Hoy se vota en la Junta normativa para regular aplicaciones de transporte

 

Al tiempo que la Patronal de Taxis de Maldonado presentó este lunes su aplicación APunta Taxi, la Junta Departamental se apresta a analizar esta noche el proyecto de decreto remitido por el intendente Enrique Antía para regular el transporte oneroso entre privados mediante plataformas digitales que entraría en vigor antes de que termine el año.
El proyecto busca regular plataformas digitales desarrolladas o promocionadas por empresas de redes de transporte —denominadas por las siglas ERT— en todo el territorio fernandino.
Hasta ayer, el nuevo reglamento contaba con la mayoría de votos necesarios para su aprobación en el plenario del legislativo departamental y habilitar de esta manera su remisión al Ejecutivo a fin de su posterior promulgación. El proyecto, presentado originalmente por el edil blanco Adolfo Varela, establece que los proveedores de este tipo de servicios no podrán obligar a los conductores a cumplir horario de trabajo. Estos se conectarán las veces que deseen, aunque no podrán tener una actividad continuada de más de ocho horas o de 12 horas fraccionadas en todo el día.
Las prestadoras de este servicio podrán actuar en Maldonado siempre y cuando cumplan con las normas establecidas en el decreto en cuestión y que sean habilitadas por la Intendencia. Las ERT deberán fijar un domicilio fiscal y real en el departamento.
Los vehículos deberán estar empadronados en el departamento de Maldonado y los coches no podrán tener una antigüedad mayor a cinco años y deben poseer una cilindrada igual o mayor a los 1.400 centímetros cúbicos. Las tarifas serán establecidas por cada ERT y notificadas a la Intendencia de Maldonado. El proyecto prohíbe el pago con dinero en efectivo y exige que sea de manera electrónica.
También establece la creación del denominado Fondo de Movilidad Departamental que se compondrá del resultado de aplicar una tasa del 0.0014% de una unidad reajustable por cada kilómetro recorrido por los vehículos de la ERT.

Con permiso
La iniciativa establece que cada empresa que quiera trabajar en el departamento deberá adquirir en la Intendencia un permiso por cada vehículo habilitado. Ese permiso es llamado por la comuna como “oblea digital” y su costo es de dos unidades reajustables. Esta deberá ser adquirida por la firma en cuestión y no por el conductor. Cada oblea digital tendrá una duración de un año a partir de su entrada en vigencia. Y cada conductor no podrá tener más de una oblea digital.
Cada oblea digital será activada por la Intendencia luego de que el conductor y el vehículo cumplan con los requisitos. Los autos deben exhibir un código QR en un lugar visible. Cada cliente podrá escanear ese código con su celular, que informará la vigencia de habilitación del vehículo y del conductor además los datos del coche y del conductor.
Cada chofer deberá contar con la libreta de conducir categoría E, carné de salud y registro en los organismos estatales de recaudación y previsional. De común acuerdo, antes de los dos meses de promulgado el decreto, la IMM y la Junta Departamental fijarán la cantidad de vehículos que cada ERT podrá tener en servicio.
En la calle, el conductor solo podrá prestar el servicio reclamado desde la plataforma digital además de ser “amables y gentiles” con sus clientes. Los choferes podrán negarse a cumplir con el servicio cuando entiendan que el mismo represente un riesgo de seguridad o porque los clientes no presenten “condiciones adecuadas” de higiene.
Los conductores podrán ser sancionados tanto por no cumplir con el reglamento nacional de circulación nacional como por no acatar las disposiciones del decreto. Las sanciones van desde una observación a multas desde 10 a 30 UR, la revocación del permiso por 90 días o la revocación automática del servicio.
“Aquellos vehículos y/o conductores que con posterioridad al día 2 de enero del año 2019 presten servicios a través de aplicaciones de transporte u otra modalidad, en forma irregular, serán sancionados, además de con la multa que corresponda, con la inhabilitación para prestar servicios de esta especie durante tres años, a partir de la fecha en la que se verifique la infracción”, indica el decreto.