En medio de una enfadada disertación realizada en ADM, el ministro Gabriel Oddone dejó prácticamente planteada la intención del gobierno de eliminar o reducir los beneficios tributarios que hoy existen para los vehículos eléctricos.
Y ahí aparece una primera confusión conceptual importante.
Presentar esos beneficios como “subsidios” no parece técnicamente correcto.
El Estado no le entrega dinero a quien compra un auto eléctrico. No hay un cheque estatal, una transferencia ni una asistencia económica directa. Lo que existe es una reducción o exoneración de determinados impuestos para estimular una conducta considerada conveniente para el país.
No es lo mismo gastar dinero que dejar de cobrarlo.
Y la diferencia no es semántica. Es económica y política.
Porque si el criterio pasa a ser que toda reducción tributaria constituye automáticamente un “subsidio”, entonces prácticamente cualquier política de promoción económica podría ser cuestionada bajo la misma lógica.
Ahora bien. Más allá de la discusión tributaria, hay una pregunta bastante más profunda.
¿Qué sentido estratégico tiene para Uruguay desestimular el vehículo eléctrico?
Uruguay no produce petróleo.
Uruguay sí produce electricidad.
Y además produce, en gran medida, energía renovable.
Durante años el país construyó una transformación energética reconocida internacionalmente. Invirtió miles de millones de dólares en generación eléctrica, diversificación de matriz y estabilidad energética.
El avance del vehículo eléctrico no era simplemente una moda ambiental. También era una oportunidad estratégica.
Cada auto eléctrico que sustituye consumo de combustibles fósiles implica menor dependencia petrolera, menor salida de divisas y mayor aprovechamiento de una energía que el propio país produce.
Es decir: menos petróleo importado y más energía nacional.
Pocas veces una política energética y económica parecen alinearse de forma tan evidente.
Por eso cuesta entender que, justo cuando la tecnología comienza lentamente a consolidarse, el camino elegido sea retirar estímulos en lugar de consolidarlos.
Sobre todo porque Uruguay todavía está muy lejos de una masificación real del vehículo eléctrico.
Los precios siguen siendo altos para gran parte de la población y la infraestructura aún se encuentra en desarrollo.
Entonces surge inevitablemente otra duda.
¿Estamos frente a una política basada en que “el objetivo ya fue cumplido”… o simplemente frente a una necesidad creciente de aumentar la recaudación?
Porque si el problema es fiscal, al menos sería bueno sincerarlo.
Frenar los estímulos también probablemente termine frenando el crecimiento del propio mercado eléctrico.
Y si el crecimiento se desacelera, también se desacelerará la inversión pública y privada en infraestructura de carga, servicios técnicos y desarrollo asociado al sector.
El riesgo es entrar en un círculo negativo: menos incentivos, menos adopción, menos infraestructura y, finalmente, menos viabilidad para una transición que todavía necesita escala para consolidarse.
Pero romper anticipadamente los incentivos de una transición energética que recién comienza puede terminar siendo una decisión bastante más cara y claramente equivocada para el país de lo que hoy parece.
