La administración del exintendente Oscar de los Santos apeló a lo largo de su gestión al mecanismo de contratación directa de diversas organizaciones no gubernamentales o gremios para la ejecución de todo tipo de tareas. Los contratos fueron observados de forma reiterada por el Tribunal de Cuentas de la República.
Desde la oposición se acusa al oficialismo de establecer de forma directa un sistema prebendatario y de clientelismo político a partir de procedimientos que no se ajustan a la normativa correspondiente.
Ahora el TCR observó la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ejercicio 2013 de la Intendencia Municipal de Maldonado porque constató que la administración incumplió determinadas normas del TOCAF (artículo 331 literal C numeral 20) al contratar “Cooperativas Sociales por montos que excedían el tope establecido para la contratación por Licitación Abreviada”.
Uno de los tantos contratos observados por el organismo de contralor fue el celebrado en la anterior administración con la asociación civil Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) para el mantenimiento de espacios verdes y aseo urbano en diferentes zonas del departamento.
Una de las observaciones del TCR se refiere a los montos cobrados por la gremial para realizar trabajos en la ciudad de Pan de Azúcar por el período enero-diciembre de 2013 de $ 9.994.196.
El Mides
El TCR volvió a observar el dinero cedido por la Intendencia a Fuecys por las tareas de aseo urbano y mantenimiento de espacios públicos de la ciudad de Maldonado.
El organismo de contralor observó el gasto previsto por la administración para el período enero-diciembre de 2013 de $ 13:279.484. Para el ejercicio 2014 el TCR observó las sumas de $ 13:279.484 y $ 6:320.000
En el último año el Tribunal de Cuentas observó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por decenas de contratos con organizaciones sociales para la gestión de refugios que superan los nueve millones de dólares.
Según informó el diario El País en su edición de la víspera, en el último año el Tribunal de Cuentas observó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por decenas de contratos con organizaciones sociales para la gestión de refugios; en total, la cartera invirtió más de nueve millones de dólares.
Últimamente, el TCR observó un contrato directo del Mides con el sindicato del comercio (Fuecys) por $ 8.925.708 -para la gestión por un año de un refugio para personas en situación de indigencia fue observado por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, dicha observación es la regla y no la excepción en el Mides, dado que todos los contratos de este estilo realizados en los últimos dos años han sido observados. Ninguno se otorgó mediante licitación pública, como lo exige el Tocaf por el monto involucrado, estimó el TCR.
Son decenas las cooperativas y organizaciones sociales en todo el país encargadas de gestionar refugios para el Mides. El pasado 9 de julio, el Tribunal observó ocho contrataciones directas en el marco del programa Asistencia a Personas en Situación de Calle (Pasc) por un monto de $ 46.481.808.
En resoluciones individuales entre diciembre y junio también observó cuatro contratos por $ 26.054.543. El 2 de octubre se observaron 12 contrataciones por $ 47.592.364, mientras que en julio de 2013 se observó el gasto por 24 contrataciones directas para la gestión de refugios que ascendieron a $ 72.635.578.
En una resolución del 24 de julio de 2013, en la que se observaron 24 contratos, el Tribunal aludió a una nota del ministro Daniel Olesker en la que expresó que “se tiene clara conciencia que las contrataciones directas no se encuentran amparadas dentro del marco legal vigente y que a la fecha se están discutiendo las bases y condiciones para realizar un nuevo llamado a licitación para contratar esta tipología de centros”.
