Un caso de presunta violencia doméstica y de género impacta en San Carlos, tras la resolución de un Tribunal de Apelación que confirmó medidas cautelares para proteger a tres menores, identificados como AA, BB y CC, en el marco de las actuaciones judiciales “AA; BB; CC.- CNA. DD EE C/ FF. LEY 19.580.- GG C/ FF- LEY 17514”. La frase que abre esta nota, atribuida a GG, hijo mayor del denunciado FF, refleja la gravedad de las acusaciones que incluyen maltratos físicos, psicológicos y supuestas conexiones con actividades ilícitas, en un caso que combina drama familiar y tensiones legales. El proceso comenzó en el Juzgado de Paz de La Paloma el 27 de enero de 2025, cuando DD, tía de los adolescentes AA y BB, y tía abuela de la niña CC, denunció a FF por hechos ocurridos tras una visita a la cárcel de Las Rosas, donde está recluida HH, madre de los menores. Según DD, FF las llevó a la cárcel para visitar a HH, pero incumplió su promesa de recogerlas, dejándolas varadas hasta altas horas de la noche. Al llegar a La Paloma, FF habría roto el teléfono de AA para evitar que se comunicara con su familia materna y las expulsó de su casa. Días después, los menores relataron graves episodios de violencia.
Maltrato y medidas
La audiencia del 18 de marzo de 2025, presidida por la Jueza de Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos, Dra. Rossana Martínez, derivó en la providencia N°937/2025, que mantuvo la tenencia provisoria de los menores con su tía, respaldada por la madre. Entre las medidas, se permitió a FF retirar efectos personales del domicilio en Balneario Buenos Aires, pero se denegó su solicitud de recuperar un tractor y rotativa, por no probarse su titularidad ni relación con su trabajo. Además, se ordenó atención psicológica para los menores y se fijó una audiencia evaluatoria para el 10 de junio de 2025. Una providencia complementaria autorizó a FF a retirar herramientas de albañilería. Los menores relataron episodios alarmantes. BB describió cómo FF la obligó a bañarse con agua fría, le arrancó aros de la oreja, la forzó a comer hasta vomitar y la humilló al hacerla dormir sin ropa interior. AA también reportó maltratos y expresó temor hacia su padre. GG, hermano mayor, lo describió como violento, armado y posiblemente bajo efectos de sustancias, señalando su supuesta vinculación con “narcos pesados” en Punta del Este y La Paloma. Además, denunció amenazas públicas de FF en redes sociales, con mensajes como “empezó la cacería” y una lista de nombres encabezada por GG.
La defensa de FF apeló la providencia, argumentando que no hay pruebas de violencia doméstica o de género. Según su relato, los incidentes con BB ocurrieron tras un conflicto por perforaciones en la oreja, que FF consideró peligrosas, lo que llevó a un regaño severo, una ducha con agua fría e inducir el vómito por temor a una sobredosis de calmantes. Sobre AA, afirmó que las discusiones son propias de la adolescencia y que el menor tuvo un altercado físico con la pareja de DD, lo que lo llevó a rechazar la tenencia de su tía. La defensa también negó acusaciones de consumo de drogas por parte de FF, señalando en cambio a DD y su pareja como consumidores habituales.DD y la defensa de los menores refutaron estos argumentos. DD calificó los actos de FF como “torturas”, destacando el impacto psicológico en BB, quien requirió atención médica tras la primera audiencia. La defensa de los menores señaló que el recurso de apelación fue presentado fuera de plazo y respaldó las medidas cautelares, basadas en el principio de precaución (arts. 313-315 del Código General del Proceso) y el temor expresado por los menores hacia FF.
Riesgo grave
El Tribunal de Apelación, integrado por las ministras Dra. María Noel Tonarelli de Peña y Dra. Dolores Sánchez de León, confirmó la providencia el 29 de julio de 2025. En su fallo, destacó que el proceso de protección (art. 117 del Código de la Niñez y la Adolescencia) busca detectar y abordar amenazas a los derechos de los menores. Los testimonios de DD, EE (abuela), HH y los propios menores evidencian un riesgo grave para su integridad, justificando medidas urgentes como la tenencia provisoria con DD, la intervención del INAU y restricciones de contacto con FF. El Tribunal subrayó los principios de los arts. 8 y 9 del CNA, que garantizan la dignidad, integridad y seguridad de los menores, y aplicó el principio de precaución ante la falta de certeza absoluta pero con indicios claros de vulneración de derechos. El fallo aclaró que este proceso no sustituye procedimientos de tenencia definitivos, pero las medidas adoptadas son idóneas para proteger a los menores mientras se resuelve el caso. Este caso expone la complejidad de los procesos de violencia doméstica, donde la justicia prioriza la protección de menores frente a denuncias graves. Las acusaciones de maltrato, sumadas a la mención de posibles vínculos del denunciado con actividades ilícitas, añaden un trasfondo inquietante. Mientras los menores reciben atención psicológica y permanecen bajo el cuidado de su tía, el sistema judicial aguarda el informe del INAU y la audiencia de junio para definir el futuro de AA, BB y CC, en un contexto donde la seguridad y el bienestar de los niños son la prioridad.
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