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Se ha cumplido otro año más del reclamo por verdad y justicia en la fecha coincidente con el horrendo crimen de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.

No podemos estar conformes con el estado actual de la situación. Los avances en el esclarecimiento de las situaciones de los desaparecidos durante la dictadura son mínimos y cada vez hay más ruido en torno al impulso de las investigaciones correspondientes.

La ley de caducidad votada en diciembre de 1986 fue un obstáculo horrendo e inconstitucional para impedir los procesos que deberían haber permitido el correspondiente esclarecimiento. El resultado del referéndum de 1989 legitimó esta norma mediante el voto popular, sin embargo en los últimos años se encontraron caminos jurídicos para que, sin perjuicio de la normativa vigente, se avanzara tanto en el enjuiciamiento a los culpables como en algo de información sobre lo ocurrido.

Lo que nunca se legitimó fue la prohibición de acceder a la verdad. Ni siquiera el contenido normativo de la ley de caducidad impedía aclarar lo ocurrido con los ciudadanos desaparecidos. Al revés, la norma preveía, en su artículo 4, una investigación sobre este asunto que fue incumplida de manera notoria en los años del primer gobierno democrático.

Es indiscutible que una parte del sistema político buscó cerrar todas las puertas para la investigación y la consagración de la verdad y la justicia sobre la barbarie que ocurrió durante la dictadura, y ellos son los primeros y más auténticos responsables de la impunidad y ausencia de verdad en la realidad que vivimos.

También es indiscutible que otros sectores y partidos cuestionamos ese camino de impunidad y apoyamos los esfuerzos para encontrar alternativas de respuesta a efectos de alcanzar esos objetivos.

El primer gobierno del Frente Amplio abrió puertas que hicieron posible que, al menos, algunos de los principales responsables de la represión fueran juzgados, procesados y presos. También se encontraron restos de cuatro de las decenas de víctimas de aquella barbarie.

Sin embargo, hoy resulta inocultable reconocer que hay mucho “ruido” sobre las causas que impiden nuevos avances y ello ya no se explica por las posiciones de los actores partidarios que en el pasado impidieron las investigaciones.

El avance en la investigación sobre lo ocurrido con los ciudadanos desaparecidos es, a todas luces, muy insuficiente y las sucesivas renuncias de quienes han estado a cargo de la dirección ejecutiva de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el pasado reciente, indican la existencia de dificultades cada vez más inocultables en el trabajo de ese grupo.

Más allá de cuáles sean los motivos de esas renuncias y la existencia de discrepancias o desencuentros entre estos y el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, lo cierto es que durante el actual período de gobierno no ha existido ningún tipo de avances en esta materia.

Son muchos los datos que se manejan. Fue muy visible el contencioso entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el ex Ministro de Defensa Nacional, el recientemente fallecido, Eleuterio Fernández Huidobro; también son conocidos los rumores sobre sorprendentes e inadmisibles “pactos de silencio entre combatientes”. Es más, incluso hay quienes dicen que no ha sido posible el acceso a ciertos lugares en los que, según algunas versiones, podrían haberse producido enterramientos clandestinos.

Es increíble que durante el anterior período de gobierno hayan desaparecido once CDs de los cincuenta y uno que integran una de las copias de los archivos que estaban depositados en Presidencia de la República, sobre la documentación acerca de las actividades de inteligencia militar que se incautó en el Ministerio de Defensa Nacional en la época de la Dra. Azucena Berruti.

No tenemos los detalles, ni conocemos desde adentro los pormenores de todos estos asuntos. Lo que resulta evidente es que existen aristas llamativas sobre cómo se ha manejado y se está manejando este tema.

En cualquier caso, hay dos cosas que están claras.

La primera es que lo que pasó en esos años negros no es un asunto exclusivo de “los combatientes”, como sostienen algunos, sino que afectó y perjudicó a todos los uruguayos de diferentes generaciones y orientaciones políticas e ideológicas; por lo que ninguno de los actores de la época (menos todavía los que actuaron fuera del marco institucional) poseen legitimidad ni derecho a resolver por sí mismos qué es lo que se puede hacer o no hacer.

Es más, recuperamos la democracia a pesar de lo que hicieron los llamados “combatientes”, y los que estaban presos y torturados fueron liberados por la lucha pacífica del pueblo en la calle, movilizándose por la democracia y la libertad. No los “combatientes” que o estaban presos o estaban ejerciendo la dictadura.

La segunda cuestión que está muy clara es que el reclamo de quienes exigen la verdad y, en la medida de lo posible, la justicia, no puede prescribir ni quedar en el olvido. Es una deuda que nuestro país y el Estado uruguayo tiene consigo mismo y no es posible mirar para el costado ni patear la pelota para adelante. Más tarde o más temprano, habrá que dar las respuestas reclamadas y acceder a la verdad y a los restos de los desaparecidos.

Todos debemos poner la mayor voluntad para que así sea. Es un compromiso ineludible e imprescriptible.

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