Piden informes al MEF y a la Fiscalía por terrenos costeros del Bº Buenos Aires

 

El exintendente y actual diputado de Maldonado, Óscar de los Santos envió un par de pedidos de informes, uno a la Fiscalía General de la Nación y otro al Ministerio de Economía y Finanzas, para conocer, en definitiva, si actuarán para impedir que la administración comunal ceda a privados la titularidad de predios costeros que históricamente han sido considerados del dominio público. Semanas atrás, la IDM logró que la Junta la autorizara a realizar una negociación extrajudicial con empresarios que aspiran a construir en arenales del balneario Buenos Aires. La IDM ya había hecho otro tanto en Eden Rock, pero la medida fue anulada por el parlamento.
“En la pasada sesión del día 27 de noviembre de la Junta Departamental de Maldonado se aprobó una transacción remitida por el Intendente Enrique Antía, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 11 del Art. 35 de la ley 9.515, que en el último trámite tiene su origen en enero de 2017 con una petición de un conjunto de actores privados que solicitan y plantean: el reconocimiento de la naturaleza privada de la propiedad de los inmuebles empadronados con los números 10.108 y 10.109 de la localidad catastral El Chorro del Departamento de Maldonado, así como la determinación de sus respectivas deudas tributarias; el reconocimiento de derechos sobre el baldío a empadronar proveniente de las Fracciones Rurales empadronadas en mayores áreas con los números 4327, 5132, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6147 y 1517 ubicado en la localidad catastral El Chorro, Balneario Buenos Aires, y que se consienta a su vez su empadronamiento; la presentación de un proyecto inmobiliario a desarrollar en los padrones 10.108 y 10.109, que básicamente consiste en el amanzanamiento y construcción de un auténtico nuevo barrio situado sobre el actual cordón dunar al Sur de la Ruta 10 y en primera línea ante el mar, en la histórica faja de dominio público, que abarcaría el frente sur del Balneario Buenos Aires entres las calles Nº 30 y Nº 45”, recordó De los Santos.

El mismo procedimiento
“En los años anteriores, desde 1990, y especialmente entre 2008 y diciembre de 2016, la Intendencia sostuvo -con sólidos fundamentos jurídicos-, el carácter público y fiscal de esa faja de playa al Sur de la Ruta 10, que han reclamado varios grupos de inversores privados, a través de acciones administrativas y judiciales que no han culminado y en las cuales se han obtenido pronunciamientos favorables al punto de vista que ha defendido la Administración hasta fines de 2016”, señaló.
“Todas esas acciones legales en curso, todas con expectativa positiva para la Intendencia, se interrumpen por esta transacción, se abandona la defensa de los intereses públicos y se accede al reclamo de los inversores inmobiliarios particulares, repitiendo el mismo procedimiento que hace poco tiempo se realizó en la zona de playa de Edén Rock -en la misma zona que el presente caso-, y que fuera objeto de una impugnación ante esta Cámara que se resolvió favorablemente anulando el ilegal acuerdo realizado”, agregó.
Según el diputado, “el criterio es el mismo: sustituir el procedimiento judicial y establecer un acuerdo con los particulares sin esperar los pronunciamientos de los tribunales, pese a los antecedentes a favor y a la sólida argumentación que los equipos jurídicos de la Intendencia han desarrollado desde 1990 hasta diciembre de 2016 con una sólida y firme estrategia litigiosa en pos de la defensa del patrimonio público de la comunidad maldonadense, obteniendo resultados ampliamente exitosos”.
Asimismo, señaló que “en el caso de esta transacción actual, con fecha 5 de Setiembre de 2018, por Oficio Nº 144/2018, la Fiscal Letrado Departamental de 4° Turno -a quien la Intendencia había remitido las actuaciones por Oficio Nº 2217/2018 en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 35 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales Nº 9.515, a fin de recabar su dictamen preceptivo respecto del acuerdo transaccional-, devolvió las mismas estableciendo que a su juicio ‘corresponde estar a lo dispuesto en los arts. 28 y ss. del CGP, así como lo dispuesto por la Instrucción General Nº 1 de la Fiscalía General de la Nación’, por lo cual no emitió opinión sobre el asunto”.

Preguntas
En función de todo lo detallado, el diputado solicito saber: “¿Entiende la Fiscalía General de la Nación que la intervención de los Fiscales Letrados Departamentales prevista por el numeral 11 del artículo 35 de la Ley Nº 9.515, es alcanzada por las previsiones de los artículos 28 y ss. del CGP, así como lo dispuesto por la Instrucción General Nº 1, y que por lo tanto los Fiscales Letrados Departamentales no deben omitir opinión en los trámites de las transacciones judiciales que se sometan a su estudio de acuerdo a lo originalmente previsto por la ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales de 1935?”, inquirió
Y agregó: “¿Ha tenido conocimiento la Fiscalía General de la Nación de otros casos de transacciones similares a la presente que se hayan planteado posteriormente a la vigencia de los artículos 28 y ss. del CGP, y del establecimiento de la Instrucción General Nº 1? En caso de respuesta afirmativa al punto anterior, ¿cuál ha sido el criterio de los señores Fiscales intervinientes?”, añadió.
De los Santos remitió todo lo detallado anteriormente al Ministerio de Economía. A esta dependencia le preguntó“¿La Intendencia de Maldonado ha dado conocimiento al Ministerio de la transacción de referencia?¿El Ministerio ha intervenido en alguna de las actuaciones judiciales relacionadas con los padrones 10.108 y 10.109 de la localidad catastral El Chorro del Departamento de Maldonado? ¿Qué acciones tomará el Ministerio frente al acuerdo transaccional a que han arribado la Intendencia de Maldonado y los particulares peticionantes?”
El MEF tuvo participación en el caso Eden Rock. Allí pidió que se investigara un posible caso de “fraude procesal”.