El reciente vertido de hidrocarburos detectado en las últimas horas tanto en la playa de Sauce de Portezuelo como en el Chorro de Manantiales genera preocupación entre vecinos, autoridades y organizaciones ambientales.
La mancha, descrita como una “pequeña película” de hidrocarburo por la Armada Nacional, se extendió a las playas de Ocean Park y El Chorro en las siguientes 24 horas, afectando aproximadamente 350 metros de costa. Este incidente, aunque de menor escala, pone de relieve la importancia del Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques (MARPOL), el principal tratado global para mitigar la contaminación marina causada por actividades marítimas.
Vertido
El hallazgo en Sauce de Portezuelo fue reportado por vecinos el viernes por la tarde, desencadenando una respuesta inmediata de las autoridades. Personal de la Armada Nacional, la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Ambiente y ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) se movilizaron para abordar el incidente.
Según el vocero de la Armada, Alejandro Pérez, se trata de una delgada capa de hidrocarburo en la línea de costa, cuya fuente aún no ha sido identificada. Inspecciones aéreas y terrestres, incluyendo sobrevuelos con helicópteros de la Armada y ANCAP, no han encontrado indicios claros del origen del vertido, descartando por ahora una relación directa con el incidente en la boya petrolera ocurrido la semana previa, debido a diferencias en las características del hidrocarburo.
El sábado 9 de agosto, ANCAP inició tareas de limpieza en 350 metros de costa, supervisadas por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). La Intendencia de Maldonado, bajo la dirección de Virginia Villarino, coordinó el envío de personal y maquinaria para ampliar las labores de limpieza, mientras se tomaron muestras del hidrocarburo para análisis. ANCAP aseguró que el vertido no está relacionado con la boya petrolera de José Ignacio ni con el oleoducto que transporta crudo a la refinería de La Teja, según verificaciones realizadas.
Las autoridades mantienen un monitoreo continuo por tierra y aire, con la Prefectura de Piriápolis y la Aviación Naval participando activamente.
Dudas
A pesar de las afirmaciones oficiales de ANCAP y la Armada Nacional, que insisten en que no existe vínculo con el incidente de la boya petrolera–donde se suspendió la descarga de crudo del tanquero Eagle San Francisco tras detectarse un derrame–, persisten dudas entre expertos ambientales y los vecinos.
El incidente en José Ignacio, ocurrido hace una semana, involucró un vertido durante operaciones de descarga, lo que llevó a la paralización temporal de actividades en la boya. Aunque ANCAP ha enfatizado diferencias en la composición del hidrocarburo y la distancia geográfica, críticos argumentan que corrientes marinas podrían haber transportado residuos desde esa zona hacia Sauce de Portezuelo, especialmente considerando la reiteración de filtraciones en infraestructuras de ANCAP, como oleoductos, que han generado preocupación ambiental en los últimos meses.
Por otra parte, también surgen especulaciones sobre la posible implicación de maniobras de dos buques petroleros contratados por Argentina, que se encuentran operando en la zona del Delta del Río de la Plata para complemento de carga y alije (operaciones de transferencia de carga entre buques para aligerar la carga y permitir el ingreso a puertos de menor calado). Estas actividades, reguladas por la Agencia Nacional de Puertos de Argentina, han sido criticadas por potenciales riesgos ambientales, especialmente en un ecosistema sensible como el Delta, donde se realizan trasbordos de crudo. Algunos analistas y publicaciones en redes sociales sugieren que un vertido accidental durante estas maniobras podría haber sido arrastrado por corrientes hacia la costa, dada la proximidad geográfica y las condiciones oceanográficas del estuario del Río de la Plata.
Aunque no hay evidencia directa que respalde esta hipótesis, y las autoridades no han mencionado esta posibilidad en sus comunicados, la medida adoptada por la agencia argentina ha sido vinculada a paralizaciones operativas similares, incrementando el escrutinio sobre prácticas transfronterizas que podrían afectar el medio ambiente compartido entre Uruguay y Argentina.
El Convenio MARPOL
El vertido en las playas locales resalta la importancia del Convenio MARPOL, adoptado en 1973 por la Organización Marítima Internacional (OMI) y modificado en 1978, que entró en vigor en 1983. Ratificado por más de 150 países, incluyendo Uruguay, MARPOL regula la prevención de la contaminación marina por buques, abarcando desde operaciones rutinarias hasta accidentes como derrames de petróleo. El Anexo I, vigente desde 1983, es especialmente relevante para este caso, ya que establece normas estrictas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. Bajo el Anexo I, los buques deben contar con equipos como separadores de agua y aceite, tanques de lastre segregados y, en el caso de petroleros nuevos desde 1992, doble casco. Se prohíben los vertidos de petróleo a menos de 12 millas náuticas de tierra, salvo en condiciones específicas, y se exige un Libro de Registro de Hidrocarburos. Además, los puertos deben disponer de instalaciones de recepción para residuos oleosos. En el contexto del incidente de Sauce de Portezuelo, MARPOL obliga a las autoridades a investigar la fuente del vertido, determinar si proviene de un buque o infraestructura terrestre y garantizar una respuesta rápida para mitigar el daño ambiental. Uruguay, como signatario de MARPOL, implementa estas regulaciones a través de la Armada Nacional y la Prefectura, que realizan inspecciones de control estatal de puerto (PSC) para asegurar el cumplimiento. El incidente en José Ignacio la semana anterior, relacionado con la boya petrolera, y el actual en Sauce de Portezuelo subrayan la necesidad de reforzar estos controles. El informe anual del Paris MoU de 2024 destacó un aumento en deficiencias relacionadas con el Anexo I, como fallos en separadores de agua y aceite, lo que sugiere que la vigilancia debe intensificarse para prevenir incidentes similares.
MARPOL exige que los países investiguen y sancionen a los responsables de vertidos ilegales, pero identificar la fuente puede ser complejo, especialmente si el hidrocarburo proviene de un buque que ya no está en la zona. Comentarios en medios locales reflejan frustración ciudadana, con críticas a ANCAP por no informar con precisión la magnitud de los vertidos y a la gestión ambiental en general. La posible conexión transfronteriza con operaciones argentinas añade una capa de complejidad diplomática, ya que el Río de la Plata es un recurso compartido. Expertos llaman a una cooperación bilateral bajo marcos como el Tratado del Río de la Plata para abordar estos riesgos, incluyendo revisiones conjuntas de actividades de alije y transferencia de carga en el Delta.
