También surgieron cuestionamientos de los sectores marxistas del Frente Amplio

Hace pocos años, cuando una horda de manifestantes entrerrianos bloqueaba el paso por los puentes binacionales hacia el Uruguay, el gobierno del FA destacaba que en este país era ilegal bloquear rutas y pasos. La democracia uruguaya y el estado de derecho eran celebrados como orgullosos signos de distinción con el caótico país vecino, donde la justicia era venal y respondía al Poder Ejecutivo. Los hechos de las últimas horas, como las reacciones políticas y sindicales contra el “decreto antipiquete” parecen ahora querer desmentir todo aquello. Hay quienes creen que impedir la libre circulación de las personas es parte de un “derecho” de los trabajadores.

La pasada semana el Poder Ejecutivo emitió un decreto que permite a la Policía actuar directamente sobre quienes bloqueen calles o rutas para garantizar el paso de todos los demás. Se trata de una medida técnica, por cuanto siempre a estado prohibido bloquear el paso del público, solo que hasta ahora la Policía debía tener la autorización de un juez para proceder y este decreto le permite hacerlo antes de notificar a la justicia.

En el texto se aclaró expresamente que la norma no buscaba atacar el derecho de huelga, lo que dejó satisfechos a los directivos del Pit-Cnt. Pero el jueves pasado la Policía detuvo a dos camioneros en Conchillas por manifestarse en la ruta y las cosas cambiaron.

Así las cosas, este martes 29 el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt se reunirá para analizar el tema, mientras la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE) ya decidió presentar un recurso revocatorio. Es decir, los gremios reclamarán el derecho de cortar calles y rutas aun cuando nunca han perdido la potestad de manifestarse con total libertad.

“Dos compañeros presos”

El Secretario General de Cofe, José Lorenzo López, dijo ayer al diario El País que ya se ha comunicado con todos los integrantes del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt para analizar la decisión el martes.

“Lo vamos a plantear con argumentos políticos y jurídicos. Claramente esto es un decreto regresivo y represivo que atenta contra las libertades sindicales, pero también contra las libertades de la sociedad civil organizada”, dijo López.

Asimismo, estimó que al gremio no le alcanza con una declaración central: “debemos hacer algo que permita que el Poder Ejecutivo recapacite y reaccione. Si no hacemos nada desde el punto de vista legal después vamos a estar lamentando las causas de este decreto que ya nos ocasionó dos compañeros presos”, afirmó.

Los sindicalistas se preocupan porque ahora “la Policía es la que decide si (el piquete) está comprendido en el derecho de huelga o no”. Si no lo está, puede aplicar el protocolo establecido en el decreto y desactivar la medida de protesta.

Las reacciones gremiales desconcertaron al gobierno dela coalición de izquierda. Quizás por eso la ministra de Desarrollo Social, la comunista Marina Arismendi, aseguró que el decreto no aspira a limitar las libertades sindicales. “No es contra del movimiento sindical, ni en contra de los trabajadores”, afirmó. Por lo demás hizo referencia a gremios empresariales “con fines de lucro” que estarían conspirando para bloquear el transporte de las grandes cosechas de arroz de este año.

“Las fuerzas represivas”

A todo esto, fuentes del gobierno consultadas por El País también dijeron poseer información de que los transportistas no agremiados en la central única de trabajadores pretenden protestar cortando rutas y afectando la producción de arroz y celulosa. Ahora llevarán esas explicaciones a todo el partido de gobierno y a los sindicalistas.

El sector Casa grande, de la senadora Constanza Moreira, el Partido Comunista, el Partido Socialista, dirigentes del MPP, el grupo del vicepresidente de la República, Raúl Sendic (Lista 711), y otros dirigentes frenteamplistas, también cuestionaron la decisión del gobierno, a la que consideraron preocupante. La bancada del Frente Amplio ya solicitó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, una reunión, que tendrá lugar el miércoles para analizar el asunto.

Los socialistas pretenden “expresar la preocupación por el decreto del Poder Ejecutivo que habilita a las fuerzas de seguridad para intervenir sobre cortes de ruta sin previa instrucción del Poder Judicial”. En tanto, el diputado comunista Gerardo Núñez estimó que “es inapropiado e innecesario y otorga un conjunto de potestades a las fuerzas represivas que no corresponden”. Para Casa grande, en cambio, toda potestad que se le da a la Policía “suele volverse en contra de la izquierda”.

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