El Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) y las cámaras empresariales del sector alcanzaron en las últimas horas un preacuerdo que pone fin, al menos en los hechos, al extenso e intenso conflicto que mantuvo movilizados a los trabajadores de la construcción en Maldonado y en el resto del país. El entendimiento contempla una reducción progresiva de la jornada laboral, que pasará de 44 a 40 horas semanales en un plazo de cinco años, y establece un convenio colectivo de larga duración que regirá hasta el 31 de marzo de 2031.
“Llegamos a algo que es la negociación de la que tanto hablamos, que es llegar a un punto en común, que nos sirva a todos”, dijo el ingeniero Gustavo Robayna, titular de la Cámara de la Industria de la Construcción del Este (CICE), uno de los negociadores
El preacuerdo es retroactivo al 1° de abril pasado y se extenderá durante 60 meses, lo que garantiza estabilidad contractual para el actual gobierno y para el que asuma en 2030. Una fuente explicó que el esquema de reducción horaria se aplicará de manera escalonada: la primera hora, que llevará la semana de 44 a 43 horas, comenzará a regir el 30 de agosto de 2027. Le seguirán nuevas reducciones el 1° de mayo de 2028 y el 1° de mayo de 2029, hasta llegar a las 40 horas semanales el 30 de enero de 2030.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la flexibilidad horaria que se otorga a las empresas para administrar la reducción. De acuerdo con lo señalado por la fuente consultada, existirán distintos esquemas posibles: jornadas de ocho horas de lunes a viernes; semanas de nueve horas de lunes a jueves con cuatro horas los viernes; y un tercer esquema, más amplio, que permitirá alternar semanas de hasta 44 horas con otras de 36, siempre que el promedio respete el límite pactado. Ese margen de maniobra, remarcó la fuente, busca que la reducción de la carga horaria no resienta la productividad de las obras.
En materia salarial, el convenio sigue la pauta fijada por el Poder Ejecutivo, que garantiza a los trabajadores que no perderán salario real, aunque el incremento efectivo dependerá del comportamiento de la inflación. Con una proyección oficial de 4,5% para los próximos años y un ajuste nominal pactado en torno al 5,2%, el aumento real rondaría el 0,6% el primer año, según los cálculos trasladados por la fuente consultada por este medio.
El preacuerdo también resolvió dos reclamos puntuales que habían generado fricciones. Por un lado, el sector empresarial logró que la denominada “democratización” de las obras —que preveía sorteos de puestos de trabajo en Maldonado, Canelones y Montevideo— quedara excluida para Maldonado y Montevideo, y se aplicará únicamente en Canelones. Por otro, el pedido sindical de un día pago para realizar el examen de próstata no será asumido por las empresas: se resolvió que esas horas —tres en total— sean cubiertas por los fondos sociales del sector, sin costo para las compañías.
Volver a la normalidad
El acuerdo aún debe completarse con el ajuste de algunos detalles formales antes de ser elevado a la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), que deberá homologarlo. Según trascendió, el SUNCA solicitaría en las próximas horas a sus filiales departamentales el levantamiento de las medidas de fuerza vigentes, a la espera de que el preacuerdo sea ratificado en asamblea.
El conflicto había tenido su epicentro en Maldonado, con el freno de obras donde cientos trabajadores quedaron sin actividad. Según indicó la fuente empresarial, esa obra retomaría el ritmo recién el año próximo, aunque con una dotación menor a la original: de los 400 obreros previstos inicialmente, se estima que trabajarán unos 300.
Consultada sobre el clima final de la negociación, la fuente prefirió no hacer referencia a concesiones puntuales de una parte u otra, y señaló que, como se sostuvo siempre desde el sector empresarial, se llegó a un punto de la negociación que beneficia a todas las partes involucradas. El entendimiento, subrayó, tiene flexibilidad horaria y una reducción que se aplicará a lo largo de los cinco años de vigencia del convenio.
De confirmarse en los términos conocidos hasta ahora, el acuerdo pondrá fin a semanas de tensión en los obradores del departamento y despejará, al menos hasta 2031, la incertidumbre sobre uno de los convenios colectivos más sensibles de la actividad económica uruguaya. El texto definitivo deberá pasar aún por la revisión técnica de ambas partes antes de la firma formal y su posterior homologación ministerial, instancia habitual en este tipo de negociaciones tripartitas.
