En declaraciones al diario capitalino “La diaria”, el director de Vivienda de la IDM, Alejandro Lussich, dijo que el otorgamiento de una casa de Cañada Aparicio a una mujer que parecería no estar en situación de emergencia se basó en un informe técnico “que indica que la familia vivía en situación de hacinamiento y por debajo de la línea de pobreza”. El jerarca también dijo extrañarse de que “se brinde esta información, violando la ley de protección de datos personales y exponiendo a un menor”.
“Estamos tranquilos. El proceso se hizo con todas las garantías legales y hay un artículo del presupuesto de 2011 que nos habilita”, agregó el jerarca. “El informe constata una situación de hacinamiento, ya que esta persona estaba viviendo en su propio local comercial”, apuntó, y resaltó que la IDM “acaba de adjudicar 80 viviendas y 134 terrenos mediante un sorteo controlado por una comisión de ediles de todos los partidos”, asunto que no era objeto de cuestionamientos.
La situación había sido denunciada el pasado martes por el edil Sergio Duclosson, del Frente Amplio. El curul se sorprendió de que la beneficiaria no fue sorteada como los demás aspirantes a viviendas. También dijo que era dueña de un comercio en pleno centro de Maldonado, que poseía un auto y que enviaba a su hijo a una institución educativa privada. Además, comentó que era militante nacionalista y figuraba en una lista. Duclosson estimó que sería necesario redefinir lo que se entiende por “vulnerabilidad social”.
