El abogado Martín Etcheverry, defensor de Brett Jaime Luzardo Acosta, imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el asesinato de Milton Vázquez y Romina Peloche, presentó días atrás su alegato en el que cuestionó la solidez de las pruebas de la fiscalía y la credibilidad de su principal testigo, Gómez condenado éste por ser el autor material de las dos muertes.
Con una narrativa que combinó referencias cinematográficas y análisis técnico la defensa buscó desmontar la acusación contra su cliente, argumentando que las pruebas presentadas son circunstanciales, inconsistentes y, en algunos casos, nulas.
Alegato inspirado en el cine
Etcheverry comenzó su intervención con un tono reflexivo, evocando su juventud y las influencias que marcaron su carrera en el ámbito penal. “Ingresamos muy jóvenes, con 16 años, al Poder Judicial en un juzgado penal. A lo largo de nuestra juventud, fueron las películas las que nos marcaron por su claridad en establecer puntos que después se reflejan en los estelares penales”, afirmó. Hizo referencia a dos clásicos del cine: “Doce hombres en pugna” y “Los sospechosos de siempre”. En la primera, destacó cómo un jurado, inicialmente convencido de la culpabilidad de un acusado, termina declarándolo inocente tras un análisis profundo de las pruebas. En la segunda, subrayó la lección de cómo un testigo puede construir una narrativa convincente basada en elementos circunstanciales que, al final, resultan ser engañosos.
“La fiscalía no ha presentado un solo elemento que involucre directamente a mi cliente”, sentenció Etcheverry.
Según el abogado, el caso contra Luzardo Acosta se sostiene principalmente en la declaración de Gómez, un testigo con antecedentes penales, consumidor de drogas y cuya credibilidad está comprometida por contradicciones en sus testimonios.
Cuestionamiento a las pruebas de la fiscalía
El defensor desglosó las pruebas presentadas por la fiscalía, señalando sus debilidades. Uno de los puntos centrales fue la supuesta evidencia física, como “escenas sangrientas, remeras y paredes salpicadas de sangre”. Sin embargo, Etcheverry afirmó que los análisis demostraron que esa sangre no pertenece a ninguna de las víctimas, sino a Gómez, a quien calificó como “un despiadado asesino” que manipuló su declaración para obtener beneficios procesales. “Gómez, al descubrir que iba a ser padre y enfrentando una larga condena, adaptó su declaración para que coincidiera con lo que la fiscalía quería escuchar”, argumentó.
El abogado también criticó la inconsistencia en las declaraciones de Gómez, quien, según Etcheverry, ofreció “tres o cuatro formas distintas” de cómo ocurrieron los homicidios de Vázquez y Peloche. “Cuando Gómez dice ‘sí’, en realidad está diciendo ‘sí’ a lo que la fiscalía necesita que diga”, afirmó, sugiriendo que el testigo fue inducido a confirmar una narrativa predeterminada.
Otro aspecto cuestionado fue el reconocimiento fotográfico de Luzardo Acosta.
La fiscalía presentó un procedimiento en el que un testigo identificó al imputado en una rueda de fotos, pero Etcheverry denunció irregularidades: “Nos presentan nueve fotos, con una persona con barba en el centro y ocho sin barba alrededor. Es imposible que un reconocimiento así sea válido”. Además, señaló que el testigo, que supuestamente tenía una memoria fotográfica, no identificó a Luzardo Acosta en un reconocimiento presencial horas antes.
En cuanto a las pruebas técnicas, Etcheverry desestimó los “triangulitos rojos” que la fiscalía usó para indicar la ubicación de los imputados mediante antenas de telefonía móvil. Según el abogado, estas triangulaciones son imprecisas, ya que incluyen en su rango las casas de múltiples personas, incluidas las de las víctimas, Gómez, y otros involucrados, sin aportar claridad sobre la presencia específica de Luzardo Acosta en los lugares clave. “Todo esto crea un falso convencimiento de la participación de mi cliente, que no está ahí”, insistió.
Un testimonio viciado
El eje del alegato de Etcheverry fue el testimonio de Gómez, a quien describió como un “consumidor intervenido hasta la base” que no había comido en ocho o nueve días y se encontraba bajo los efectos de las drogas al momento de declarar. “No hace falta que lo diga yo, los medios lo repiten: en esas circunstancias, una persona alucina”, afirmó. Según el defensor, las declaraciones de Gómez son contradictorias, divagan y no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, Gómez afirmó que tuvo un altercado con Vázquez por un tema de drogas, pero no existe evidencia de que Vázquez estuviera vinculado al narcotráfico.
Además, Etcheverry denunció irregularidades procesales en la obtención de las declaraciones de Gómez. Según el abogado, Gómez fue detenido en San Carlos por otro delito y, sin que se le leyeran sus derechos ni se le informara el motivo de su detención, fue interrogado a las 4:30 de la mañana del domingo. En ese contexto, autorizó la inspección de su casa y señaló el lugar donde estaban enterrados los cuerpos, todo bajo la aplicación del artículo 61 del Código del Proceso Penal. “Toda la prueba obtenida en ese período es nula, por la doctrina del fruto del árbol envenenado”, argumentó, refiriéndose a la ilegalidad de las pruebas derivadas de procedimientos viciados.
Una participación forzada
En cuanto a los hechos, Etcheverry reconoció que Luzardo Acosta estuvo presente en algunos eventos, pero bajo coacción. Según la defensa, el imputado fue llevado a un lugar donde Gómez, armado con un revólver, golpeó a Vázquez en la cabeza, causándole la muerte o dejándolo inconsciente. Luzardo, amenazado y sin haber participado en un plan previo, fue forzado a colaborar en el traslado del cuerpo. “Cualquier conducta reprochable penalmente está amparada por una causa de impunidad: las amenazas”, afirmó Etcheverry, señalando que las intimidaciones incluían a la hija de Luzardo y a su familia.
El abogado también asumió una “triple obligación” en su defensa: convencer a la juez de la inocencia de su cliente respecto al homicidio, persuadir a la fiscalía y a la defensa de las víctimas de que Luzardo no tuvo un papel activo, y demostrar que las acusaciones por tenencia de arma son infundadas. Sobre este último punto, Etcheverry argumentó que el arma en cuestión, una pistola fabricada antes del siglo XX, no está alcanzada por la norma penal invocada por la fiscalía.
En su cierre, Etcheverry hizo un llamado apasionado a la juez para que evalúe las pruebas con rigor y considere las irregularidades procesales. “No hay pruebas sólidas que involucren a mi cliente en estos homicidios. Todo se basa en un testigo poco fiable y procedimientos cuestionables”, resumió. El abogado expresó su confianza en que la justicia prevalecerá y que Luzardo Acosta no será condenado por un delito que, según él, no cometió.
El caso, que ha conmocionado a la opinión pública por la brutalidad de los crímenes, continúa generando controversia. La fiscalía tiene ahora la tarea de responder a los cuestionamientos planteados por la defensa, mientras la juez deberá decidir si las pruebas presentadas son suficientes para sostener la acusación por homicidio muy especialmente agravado.
