El 11 de julio de 2025, en Sauce de Portezuelo, se desencadenó un operativo policial tras un alerta del Centro de Comando Unificado, que solicitó apoyo para localizar a un hombre de 39 años, portador de una tobillera electrónica por un caso de violencia doméstica registrado en Montevideo. La Dirección de Monitoreo Electrónico (DIMOE) informó sobre una posible apertura de la tobillera, lo que motivó la intervención inmediata de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional I (URPM I).
El sujeto, con antecedentes penales, fue buscado en la zona de Sauce de Portezuelo. Durante el patrullaje, bajo condiciones de poca visibilidad por la niebla, los efectivos encontraron en un descampado a una niña con signos evidentes de violencia. La menor relató que un hombre la había abusado sexualmente y la había agredido físicamente, presionándole el cuello, pero huyó al percatarse de la presencia policial.
Los agentes procedieron a localizar a los familiares de la víctima y trasladarla a un centro de salud para su atención médica.
Con el apoyo del Destacamento de Sauce de Portezuelo y la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Piriápolis, el agresor fue localizado a pocas cuadras del lugar y trasladado a una dependencia policial.
Personal de Policía Científica se presentó en la escena para recolectar indicios relevantes para la investigación.
Formalización de la investigación
En una primera instancia, la Jueza de Paz de la 3era. Sección dictó medidas iniciales, incluyendo la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima, la activación del protocolo de abuso sexual y la notificación a la fiscalía competente. Las actuaciones continuaron bajo la dirección de la Fiscalía Departamental de San Carlos, especializada en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de 1.° turno, que ordenó la detención del sujeto y su traslado a la sede fiscal para proseguir con las diligencias.
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) intervino para garantizar la protección de la menor. La investigación avanzó con la realización de pericias, informes técnicos y la toma de declaraciones de los involucrados.
El 12 de julio, el Juzgado Letrado de San Carlos de 4.° turno, especializado en Violencia Basada en Género, dispuso la formalización de la investigación contra el detenido por la presunta comisión de tres delitos: un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, en concurso formal con un delito de abuso sexual y un delito de lesiones personales. Como medidas adicionales, se ordenó la suspensión del agresor en el ejercicio de la patria potestad o guarda, así como su inhabilitación para desempeñar funciones públicas o privadas en áreas educativas, de salud o que impliquen contacto directo con menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de dependencia, conforme al Artículo 79 de la Ley 19.580. Finalmente, se impuso una medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 200 días, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar justicia a la víctima.
