El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) confirmó el pasado martes 23 de junio la resolución que dispone el arresto administrativo de un ciudadano brasileño identificado como A.A., residente en Punta del Este, a los efectos de su extradición a Brasil, donde es requerido por la justicia del estado de Sergipe por una presunta estafa multimillonaria cometida entre 2020 y 2024.
La sentencia, redactada por la ministra Dolores Sánchez de León e integrada por las ministras Graciela Eustachio Colombo y el ministro Marcelo Malvar Juncal, ratificó por unanimidad la resolución dictada el 21 de mayo por la jueza de Río Branco Eloisa Lago, que había ordenado la detención preventiva por 40 días y la comunicación a Interpol.
La acusación
Según surge de las actuaciones, entre 2021 y 2024, en la ciudad de Aracayú, A.A. habría inducido en error a múltiples clientes captando sus inversiones bajo promesas de altos retornos. Los convencía de trasladar sus fondos desde portafolios oficiales a cuentas bancarias a nombre de él, con el argumento de que actuaría como asesor de inversiones. En lugar de ello, se apropió del capital y de los intereses correspondientes.
El volumen de dinero involucrado es significativo. Entre marzo y septiembre de 2020, A.A. recibió créditos por más de 2,6 millones de reales. En un segundo período, entre marzo y septiembre de 2022, los montos ascendieron a casi 3,9 millones de reales. Y entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, se registraron transacciones por más de 3,9 millones de reales adicionales, combinando transferencias TED, DOC y PIX. Las víctimas identificadas y entrevistadas hasta el momento son diez personas.
Brasil emitió una orden de captura el 6 de mayo de 2025, con vigencia hasta enero de 2036, a través del Tribunal de Justicia del Estado de Sergipe. Interpol formalizó la alerta roja el 7 de diciembre del mismo año.
Defensa
El abogado defensor, Dr. Francisco Blanco, se opuso al arresto total y solicitó una medida alternativa, argumentando que su cliente tiene arraigo real en Uruguay: reside en el país desde hace ocho meses, trabaja en Maldonado como constructor y tiene a su cargo el cuidado de dos hijas gemelas de tres años que padecen autismo.
La defensa sostuvo además que A.A. no se había sustraído de la justicia brasileña: tres meses antes había comparecido voluntariamente ante autoridades judiciales en San Lorenzo do Sur al ser citado, y tenía prevista una audiencia para el 26 de junio del corriente año. “No va a dejar a sus hijas”, argumentó el defensor. Propuso como alternativa el arresto domiciliario con tobillera electrónica, entrega de documentos de identidad y pasaporte, y control policial estricto.
La posición fiscal
La Fiscalía Letrada de Río Branco, a cargo de las doctoras Stella Da Silva y Giovanna Gentile, sostuvo que existen riesgos procesales concretos: la gravedad de los hechos, los montos involucrados, la nacionalidad extranjera del imputado y el hecho de que los hechos datan de 2020, período durante el cual el requerido habría permanecido fuera del alcance de la justicia brasileña.
El TAP compartió ese criterio. Fundó su decisión en el Tratado de Extradición del Mercosur, aprobado por Uruguay mediante la Ley 17.499, cuyo artículo 29 regula la detención preventiva con fines de extradición. El tribunal destacó que el tratado obliga a los Estados parte a cumplirlo de buena fe, en los términos establecidos por la Convención de Viena, y que la cooperación jurídica penal internacional requiere que el requerido permanezca detenido mientras tramita el proceso. Citó además jurisprudencia propia —sentencias 256/2018 y 221/2000— en el mismo sentido.
A.A. permanecerá detenido por el plazo de 40 días, durante el cual Brasil deberá formalizar ante la Cancillería uruguaya la solicitud de extradición. De no hacerlo en ese término, deberá recuperar la libertad.
El hombre fue localizado en Río Branco tras una acción conjunta de la Policía Civil de Sergipe, la Policía Federal y la Interpol. Es investigado por estafas financieras que superan los 3,5 millones de reales y habría perjudicado a unas 20 víctimas, a quienes prometía rendimientos mensuales de hasta 2% captando los fondos directamente en su cuenta personal. InfonetNE Notícias
Cuando fue citado a declarar, desapareció y abandonó el país. Con apoyo de la Policía Federal, su nombre fue incluido en la alerta roja de Interpol. Brasil tiene 40 días para formalizar el pedido de extradición ante la Cancillería uruguaya.
