El Tribunal de Cuentas de la República, en su Resolución N° 667/2025 del 25 de marzo de 2025, aprobó el Informe de Auditoría sobre la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Maldonado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Este análisis evaluó los estados financieros, el control interno y el cumplimiento normativo, emitiendo una opinión sin salvedades, aunque con observaciones relevantes.
Resultados financieros y déficit acumulado
La auditoría confirmó que los estados financieros de la Intendencia presentan razonablemente la ejecución presupuestal del ejercicio 2023, incluyendo recursos, créditos, resultado del ejercicio y resultado acumulado, conforme al TOCAF y la Resolución N° 1.235/2018 del Tribunal. Sin embargo, se identificó un déficit acumulado al 31/12/2023 de $6.112.131.763. De este monto, $2.012.293.456 deberían haberse financiarse dentro del período de gobierno 2024-2025. La diferencia se atribuye a la refinanciación de deudas mediante los Fideicomisos I, II, Relocalización Asentamiento Kennedy y Fideicomiso Financiero de Obras, con plazos que se extienden hasta 2036, 2037 y 2040, respectivamente.
Incumplimientos detectados
A pesar de la opinión sin salvedades, el Tribunal constató diversos incumplimientos legales que no afectan la validez de los estados financieros, pero reflejan debilidades en la gestión. Entre estos se destacan: Contratación de personal (Art. 86 Constitución): Ingreso de funcionarios sin vacantes presupuestales, incumpliendo la estructura orgánica aprobada.
Competencias de gobiernos departamentales (Art. 275 Constitución, Art. 35 Ley N° 9.515): Garantías a estudiantes universitarios exceden las competencias legales, y transferencias al Fideicomiso de Vivienda Social contravienen disposiciones de la Junta Departamental.
Multas y contribución inmobiliaria rural (Art. 297 Constitución, Art. 94 Código Tributario): Aplicación de porcentajes de multas no ajustados a la ley y discrepancias en el valor imponible.
Depósitos en Banco Santander (Art. 4 TOCAF): Fondos depositados fuera del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), incumpliendo la normativa.
Fondos permanentes en municipios (Art. 12 Ley 19.272, Art. 89 TOCAF): Falta de reglamentación y creación indebida por la Intendencia en lugar de los municipios.
Criterio de lo devengado (Art. 20 TOCAF): Facturas de 2023 no contabilizadas.
Devolución de garantías (Art. 64 TOCAF): Retrasos en la devolución de garantías.
Contabilidad patrimonial (Art. 94 TOCAF, Ordenanza N° 89): Estados financieros no presentados conforme a la normativa.
Inventario desactualizado (Art. 84, 97 TOCAF): Falta de inclusión de todos los bienes.
Facilidades de pago (Decretos 3953/2016, 4011/2019): No se da de baja convenios caducos con tres o más cuotas vencidas.
Trasposiciones (Art. 4 Decreto 4080/2023): Refuerzos indebidos al grupo de gastos no clasificados.
Horas extras (Convenio N° 30 OIT, Ordenanza N° 61): Liquidaciones que superan topes sin justificación.
Creación de recursos municipales (Ordenanza N° 62): Modificaciones aprobadas sin pronunciamiento previo del Tribunal.
Además, los Contadores Delegados observaron gastos reiterados por los ordenadores, relacionados con los Artículos 211 de la Constitución, 14, 15, 16, 33 y 103 del TOCAF, y la Ley N° 9.515.
Debilidades
en el control interno
El examen del control interno reveló falencias significativas: Manejo de fondos: Arqueos incompletos de cobros por tarjetas, cheques y vales debido a registros no automáticos.
Falta de control en pólizas de garantía y conciliaciones bancarias con partidas antiguas (algunas de 2020).
Ausencia de manuales de procedimientos en Tesorería.
Retrasos en la entrega de recaudaciones y falta de control sobre compensaciones de vales estudiantiles.
Compras y contrataciones: Planificación parcial de compras, incumpliendo el Art. 33 del TOCAF.
Ausencia de un compendio normativo para partidas salariales.
Contratos adjudicados sin firma conforme a pliegos.
En los Municipios: Falta de manuales de procedimientos y de inventarios actualizados de bienes.
Presentación de estados financieros
Se identificaron discrepancias en la presentación de los estados, como:
Diferencias de $6.702.399 entre el sistema financiero contable y el de recaudación.
Omisión del arqueo de garantías y falta de detalle en fondos a rendir.
Errores de exposición en obligaciones presupuestales impagas ($55.761.528).
Registro indebido de una deuda con el Banco Hipotecario del Uruguay en obligaciones presupuestales en lugar de acreedores financieros.
Ausencia de certificaciones de deudas, detalle de juicios, contratos de arrendamiento, actividades comerciales e información sobre fideicomisos.
Inconsistencias en el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con diferencias de $46.560.573 en gastos de inversión.
Recomendaciones
El Tribunal reiteró recomendaciones no cumplidas del ejercicio 2022, como respetar bonificaciones legales, aplicar el criterio de lo devengado, evitar fraccionamiento de compras, devolver garantías, presentar estados financieros completos, detallar metas físicas y costos, controlar horas extras y cumplir con el instructivo de rendición de cuentas. Además, se añadieron:
Respetar la estructura de cargos aprobada.
Mantener un inventario actualizado.
Superar debilidades de control interno.
Aplicar el Convenio N° 30 de la OIT.
Elaborar un plan anual de compras.
Conclusión
La auditoría confirma la razonabilidad de los estados financieros de la Intendencia de Maldonado para 2023, pero destaca un déficit acumulado significativo y múltiples incumplimientos normativos. Las debilidades en el control interno y la presentación de estados reflejan áreas de mejora en la gestión financiera y administrativa. La Intendencia debe financiar $2.012.293.456 en 2024-2025, mientras que el resto del déficit está cubierto por fideicomisos hasta 2040. Estas observaciones y recomendaciones son cruciales para fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión departamental.
