Una acusación de violencia doméstica, un adolescente que se retractó y un proceso que se sostuvo pese a la falta de pruebas objetivas.
Lo que comenzó como el enojo de un adolescente de 13 años por una sanción doméstica terminó en un proceso penal por violencia doméstica, la separación de la mujer que lo había criado desde los tres años y casi dos años de institucionalización en INAU.
El caso de una mujer policía y su hijo de crianza terminó con la absolución en dos instancias judiciales. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho.
El adolescente había pasado aproximadamente dos años en un hogar de INAU. Y había pedido volver con quien considera su madre.
Denuncia y retractación
Todo comenzó el 10 de septiembre de 2023. El adolescente se fue de su casa tras un conflicto familiar. En sede policial realizó una denuncia, que luego se transformaría en el eje de la investigación. Sin embargo, en su declaración judicial posterior fue claro: “Dije mentiras… jamás me apuntó con un arma. Y no me pegaba”. También explicó que la mujer policía no estaba en la vivienda al momento de los hechos, ya que se encontraba trabajando.
El propio Tribunal de Apelaciones confirmó luego que la acusada estaba cumpliendo funciones policiales en ese horario, lo que hacía materialmente imposible el episodio denunciado y que no existían pruebas de maltrato.
Cambios de versión
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que, aun cuando el propio adolescente fue modificando y luego desmintiendo partes centrales de su denuncia, el proceso penal continuó su curso.
La Fiscalía de Violencia Doméstica de 2º Turno, a cargo de la doctora Mabel Brites, sostuvo la acusación y llevó el caso a juicio, solicitando una condena de dos años de penitenciaría.
La defensa de la mujer policía, ejercida por las doctoras Susana Sotto y María Eugenia Elso, insistió desde el inicio en la falta de corroboración objetiva de los hechos y en las contradicciones del relato y presentaron pruebas objetivas del cuidado que realizó esa madre a ese hijo durante 10 años. Pidieron reiteradamente que se escuchara al menor pero Fiscalía se negaba y el tiempo transcurría. El examen médico realizado al día siguiente no constató lesiones.
Tampoco las pericias posteriores lograron vincular de forma directa el estado emocional del adolescente con situaciones de violencia. Mientras el proceso avanzaba, el joven permanecía en INAU. Cuando fue consultado, expresó que quería volver con su madre. Y cuando se le preguntó quién era la mujer policía para él, respondió sin dudas: “Es mi madre”.
En este punto del caso se vuelve inevitable una constatación que atraviesa toda la historia: no solo se le arrebataron a ese niño casi dos años de vida, con consecuencias emocionales y afectivas difíciles de dimensionar, sino que también se le arrebató un hijo a una madre que lo había criado desde los tres años. Todo ello en el marco de una acusación sostenida con especial firmeza por la Fiscalía, pese a la evolución del propio testimonio del adolescente y a la ausencia de evidencia objetiva que la confirmara.
La jueza de primera instancia, Dra. Rossana Martínez, absolvió a la acusada al no alcanzarse el estándar de certeza requerido.
Aun así, la Fiscalía apeló la decisión y mantuvo su pretensión condenatoria.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4.º Turno confirmó la absolución por unanimidad, señalando la falta de consistencia del relato y la inexistencia de corroboración objetiva.
El daño que no se revierte
Jurídicamente, el caso terminó con dos absoluciones. Pero la pregunta central permanece: ¿Qué ocurre cuando una investigación penal se sostiene pese a la retractación del propio testimonio del denunciante y a la ausencia de evidencia objetiva suficiente?
En este caso, el proceso avanzó incluso cuando el propio adolescente había comenzado a desmentir partes esenciales de su denuncia pero Fiscalía no quiso escuchar a la presunta “víctima”.
El adolescente pasó casi dos años institucionalizado, separado de la persona que había sido su referente afectivo desde la infancia.
Un menor que reconoció haber mentido en la denuncia inicial terminó atravesando una intervención estatal conflictiva y prolongada que dejó consecuencias difíciles de revertir.
El caso deja una advertencia incómoda: la supuesta protección de un niño no puede transformarse en un proceso que ignore las contradicciones del propio relato, la falta de evidencia objetiva y la necesidad de revisar críticamente la hipótesis acusatoria cuando los hechos comienzan a desmentirla.
