El edil nacionalista Nino Báez aseguró el pasado martes que aún falta “afinar” la ley que permite el autocultivo y el consumo de marihuana, por lo que estimó que sería necesario crear herramientas para que los empleadores y docentes puedan sancionar a quienes concurren a sus lugares de estudio o trabajo tras haber consumido la sustancia. Báez consideró por ejemplo, que deberían poder practicarse las “espirometrías” en lugares de trabajo e incluso en la Junta Departamental, aunque pasó por alto el hecho de que la ley no permite que se fume en lugares públicos.
“Hay muchos temas que preocupan alrededor de los centros de estudio, y uno que preocupa a muchos vecinos, y a mí también, por supuesto, es el consumo de cannabis”, indicó. “Sabemos que hoy en día está reglamentado; se votó la Ley Nº 19.172, y por supuesto se puede fumar en la calle –las personas mayores de edad–. He visto varias veces a jóvenes, mayores y menores, a cierta hora a la que paso siempre frente a un centro de estudios, consumiendo marihuana y después entrando al centro de estudios; de diez veces que paso, creo que los veo ocho”, afirmó.
Báez dijo que el hecho le “llamó muchísimo la atención. Tanto fue así, que hablé con los directores de esa institución; pedí una entrevista telefónica para hablar, para tocar el tema. Lo primero que le pregunté al director fue si tenía conocimiento de que a ese centro de estudios entraban jóvenes bajo los efectos del cannabis. Me dijo que sí sabía, que a algunos de ellos los tenía identificados y que en alguna oportunidad les había impedido la entrada por estar bajo esos efectos”, refirió.
Diálogo
El edil dio cuenta a continuación del diálogo que mantuvo con el director del centro educativo. “Entonces le pregunté: –¿Y usted en qué se ampara? ¿Cómo lo protege la ley? ¿Cómo sabe que ese joven está bajo los efectos de la droga?”. –Bueno, nosotros vemos actitudes de los jóvenes. Por ejemplo, observamos que están con los ojos rojos’. –¿Y a usted eso le basta para prohibirle la entrada a un joven a un centro de estudio? –‘Normalmente, sí’. –¿Pero usted en qué se ampara? ¿La ley lo ampara para que usted pueda decirle al joven que le van a hacer una espirometría, es decir, para comprobar lo que usted sospecha?. Porque de repente el chiquilín vuelve a su casa y le dicen: –‘¿Por qué volviste?’ –‘El director o la directora no me dejó entrar al liceo porque sospechaba que yo estaba bajo el efecto de las drogas’. Y sabemos cómo los padres reaccionan hoy en día ante los centros de estudio; la semana pasada tuvimos un episodio de agresión a profesores y maestros en Montevideo”, señaló.
“Yo le preguntaba: –Bueno, pero ¿quién te protege? –‘La verdad que esto de la ley es tan nuevo que…’. Entonces me puse a investigar la ley para saber de qué manera los amparaba, pero de momento todo sigue en estudio: todavía no hay una reglamentación, una legislación al respecto. Y pensé en lo bueno que sería poder darles las herramientas”, agregó.
“Sabemos que a los menores no se les puede hacer una espirometría, porque está prohibido. Me comentaba recién el doctor (Federico) Casaretto –porque lo consulté como profesional–: ‘Mirá, no se les puede ni pinchar un dedo para hacerles un test de azúcar en la sangre, porque son menores, pero sí a los mayores. Es muy delicado el tema’”. Entonces empiezo a investigar la Ley Nº 19.172, y realmente lo único que establece es que, ante la sospecha de que una persona se encuentra bajo los efectos de la droga, en su trabajo se le puede impedir entrar a cumplir su función, pero sin establecer una sanción al día siguiente. O sea, entró bajo los efectos de la droga y todo quedó ahí”, comentó.
“Espirometrías”
El curul dijo estar preocupado por la situación “porque uno recorre Maldonado y ve a mayores de edad consumiendo –lo cual está permitido–, pero también ve a menores. Sin ir más lejos, el domingo pasado iba por la feria de Maldonado y vi a tres chiquilines –que no tendrían más de 14 años– consumiendo; eran menores de edad, y no los ampara la Ley Nº 19.172. También vi a unos jóvenes –a una chica que tendría 17 o 18 años y a quien supuestamente sería su marido, de unos 20 años– consumiendo marihuana en un muro de la feria. Pero lo más triste –y ahí me saltó el padre, el abuelo– es que la chica tenía un bebito en brazos, y uno piensa en cuál será el futuro de esa criatura”, alegó.
“Viendo los vacíos que existen en la ley, me dije que era momento de colaborar, pero no solamente con los centros de estudio sino también con las empresas, con las intendencias, con todo lugar donde haya personal. Qué bueno sería poder instrumentar espirometrías que le den tranquilidad al patrón, al jefe de personal, al gerente, al director de un centro de estudios al que concurren personas mayores de edad o a quien sea. O sea, sabemos que la ley existe pero falta afinarla, falta reglamentarla. Lo que pido es que la gente que está encargada de eso, que es la Junta Nacional de Drogas, reciba este aporte y, si se puede, implemente la espirometría en aquellos comercios que tengan empleados y empleadores; en lugares públicos, llámese, de repente, la Junta Departamental con sus empleados y sus ediles o llámese Intendencia Departamental. Ése es el aporte que quiero hacer y espero que el Cuerpo me acompañe”, concluyó.
Báez solicitó que sus palabras fueran enviadas a “la Junta Nacional de Drogas, el IRCCA –Instituto de Regulación y Control del Cannabis–, la prensa, las autoridades de Secundaria y Primaria y también al señor presidente de la República”.
