Justicia aplicó fuerte multa por incumplimiento de contrato a una empresa de Punta del Este

El fallo inicial, que luego se redujo levemente, condenó a abonar la suma de U$S 52.000 más IVA por concepto de daños y perjuicios y U$S 200.000 por concepto de multa a los responsables de un local gastronómico

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno redujo, por aplicación de un prorrateo no tenido en cuenta en el fallo inicial, una fuerte multa resuelta por la jueza civil de 17º turno, Alexandra Facal Sosa, contra una empresa y dos de sus directores que explotan un local gastronómico en el complejo Punta Shopping de Punta del Este.
Facal Sosa, en sentencia dictada el 23 de agosto del año pasado, sostuvo: “Condénase a Netrel SA a abonar a Resplandor la suma de U$S 52000 más IVA por concepto de daños y perjuicios y U$S 200.000 por concepto de multa y a Álvaro Galeano y José Bonanata en forma solidaria”.
Contra el referido fallo, la parte demandada, los empresarios Álvaro Galeano y José Bonanata, en su calidad de fiadores, y Netrel S.A. interpusieron un recurso de apelación por considerar que no se configuró incumplimiento del contrato, debido a una imposibilidad temporal por causas atribuibles a la parte actora.
Además, los demandados sostuvieron que fue modificado el contrato acreditándose propuesta y aceptación, pero el pago no fue posible por la mala fe del acreedor además que la multa se pactó para el caso de rescisión del contrato.
Paso seguido, los demandantes pidieron que fuera revocada la decisión apelada o, en su defecto, fuera rebajado el monto de las condenas impuestas a U$S 34.000 más IVA por concepto de daños y perjuicios, y a U$S 40.000 por concepto de multa, prorrateándose la misma. La parte actora, con el fallo a su favor, pidió al tribunal que se mantuviera el mismo.

Hechos
¿Cuál fue el hecho que generó la aplicación de la multa tanto a la firma como a sus fiadores solidarios? Por contrato celebrado el 5 de julio de 2017, la firma Resplandor S. A. autorizó el uso de la marca “Cervecería La Pasiva” y “La Pasiva” a la demandada Netrel S. A., dentro del complejo Punta Shopping de Punta del Este en el local principal, pactándose un precio de U$S 36.000 para el primer año y U$S 42.000 para los siguientes; y en la isla o local de la plaza de comidas, pactándose un precio de U$S 4.000 para el primer año y U$S 6.000 para los sucesivos.
El plazo del contrato se fijó en cinco años desde el 1 de julio de 2017, acordándose que Netrel S. A. (demandada) tendría la opción, a los dos años, de cancelar el resto del plazo o prorrogarlo, comunicándolo por telegrama colacionado antes del 1 de julio de 2019.
También fue pactada la rescisión automática ante el incumplimiento de la anualidad, así como la mora automática y multa en caso de rescisión por incumplimiento.
En el fallo, el tribunal no compartió el planteo de la demandada sobre la eventual modificación del contrato entre ambas firmas.
“Los términos del contrato fueron prolija y concienzudamente extendidos por escrito y el pretenso perfeccionamiento de la mentada modificación se alega producido en el decurso informal de una tratativa de la que no resulta acreditado el acuerdo modificativo de voluntades”, señaló el tribunal.

Obligaciones pactadas
“En efecto, corresponde prorratear la multa teniendo en cuenta que se pactó un plazo contractual total de cinco años, con la opción de ejercer el receso unilateral de parte del demandado con un preaviso de sesenta días; y que en cuanto al precio, se pagaron U$S 36.000 más IVA por el primer año del contrato, pero no los U$S 4.000 pactados para el caso de usar la isla (a pagar antes del 31 de enero de 2018), ni los U$S 30.240 que se debían abonar antes del 15 de julio de 2018 (comienzo del segundo año), ni los U$S 21.000 a pagar antes del 15 de diciembre de 2018, ni tampoco los U$S 6.000 por la isla a abonarse antes del 31 de enero siguiente (2019). Es decir, se pagaron solamente los U$S 36.000 iniciales, habiéndose pactado la mora automática y la caducidad de los plazos”: señalaron los ministros.
El fallo continuó. “Por lo anterior, cuando la demandada comunicó su voluntad de “cancelar el resto del plazo” con fecha 2 de mayo de 2019 (fojas 64), pretendiendo ejercer su derecho de receso a partir del 1 de julio de 2019, ya había incurrido en incumplimiento, no pudiéndose rescindir un contrato ya resuelto por incumplimiento, dado que a esa fecha debía: U$S 4.000 por el uso de la isla correspondiente al año 2018, U$S 30.240 vencidos en julio de 2018, U$S 30.240 que se debían abonar antes del 15 de julio de 2018 (comienzo del segundo año), U$S 21.000 a pagar antes del 15 de diciembre de 2018, y U$S 6.000 por el segundo año de uso de la isla que debían cancelarse antes del 31 de enero de 2019”.
“Pues bien. Para el cálculo de la multa adeudada por concepto de rescisión del contrato por incumplimiento, se deben considerar los cinco años de dicho contrato, dada la caducidad de los plazos y la exigibilidad de la totalidad del precio, tomando en cuenta el porcentaje de lo pagado y del saldo adeudado. El total adeudado por concepto de precio asciende a U$S 196.000 (U$S 168.000 correspondiente a U$S 42.000 por concepto de precio anual por los cuatro años pendientes pactado, más U$S 28.000 correspondiente a US$ 4.000 por el primer año de uso de la isla, y los cuatro años restantes de uso de la misma a U$S 6.000 por año).
Habiéndose abonado únicamente, como se dijo, los U$S 36.000 iniciales del precio acordado de U$S 232.000, se cumplió con el pago de un 15 % del total acordado por concepto de precio. La multa pactada por concepto de rescisión por incumplimiento fue de U$S 200.000; por lo que, prorrateada la misma considerando que el porcentaje de incumplimiento es de un 84,5 % (100 % total menos 15,5 % efectivamente cumplido), la suma adeudada asciende a U$S 169.000 (U$S 200.000 x 84,5 %).
Por lo expuesto, entonces, habrá de establecerse el monto de la multa adeudada por la parte demandada en U$S 169.000”, estableció el fallo en segunda instancia.