Tribunal confirmó fallo que negó acceso a la unidad 540 de COPSA a los asesores legales de la familia de Mía Ayelén García

El tribunal de apelaciones en lo penal de 3º turno dejó firme la resolución del 3 de marzo de 2023 del juez Amor que semanas después fue ampliada por el mismo magistrado

El juez de la causa negó la solicitud del abogado Rafael Silva, que había solicitado el acceso a la unidad que protagonizó el siniestro que le costó la vida a la joven y heridas a otros pasajeros

Un tribunal de apelaciones confirmó el pasado 27 de julio un fallo en primera instancia del juez Sebastián Amor que había negado el acceso a la unidad 540 de COPSA a los asesores legales de la familia de la joven Mía Ayelén García, fallecida en el accidente del 12 de enero pasado en la ruta Interbalnearia.
El tribunal de apelaciones en lo penal de 3º turno dejó firme la resolución del 3 de marzo de 2023 del juez Amor que semanas después fue ampliada por el mismo magistrado.
En las mencionadas resoluciones del juez Amor se rechazó la solicitud del abogado Rafael Silva, defensor de los familiares de la joven, que en tiempo y forma había solicitado el acceso a la unidad de COPSA que protagonizó el siniestro que le costó la vida Mía Ayelén García y heridas a otros pasajeros, incluido el propio conductor.
La fiscalía no se pronunció sobre las diligencias solicitadas por el abogado de los familiares. Al no pronunciarse la fiscalía, el abogado Silva solicitó a la sede que se convocara a audiencia según lo establecido en el artículo 260º del Código de Proceso Penal para que la defensa de la víctima pueda ingresar su petición al ámbito jurisdiccional competente.
El citado artículo establece: “ (Solicitud de diligencias).- Durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados, si fuese necesaria su intervención. El fiscal ordenará aquellas que estime conducentes. La recolección de evidencias estará a cargo del Ministerio Público, no pudiendo ocultarlas a la contraparte por fuera de la regulación legal. En caso de negativa, el imputado y su defensa podrán recurrir al órgano jurisdiccional competente para que se lo ordene. Esta petición se tramitará en audiencia oral y pública”.

No ha lugar
El juez Amor, ante el pedido del abogado Silva, dispuso: “En virtud de lo previsto en el art. 260 del CPP a lo solicitado a fs. 35 no ha lugar”. Por esta razón, Silva interpuso un recurso de aclaración y/o ampliación por entender que esa decisión del juez Amor debía definirse en una audiencia pública y no por una resolución firmada por el magistrado en su despacho.
En otro orden, Silva señaló que en la calidad que ostentan sus defendidos de terceros coadyuvantes, debería facilitárseles por parte de Fiscalía la posibilidad de producir y recolectar evidencias de cargo, en una concepción amplia de los derechos que asiste al estatuto de la víctima.
Silva adujo que no pronunciarse respecto del diligenciamiento de evidencias solicitado por la defensa de las víctimas, cercena y disminuye el derecho a defensa técnica.
Silva agregó que el Código del Proceso Penal otorga una amplia participación a la víctima y como sujeto procesal cuenta con un conjunto de derechos que en forma genérica plasma el art. 81 del CPP, entre ellos el derecho a proponer prueba durante la indagatoria preliminar.
La Fiscalía fictamente denegó el diligenciamiento de prueba a la Defensa por lo que, ante dicha negativa, abrió la vía que habilita presentar esa petición dentro del ámbito judicial, en Sede de Garantías.
Silva citó resoluciones de Juzgados de Primera instancia de Montevideo, Canelones y Carmelo donde se hizo lugar al mecanismo del art. 260 del CPP en favor de la víctima y concluyó su exposición haciendo hincapié en el derecho a ser oído y a la tutela judicial de la víctima, reconocidos en el Derecho internacional de los Derechos Humanos.
Solicitó en definitiva se revocara la recurrida, ordenando a la Fiscalía “conforme letra c- del capítulo por orden Fiscal, de la primera comparecencia de esa defensa, en cuanto se solicitó se autorice al equipo de trabajo del compareciente el acceso al lugar donde se encuentra la unidad ómnibus -de COPSA SA coche N° 540- así como también la inspección de esta con las más amplias facultades con autorización para exámenes técnicos, mediciones, relevamiento fotográfico, fílmico”. Sin embargo, el tribunal dejó firme el fallo del juez Amor.