“Un Ministerio de Justicia”, por Diego Echeverría

Hablar de la creación de un Ministerio de Justicia se hace necesario, especialmente cuando parece tener defensores tanto en todas las tiendas políticas, como en jueces, fiscales y especialistas.
El debate parece ser más semántico que sustantivo. Es natural que la denominación Ministerio de Justicia se asocie a la lamentable experiencia que tuvo nuestro país desde 1976 a 1985, donde una cartera ministerial con ese nombre fue una herramienta de la dictadura para controlar el sistema judicial y afectar la separación de poderes, pilar innegociable de una democracia sana.
No nos enfoquemos en el nombre del qué, sino el por qué y el para qué. La importancia de un órgano de estas características radica en la impostergable necesidad de reordenar competencias desperdigadas por normas sucesivas y descoordinadas, potestades que no guardan relación porque son la expresión de distintas voluntades políticas y coyunturas de gobierno. Una cosa es dictar fallos judiciales, otra el ejercicio de una administración de justicia, que implica ribetes de administración territorial, funcional, logística, comunicacional y operativa. Bueno, para que lo primero sea de la mejor calidad posible se debe trabajar mejor en lo segundo.
Vale la pena repensar la ubicación del Instituto Técnico Forense (hoy bajo la órbita del Poder Judicial). También del Instituto Nacional de Rehabilitación (bajo la órbita del Ministerio del Interior). Y no se trata de simples movimientos presupuestarios, se trata de una visión acorde al seguimiento y ejecución de una política penitenciaria en clave de justicia y Derechos Humanos.
Desde el actual Ministerio del Interior, también desde el Comisionado parlamentario de Cárceles, se han dado señales proclives hacia ese camino que ayude a cambiar el rumbo de un problema estructural de nuestro país y que trasciende gobiernos. Las cárceles y su administración deben ser parte de un gran acuerdo nacional entre todos los partidos y más allá del gobierno de turno. Debe ser una “política País” con una visión de Estado comprometida y estable.
Pensar en un Ministerio de Justicia, en algunas generaciones reaviva una imagen de un quiebre Democrático, donde el principio de separación de poderes se puso en crisis en el período de facto. Pero debemos trascender este resabio como sistema político y como país.
La propuesta de análisis se reedita ya pasada la segunda década del siglo XXI, pero desde otra visión.
Es otro Estado. Sus fines han cambiado. La centralidad de la persona humana debe ser su guía. Las Instituciones públicas deben nacer por y para el desarrollo de la dignidad humana.
Los acontecimientos históricos dieron pie a reformas normativas, pero también en cómo se debe pensar la organización y funcionamiento del Estado, con eficacia y eficiencia, o conforme a una “buena administración”, en los asuntos cotidianos de las personas.
El Estado se fortalece cuando las soluciones priorizan al ser humano, porque ese es el desafío de un Ministerio de Justicia: defender los Derechos Humanos. Ese es el ámbito institucional ideal. No tengo la más mínima duda que es más acorde que la actual ubicación institucional, siempre sujeta a condicionamientos políticos e ideológicos, que la limitan y hasta la deslegitiman.
El habitante (así llamado en la Constitución en el art. 7), piensa -cuando el contexto lo permite- en cómo mejorar su calidad de vida, en progresar.
El Poder Ejecutivo, genéricamente como conductor de las políticas públicas tiene un rol central para concretarla. El Poder Legislativo, con la mayor representatividad democrática, dar el debate sobre la conveniencia o no, y en caso positivo, aprobar una Ley. El Poder Judicial, en diálogo de pesos y contrapesos, controlar con imparcialidad e independencia, dirimiendo conflictos, siendo el Estado el primero que se debe ajustar al Derecho. Esto no es novedad, pero conviene recordarlo cuando se trata de la creación del Ministerio de “Justicia”.
El Derecho, la Filosofía, la Ciencia Política, la Sociología y otros saberes, se han ocupado de la “Justicia”. Aquí no se pretende imponer su mejor acepción sino mejorar su funcionamiento.
En la realidad latinoamericana, existen distintos países en donde funcionan Ministerios de Justicia. En algunos casos, además se llaman “y de Derechos Humanos”. El nombre del órgano dice mucho sobre la materia de la actividad administrativa. No siempre tiene una correspondencia plena, pero generalmente sí la hay.
En nuestro país, tenemos distintos órganos que se comunican con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura. Hasta no hace mucho tiempo, los Fiscales estaban en sistema orgánico Poder Ejecutivo. Hoy, la Fiscalía General de la Nación, organizada como Servicio Descentralizado, en los aspectos estrictamente administrativos está bajo la tutela del Poder Ejecutivo.
En estos tiempos más que nunca se hace necesario reordenar y redimensionar el vínculo con Fiscalía, ya que no parecería ser el Ministerio de Educación y Cultura el ámbito ideal. Ayudaría a cuidar la imagen de una institución afectada por un crecimiento abrupto, inmersa por momentos en personalismos de sus actores, y que suele transitar por carriles que exceden su cometido institucional. Es decir, no es lo que debería. Una cosa es una Fiscalía y otra una romería.
La resistencia, puede provenir por no generar mayor burocracia. En cambio, la perspectiva cambia si se piensa en una distribución de los recursos existentes y competencia, descomprimiendo otros Ministerios o a la propia Presidencia de la República, focalizando sus tareas connaturales, para un cumplimiento más eficaz y eficiente, con una especialidad al respecto.
Decía Jürgen Habermas, al reflexionar sobre institucionalidad y justicia que se debe proteger la política deliberativa. Abstraerla de injerencias externas. Decía el filósofo que “las presiones que estos grupos ejercen, tanto en el debate legislativo como en la creación misma de opciones sociales que se realizan en el debate democrático, alteran esta presunción de racionalidad de la decisión que finalmente se adopta, deteriorando así las condiciones de una política deliberativa”. Y en el mundo del 2022 las presiones abundan, es válido pensar que un Ministerio de Justicia ayudaría a preservar la autonomía y la libertad de los jueces.

Publicado originalmente en El País