un comité de trabajo con más de 60 personas, profesionales, parlamentarios, abogados, representantes de la Fiscalía y del Poder Judicial, BCU… Por eso estas críticas son bastante injustas. La postura de Gonzalo Fernández resume una posición de la academia que viene desde hace 20 años. Es una discusión teórica que ya está superada en el mundo. El fiscal de Corte Jorge Díaz ha sido muy enfático en defender el lavado como delito autónomo, porque permite su enjuiciamiento y el decomiso de los bienes de los criminales, para ser más efectivos en el combate a las mafias. Hay que tener a la defraudación como delito precedente”, indicó.
Delito autónomo
Cuando el diario le señaló que la crítica de Gonzalo Fernández “venía a cuento de que esta ley salió por presión de organismos como GAFI que en 2019 va a hacer controles a Uruguay”, Espinosa señaló que “en todo el mundo ha habido posiciones muy duras, pero todo el mundo está yendo a la solución que propone esta ley: tipificar el delito de lavado como delito autónomo, defraudación como delito precedente, facilitar el decomiso de bienes, se entiende que se necesitaban para combatir el lavado”.
En cuanto a lo que se le pide a los profesionales, señaló que “los límites están en lo que hay que cuidar para que no se conviertan en un policía. Tienen que preguntar sobre el origen del dinero y en la medida en que vean algo inusual -que la persona no opere dentro del perfil- reportarlo al Banco Central porque el delito de lavado se conoce a través de acciones lícitas y el Estado no puede controlar acciones lícitas porque no está en contacto con los operadores. Estamos trabajando para reglamentar la ley con todos los colegios de profesionales y sectores (rematadores, zonas francas, inmobiliarias) y queremos que para cada sector haya una obligación razonable”, explicó.
El matutino le recordó que hace poco la Justicia absolvió a la escribana que intervino en el caso vinculado a la banda de Los Cuinis porque no se la podía responsabilizar por lavado; Espinosa dijo al respecto que “de todas maneras la Secretaría Antilavado está tramitando un expediente sancionatorio porque entiende que no cumplió adecuadamente con la debida diligencia desde el punto de vista administrativo. Desde 2015 la secretaría ha aplicado unas 20 y poco sanciones”. Las sanciones “van desde la observación a la multa. Incluso hay posibilidad de suspensión de 90 días que sería la más grave y no se ha aplicado nunca. Muchas de ellas son observaciones”, agregó.
En relación a la venta del campo de El Entrevero, vinculado “a la ruta del dinero K”, dijo que si bien el TCA anuló la sanción al escribano y a la inmobiliaria la secretaría anunció que insistiría con la sanción. “El TCA observó la forma en que se determinó el monto de la sanción, pero reconoció que habían incumplido con las obligaciones que les impone la ley. La secretaria dispuso recomponer el acto y está tramitando una nueva sanción, ya se le notificó a los dos”, señaló.
Evasión
Cuando se le inquirió por qué había dicho “que la defraudación es lo grueso del lavado”, respondió que “el caso reciente por el que fueron detenidos los operadores cambiarios de Brasil muestra la dimensión del tema. Uruguay siempre estuvo formando parte de mecanismos de evasión fiscal de Brasil y de Argentina. Pero eso no era lavado de activos en Uruguay. Siempre que venían pedidos de cooperación de Argentina y Brasil estaba la traba de decir si es evasión de divisas no puedo cooperar. En ese caso básicamente era evasión porque ellos tenían un mecanismo para sacar reales de Brasil –que es una economía muy controlada que dificulta las transacciones con el exterior- y justamente el pedido que vino es por US$ 25 millones vinculados de corrupción que se identificaron”, señaló.
