Arresto domiciliario para infiel empleada que se apropió de 300 mil dólares de la empresa donde trabaja

La mujer de iniciales C.E.M.F. de 54 años, realizó maniobras no autorizadas de cobros de cuotas entre otras irregularidades

La justicia dispuso, entre otras medidas cautelares, el arresto domiciliario nocturno de la empleada de una empresa propietaria de un fraccionamiento en venta en la ciudad de Maldonado que se apropió de forma indebida de 300 mil dólares. El caso se remonta al mes de noviembre de 2023 cuando el personal de Investigaciones de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Maldonado tomó conocimiento de una maniobra ilícita ejecutada por una mujer de 54 años empleada administrativa de la firma.

En la denuncia, la empresa sostuvo que la mujer de iniciales C.E.M.F. de 54 años, había realizado maniobras no autorizadas de cobros de cuotas entre otras irregularidades. El denunciante estimó que el monto percibido y no entregado a la empresa es de 300.000 dólares americanos. Continuando con las actuaciones se dio cuenta a la Fiscalía Letrada de 1er turno, quien luego de la notificación al juzgado penal de turno se dispuso la retención del pasaporte de la empleada.

Libertad a prueba

Desde el juzgado penal de 11º turno de Maldonado fue emitido un oficio el pasado 8 de abril a la Dirección de Investigaciones notificando de la condena de la infiel funcionaria como autora penalmente responsable de un delito de apropiación indebida, a cumplir la pena de doce meses de prisión, la que será sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo, asumiendo la condenada las siguientes obligaciones: los primeros seis (meses con arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas. Además deberá residir en el domicilio denunciado en la comparecencia y no modificarlo sin dar previo aviso a la sede penal a cargo de la causa. La empleada condenada deberá someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA y presentarse una vez a la semana a la seccional policial correspondiente a su domicilio. La condenada deberá prestar un servicio comunitario una vez por semana, dos horas diarias por el plazo máximo legal de 10 meses.

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