Tal cual se había anunciado meses atrás, la Dirección General de Asuntos Legales de la Intendencia continuó trabajando en la regularización de las viviendas sociales, construidas por la comuna en los años noventa y pedirá el desalojo de 45 de ellas ante la justicia. La comuna constató que los ocupantes de esas viviendas habían incurrido en diversas irregularidades, como la falta de pago, la venta directa sin escrituración alguna y otras faltas a la normativa que regía el acceso a ese tipo de solución habitacional.
La novedad fue adelantada ayer a FM Gente por la propia jefe comunal, Susana Hernández, quien precisó que los expedientes de desalojo son solo 45 “y no son todos de Cerro Pelado”.
“Los desalojos iniciados en el proceso judicial no tienen marcha atrás en el sentido que empezaron la vía judicial y en cada uno de ellos queda demostrado que hubo mucho más de dos o tres oportunidades para reinsertarse en el proceso de cumplimiento”, explicó.
Por otra parte, dijo que en todos los procesos hay “distintas situaciones”. En varios casos los titulares de las viviendas las vendieron clandestinamente a terceros a pesar de que solo eran “promitentes compradores”. Los desalojados serán quienes adquirieron las casas de manera irregular.
Regularizados
En el curso del reportaje concedido a la emisora local, Hernández explicó de qué modo se fue interiorizando del tema desde que asumió su cargo y el tiempo que le llevó conocer la realidad. Según afirmó, en determinado momento se le hizo evidente que había casos de “una gran ilegalidad”.
Por ejemplo, “muchas situaciones de venta de los derechos que tenían ahí de promitente comprador sin participación de profesionales, ventas en distintos precios, cosa de una gran ilegalidad”.
“Las viviendas son de interés social; de los compromisos de compraventa surge claramente la prohibición (de vender las viviendas); pienso que por eso no hay participación de profesionales, pero donde los precios oscilan entre 10 mil pesos y 4.000 y 5.000 dólares, y algunos más”, indicó.
Asimismo, recordó que quienes hoy son desalojados tuvieron varias oportunidades para regularizar su situación a partir de 2006. Muchos de quienes corrían el riesgo de ser desalojados regularizaron todo y hoy son dueños de sus casas, precisó.
“Los que estaban en cesación de distintas etapas de los incumplimientos podían no seguir con los compromisos de compraventa que tenían desde la época que se había hecho la adjudicación, o ampararse al decreto y conformar un nuevo convenio”, explicó.
Disculpas
La intendente también refirió que había recibido a la comisión de vecinos del barrio, que “estaba conformada por personas que estaban en el proceso de desalojo, y otros que eran vecinos que habían cumplido y que habían escriturado. Les expliqué lo que les estoy explicando a ustedes”.
“Les manifesté mi asombro de que algunos no estuvieran ya desalojados, no solamente por el proceso de irregularidad y de dolo que había en los mismos, sino porque había casos de haber construido en el fondo, estar alquilando, tener depósitos en garantía, era una situación muy compleja”, señaló.
“Algunos de los vecinos que vinieron me pidieron disculpas porque no sabían que los procesos de desalojo estaban en ámbitos que eran realmente de no poderse la mayoría de ellos respaldarse bajo ningún concepto”, añadió.
Asimismo, dijo que miembros “del Partido Nacional en la Junta Departamental pidieron una audiencia la semana pasada, entre otros temas estaban solicitando volver a la comisión tripartita” que seguía este proceso.
“Quién está hablando y en virtud de una herramienta que generó este propio gobierno, reactivar una comisión de seguimiento, no existiría problema, pero entendamos también que la Junta Departamental siempre nos puede pedir informes”, indicó.
Por otra parte, dijo que hay otros casos que “siguen adelante, están en proceso, y si existiera una situación de injusticia -que a veces puede pasar en esto que es el desborde laboral-, no tenemos ningún problema en mirar casos puntuales y en definitiva rediscutirlos”, concluyó.
La publicidad sí se detiene
Susana Hernández confirmó ayer que la comuna modificará sus avisos publicitarios a pedido de dirigentes nacionalistas que estimaban que los anuncios oficiales se parecían demasiado a los avisos proselitistas del partido de gobierno.
En este caso, Hernández dijo que ya tuvo y tendrá reuniones con los jerarcas correspondientes para que los reclames de la IDM saquen la frase “Maldonado no se detiene”, que es objetada por la oposición.
“Yo quiero dar las garantías plenas a la ciudadanía de que nosotros gobernamos para todos”, señaló.
