Tres médicos declararán como testigos en demanda civil contra cirujano plástico

La jueza letrada en lo civil de 6º turno, Gabriela Aída Tuberosa Etchart, dispuso la comparecencia como testigos de tres médicos en el marco de la demanda civil que los familiares de Sandra Quinche radicaron contra el titular de la Clínica de Cirugía Plástica Boris Segal.
La audiencia está prevista para el próximo 9 de setiembre en la sede del juzgado civil de 6º turno de Maldonado en el marco del juicio caratulado “Quinche Elisa y otros c/Segal, Boris, daños y perjuicios y otros derivados de responsabilidad médica”.
La demanda fue presentada por los cuatro hermanos de Sandra Quinche, fallecida el 29 de octubre de 2017 luego de una cirugía de dermolipectomía, liposucción y aumento de glúteos realizada en la mencionada clínica.
Una de las hermanas de la fallecida sostuvo que había acompañado a su hermana a la clínica a primera hora de ese día y que luego de ocho horas sin tener noticias se comunicó con el lugar. El propio médico le indicó que su hermana estaba en perfectas condiciones y hasta había comido una manzana y tomado un café con leche. Solo faltaba una serie de valoraciones para dar el alta ese mismo día.

Infarto
Poco después, el mismo médico se contactó con la hermana para solicitarle que se dirigiera al Sanatorio Cantegril porque Sandra había entrado en coma. A los pocos minutos, el propio médico que había intervenido en la clínica salió de una reunión para informarle que la paciente había sufrido un infarto y que se encontraba en muy grave estado. Sandra Quinche fue ingresada al CTI del Cantegril. A los pocos minutos del día siguiente los familiares fueron notificados de su fallecimiento. Horas después dos de sus hermanos radicaron una denuncia policial. El caso pasó a la órbita del juzgado penal de 10º turno y la denuncia fue archivada tiempo después.
Sin embargo, los familiares radicaron una demanda civil en el juzgado letrado de 6º turno de Maldonado por concepto de daño moral de 100 mil dólares para cada uno de los cuatro hermanos, otros 100 mil dólares por afectación de proyecto de vida de la causante y lucro cesante por 11.378.174 pesos además de los reajustes legales. En la demanda, los familiares denunciaron que la clínica no tenía la autorización correspondiente del Ministerio de Salud Pública para practicar cirugías con anestesias de larga duración.